Resulta comprensible después de la declaración de la Organización Mundial de la Salud de la pandemia, que los países adoptaran medidas preventivas para evitar la propagación del Covid-19. Las restricciones sanitarias imprescindibles no justifican, en ningún caso, la discriminación, los abusos de autoridad y los irracionales privilegios.
Se discrimina cuando se otorga el llamado “Bono de Disciplina y de Solidaridad” solo para aquellos que poseen el carnet de la patria, resultando ser un contrasentido, porque no es ni solidario, ni disciplinado. Los abusos han resultado parte de la cotidianidad durante la cuarentena, cualquiera que se siente investido de alguna autoridad, hace su particular interpretación del aislamiento social. Es así como Gobernadores y Alcaldes elaboran decretos, aumentando las restricciones sin mediar ninguna explicación. Los Policías, Guardias Nacionales y sobre todos los Generales de las ZODIS, toman decisiones argumentando supuestos artículos del decreto de alarma, que no están incluidos en el referido instrumento. Existen innumerables testimonios audiovisuales circulando profusamente por las redes, donde se evidencia la recurrencia de tales abusos.
La detención de médicos y periodistas por denunciar la situación que se confrontan en los hospitales o por informar sobre la existencia de casos de infectados con el virus, además de ser un atropello a los cuales recurre con excesiva frecuencia el oficialismo, constituye una grave violación a un derecho fundamental consagrado en la Constitución Nacional; como los es el derecho a la información. Es más, el artículo 337 de la Carta Magna expresamente hace la salvedad que esa garantía, en los estados de excepción no puede ser suspendida, al igual que el derecho a la vida, la prohibición a la incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso y los demás derechos humanos intangibles. Por supuesto, este es un alegato formal, ya que todos conocemos de la constante violación a estos derechos, al margen de lo que reza el texto constitucional.
En cuanto los absurdos privilegios, mientras la inmensa mayoría estamos sometidos a las limitaciones y restricciones que impone la cuarentena, los enchufados y sus familiares hacen caso omiso de tales medidas. En medio del aislamiento social el hijo del General Luis Motta, expresidente de Corpoelec, fue herido de bala durante una fiesta en El Hatillo.
En una de las cadenas Maduro afirmó como quien no quiere la cosa: “todos los asistentes a una fiesta en una isla, dieron positivo “…Se refería a uno de los grandes bonches que los enchufados acostumbran efectuar en el archipiélago Los Roques, donde incluso invitan artistas internacionales. En este último circula la información según la cual participaron hijos de personajes prominentes del oficialismo. La Gobernadora Laidy Gómez del estado Táchira, al intentar verificar la existencia de un caso de contagio de corona virus, en su región, tal como había sido señalado en cadena nacional, mencionó que fuentes oficiales del ejecutivo le informaron que: “se trataba de un tachirense que resultó positivo, pero que no se encontraba en la jurisdicción andina, que era un paciente que se encontraba en Los Roques”.
Los contrastes que evidencian la inmensa desigualdad existente en nuestro país, bajo un régimen que se proclama “socialista”, se manifiestan también en esta coyuntura de la cuarentena. La nomenclatura y sus familiares disfrutan de odiosos privilegios, mientras la mayoría que vive del día a día, está impedida de salir a buscar ingresos para poder proveerse de la alimentación imprescindible. La situación tiende a agudizarse por la escasez de gasolina, que al no ser suministrada a los productores del campo, impide el traslado de sus productos hacia las ciudades. En los anuncios realizados recientemente, Maduro evitó hacer referencia a ese gravísimo problema, igual el régimen sigue insistiendo en el pago del impuesto sobre la renta antes del último de este mes. Siguen distanciados de la realidad repitiendo la retórica acostumbrada.