Los funcionarios públicos dedicados a la delincuencia organizada serán sancionados en Estados Unidos, acotó el presidente de la Subcomisión de Lucha Antidroga, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la AN (F16J).
La lucha contra la delincuencia organizada se ha convertido en uno de los grandes desafíos que ha de afrontar la Asamblea Nacional. El incesante auge de lo que podemos denominar verdaderas multinacionales del crimen, está causando efectos negativos en el orden socioeconómico de las sociedades a escala nacional e internacional. Así lo expresó el diputado José Luis Pirela (F16J).
Hoy, el tiempo nos ha dado la razón. En el ejercicio de nuestra actividad parlamentaria y en la lucha frontal contra la delincuencia organizada hemos dicho que hasta que en Venezuela no exista una verdadera justicia, tendríamos que apoyarnos en la justicia de otros Estados para poner fin a las prácticas corruptas de altos funcionarios del Estado como: militares, jueces y fiscales que en vez de administrar justicia se han dedicado a legitimación de capitales.
Con la decisión del Fiscal General William Barr, Estados Unidos pasa del no reconocimiento del régimen a la acusación criminal de sus jerarcas, cuyas consecuencias son: un mayor aislamiento para Venezuela, y la sanción de crímenes en la jurisdicción estadounidense.
En Venezuela, para el ciudadano de a pie es imposible conseguir justicia porque, por lo general, es víctima de secuestros, extorsiones por parte de diversos funcionarios que en vez de cumplir su rol se dedican a delinquir.
A los involucrados en delitos de delincuencia organizada hay que congelarle los fondos en los sistemas financieros americano y europeo y quitarles las visas. No pueden utilizar el territorio de otros países como un espacio de impunidad.
Hace un año denunciamos a la mafia de los jueces civiles dedicados a legitimar capitales en el circuito judicial de Caracas. En esa oportunidad hicimos una denuncia publica y alertamos a Steven T. Mnuchin, en su condición de jefe del Departamento del Tesoro y a Kirstjen M. Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos para que investiguen el origen de los fondos de la actividad económica y el nivel de gastos de los jueces Luis Padilla, Juán Carlos Ontiveros, Maritza Betancourt, Javier Toro, y Elena Cassiani Cabarcas, quienes han ocultado información a esta comisión en la investigación sobre legitimación de capitales en los casos vinculados al grupo estructurado dirigido por “Oswaldo Nania”, precisó el parlamentario.
Los signos exteriores de riqueza de algunos jueces son impresionantes. Después de analizar sus declaraciones de impuesto sobre la renta y las declaraciones juradas de patrimonio, la comisión se pregunta: ¿Cómo con el salario de un juez tienen apartamentos y propiedades en las zonas más exclusivas de Caracas? ¿Cómo pueden viajar al exterior con sus familias y mantener un nivel de vida en dólares? ¿Cómo pueden gastar en casinos en islas del caribe y Las Vegas cuantiosas sumas de dinero? ¿Cómo pueden mantener escoltas armados privados?
La Subcomisión de Lucha Antidroga, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la AN remitirá al Fiscal General William Barr los informes definitivos de casos relacionados con la delincuencia organizada, tales como: la estafa de la Plataforma dirigida por Martínez Higuera, el clan Nania, Pdvsa, jueces y fiscales involucrados en corrupción judicial, y algunos posaderos de Los Roques vinculados a mafiosos.
A los abogados de estos grupos mafiosos no les servirán como excusa el secreto profesional. Los policías y militares no podrán alegar el cumplimiento de órdenes superiores, u otras fórmulas que contribuyan con la impunidad. Los delitos relacionados con la delincuencia organizada y contra el patrimonio público no prescriben, serán sancionados y ni la cuarentena o el coranovirus les servirá para que atenuemos nuestra atención y función investigadora.
Las puertas de la Subcomisión de Lucha Antidroga, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la Asamblea Nacional, estarán abiertas -on line- para recibir las denuncias de las víctimas de jueces y fiscales que hayan participados en hechos de delincuencia organizada.
Nota de prensa