En medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, y tras los trágicos motines en varias cárceles del país el 21 de marzo, que dejaron 23 presos muertos, el Inpec declaró emergencia carcelaria en el país, una medida que le permite acciones excepcionales, especialmente en términos de contratación y solicitud de apoyo de autoridades sanitarias.
Por eltiempo.com
Pero como esta medida tiene ciertas limitaciones, por ejemplo, no puede usarse para excarcelaciones, el Gobierno también prepara un decreto –en virtud del decreto nacional de emergencia sanitaria– con el que el presidente Iván Duque tomará medidas más drásticas.
Según se ha adelantado, el decreto contempla que mediante audiencias virtuales los jueces otorguen detención o prisión domiciliara a los presos que hagan parte de grupos vulnerables, con lo que, según los cálculos iniciales del Ministerio de Justicia, entre 4.000 y 15.000 presos podrían ir a sus casas.
Las personas a las que beneficiaría esta medida son los presos mayores de 60 años, madres gestantes o con hijos menores de 3 años que vivan con ellas en la cárcel; personas con cáncer, VIH, insuficiencia renal crónica, diabetes insulinodependiente, trastorno pulmonar, hipertensión, hepatitis C, hemofilia, artritis reumatoide y quienes tengan trasplantes.
Igualmente, la medida cobijará a personas con movilidad reducida, a quienes están condenados o investigados por delitos de menor gravedad y delitos culposos, y a quienes estén condenados a penas de hasta cinco años de prisión.
No obstante, cada caso debe se evaluado individualmente por el juez correspondiente.
Además, indicaron que los jueces pueden negarse a dar el beneficio de prisión domiciliaria si consideran que la persona no cumple con los requisitos establecidos en el decreto.
Aunque aún no ha salido el decreto –que está a la espera de firma presidencial–, desde el Gobierno aclararon que la casa por cárcel no cobijará a quienes estén presos por delitos contra menores de edad, por violencia sexual, delitos de lesa humanidad, de guerra, o crímenes contra la administración pública y asociados a corrupción.
Con esta medida se busca reducir el hacinamiento carcelario, que alcanza el 50 %, y sacar de los penales a los internos que por sus condiciones están en mayor riesgo frente al coronavirus.
No obstante, hoy en total hay 121.288 presos, cuando las cárceles del país tienen una capacidad para 80.763, por lo que aunque la medida de casa permitiría la salida de hasta 15.000 presos, esto no acabaría con el hacinamiento carcelario, ya que la sobrepoblación actual es de 40.525 personas.
De otro lado, no es claro aún si luego de que el país supere la emergencia sanitaria por el coronavirus, los presos que fueron beneficiados con la casa por cárcel deberán retornar a prisión. Esto se conocería una vez el Presidente expida el decreto, lo cual sucederá en los próximos días.
Por otra parte, además de la medida excepcional para descongestionar las cárceles, y con ello el riesgo de un contagio masivo, el Gobierno también contempla medidas de tipo contractual, según le dijeron fuentes a EL TIEMPO, para tener mejores medidas de limpieza y desinfección de las penitenciarías, así como proveerles a los presos elementos de aseo como jabón.
De hecho, la resolución de emergencia carcelaria que firmó el director del Inpec, general Norberto Mujica, lo faculta a él y al director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) a hacer traslados presupuestales y realizar contratación directa de las obras y servicios necesarios para superar la emergencia.
l Ministerio de Justicia, el Inpec y la Uspec ya trabajan en las reparaciones inmediatas necesarias en las cárceles que dejaron los disturbios de la noche del sábado, en los que hubo hasta incendios que dañaron algunas estructuras como muros, techos, puertas, rejas y otros.
Mientras el Gobierno insiste en que los disturbios coordinados en por lo menos 13 cárceles el sábado pasado fueron un plan orquestado y criminal de fuga masiva, audios hablan de nuevos planes de motines y algunos presos siguen protestando porque, alegan, las medidas del Gobierno para protegerlos frente al coronavirus han sido insuficientes.