La lógica más elemental indica la imperiosa necesidad de adoptar todas las previsiones para impedir la propagación de la pandemia en el país. Más que necesaria son imprescindibles, especialmente si se toma en cuenta las condiciones en las cuales se encuentra el sistema de salud pública y que la inmensa mayoría de la población no puede acceder a las clínicas privadas. El respaldo a la decisión del Estado de Alarma, no puedo obviar la situación de crisis que atravesamos y la responsabilidad de quienes han gobernado.
También resulta natural la desconfianza y escasa credibilidad expresada en las redes por las medidas del régimen de Maduro, por toda la opacidad con que se conduce. El discurso institucional de Juan Guaidó constituye un elemento fundamental que contribuye a la comprensión de la gravedad del fenómeno, y lo exigente de las acciones preventivas.
El discurso oficial, por su parte, llama a no utilizar políticamente la situación derivada de la pandemia, mientras muestra un sesgo permanente en beneficio de su posición política, por ejemplo, al anunciar la procedencia de los contagiados por el virus del exterior menciona a Europa, los Estados Unido y Colombia; señalando luego, y de “otras nacionalidades”, tal señalamiento genérico conduce a pensar que pueden provenir de países cuyos gobiernos son sus aliados.
Se saluda la llegada de una delegación cubana para contribuir a combatir el virus, mientras se niega la entrada de comisiones de la organización Médicos sin Fronteras. Una de las previsiones principales consiste en el lavado de las manos, sin embargo amplias zonas del país carecen de suministro. Solo para mencionar algunas de las contradicciones entre las declaraciones formales y la práctica.
La “cuarentena” en seis estados significa una seria dificultad adicional para la mayoría que vive al día, además de la necesidad de salir a proveerse de los recursos para adquirir alimentos, tiene que salir casi a diario a adquirirlos. En medio de las carencias y limitaciones de los servicios públicos, tales como el transporte, la electricidad y el gas, además del agua.
En economía improductiva e hiperinflacionaria, junto a la disminución de los precios del petróleo, la situación tenderá a agravarse y hacer más difícil aún la vida de los venezolanos. No queremos presentar un oscuro panorama, pero no sería responsable colorear o edulcorar la realidad.
La mayoría de los males que confrontamos son anteriores a la presencia del virus y a la existencia de las sanciones, son consecuencias de la aplicación de una política equivocada asociada a modelos ya fracasados que nos colocan en un plano de mayores dificultades para atender la urgencia del presente.
Los rasgos autoritarios del régimen no pueden dejar de estar presente en ninguna coyuntura, cuando escribimos esta columna, hoy lunes a primera hora de la tarde no ha sido publicado en gaceta oficial el decreto que establece el estado de alarma, cuando en la práctica están suspendidas unas garantías; entre ellas la de libre circulación por el país. Es más ese decreto de acuerdo al artículo 339 la Constitución :..” será presentado, dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación”…para ser consecuente con la prédica de amplitud y llamados a la unidad nacional, debiera ser llevado a la Asamblea legítima que preside Juan Guaidó.
Es conveniente recordar que de acuerdo al artículo 337 de la Constitución la restricción temporal de las garantías no puede contemplar “los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles”. Con ese recordatorio se evidencia también como el texto de la Carta Magna se ha convertido en letra muerta.
Para finalizar reiteramos nuestro respaldo a las medidas dirigidas a evitar la expansión del virus, para evitarnos nuevas calamidades y llamamos a cumplirlas.