Con la peste mortífera que le ha caído al mundo, sobre el que se comienza a decir que cambiará en lo sucesivo, aunque sin dejar de ser interdependiente y poroso estructuralmente, de nuevo se hace patente el asunto de los Estados cuya ejecutoria general es desastrosa en términos institucionales y de cumplimiento de sus funciones y servicios básicos de seguridad, educación, agua, electricidad y salud.
Cuando una administración estatal ha perdido toda o gran parte de la capacidad de proveer los bienes y servicios públicos que le corresponden y además no tiene o han desaparecido las instituciones administrativas necesarias para ejecutar políticas, y controlar y supervisar los aspectos centrales de la vida de los ciudadanos que están bajo su responsabilidad, estamos en presencia de lo que llaman “Estados fallidos”, “Estados frágiles”, entre otras denominaciones.
¿Cómo estos Estados disminuidos en sus facultades, debilitados o casi inexistentes pueden entonces enfrentar una pandemia como la que hoy agobia al mundo?
¿Pueden garantizar el mínimo requerido para atender satisfactoriamente a los miles de enfermos contagiados que puedan necesitar asistencia y cura? ¿Pueden parar el contagio? ¿Tienen las herramientas adecuadas y en la cantidad que exigen las circunstancias?
Los venezolanos, en particular, nos hacemos esos interrogantes, sobre todo, cuando vemos países desarrollados, que suponemos bien dotados desde cualquier punto de vista, pasándola mal y hasta sobrepasados por los acontecimientos.
Para nadie es un secreto que la situación calamitosa que sufrimos es la consecuencia directa de una combinación letal de ignorancia, incompetencia, corrupción y una ideología demencial de un grupo político que asaltó a Miraflores.
Unas políticas populistas desquiciadas de despilfarro, desidia y peculado, poco a poco destruyeron la economía pública y privada, demolieron la estructura institucional y generaron un estado de anomia social, nunca antes visto en nuestro país.
Parte de nuestro territorio es “gobernado” por grupos delincuenciales que actúan bajo protección o con la mirada tolerante de sectores políticos que forman parte del entramado de la tiranía. Estamos rozando los límites de un Estado fallido, si es que ya no estamos en esa situación, y otros lo llaman mafioso, y pare usted de contar.
El 83% de hogares no tiene servicio eléctrico estable; 71% carece de agua potable, el 65% del transporte público está paralizado por falta de combustible y repuestos, entre otras penurias. Los hospitales, en su gran mayoría, están sin agua, electricidad, medicinas y equipos.
Después de tal desmadre, nos hemos quedado sin fondos para atender no solo las necesidades normales de un Estado, sino también las emergencias, y ahora sale la dictadura a mendigar dinero ante entes internacionales que consideraron siempre sus enemigos jurados.
Arguyen que por culpa de las sanciones internacionales contra la camarilla dictatorial, no pueden adquirir medicinas y alimentos, cuando está suficientemente claro que estas compras están excluidas de tales medidas; de hecho, y para muestra un botón, están intercambiando petróleo con una empresa mexicana (Libre a Bordo) que provee de alimentos.
En ese enfoque sobre las sanciones acompañan al régimen los colaboracionistas, cuyo cinismo y abyección nos dejan pasmados.
Si quieren fondos ¿por qué no cobran al gobierno de Cuba los 25.000 millones de dólares que nos deben por concepto de petróleo?
¿Por qué los chinos, tan solidarios que son, no les prestan ese millardito que ahora piden de nuevo al FMI, después del rechazo de la solicitud de los 5.000? Para ellos, es una bagatela.
Ciertamente, habida cuenta de la pandemia, nuestro país, lamentablemente, precisa de fondos para hacer frente a un grave trance. Pudieron tenerlos pero los despilfarraron y robaron quienes hoy nos oprimen.
Esta calamidad, dicen los entendidos, requiere, además, una eficaz coordinación en los gobiernos y cooperación y confianza de los ciudadanos.
¿Las tenemos en Venezuela?
¿Qué hacer entonces ante la precariedad y abandono actual de nuestro sistema de salud? ¿Cómo salvaguardar a los venezolanos de la peste que somete al mundo entero?
El presidente Juan Guaidó ha expuesto unas ideas al respecto. Reconoce la necesidad de un financiamiento para la emergencia. Pero el eventual ingreso de dinero para la emergencia debe ser estrictamente vigilado, controlado, para que se invierta debidamente y de manera transparente.
El gobierno usurpador de Venezuela está desacreditado hoy en las instituciones financieras del mundo, endeudado y llevado a juicio por su locura expropiadora. Él es el causante de nuestra precariedad y desgracia. La violación amplia de los DDHH también coloca en el mundo a Venezuela como un Estado forajido. Los atentados a la democracia venezolana hoy no llegaron con el coronavirus, ya estaban instalados aquí.
De allí que solo un arreglo político, con el consentimiento y vigilancia de actores internacionales, podría abrir la posibilidad de obtener ese dinero, todo a sabiendas de que otros países también andan en esa mismo apuro.
¿Una junta administradora de ese dinero conformada por la Asamblea Nacional y los ocupantes de Miraflores? ¿Un gobierno de transición? ¿Será posible?
Por lo pronto, deberían dejar entrar la ayuda humanitaria que está disponible. Si el gobierno la sigue obstruyendo, demorando, será también culpable del agravamiento de la situación.
Teniendo claro quién es quién en esta tragedia, y sin establecer equidistancias tramposas, que pretenden hacer olvidar las responsabilidades directas en nuestro desastre, se podría avanzar en un acuerdo que encare la grave coyuntura y quién sabe si también, con suerte, se encarrile una salida definitiva de nuestro drama político y social.