Un juez federal se negó el lunes a impedir que los funcionarios de Los Ángeles cierren las tiendas de armas como negocios no esenciales durante la pandemia de coronavirus.
Es al menos la segunda vez que los jueces federales en California se niegan a intervenir en las órdenes de cierre, a pesar de que órdenes similares están siendo impugnadas en todo el país.
“El cierre de negocios no esenciales, incluidos los minoristas de armas de fuego y municiones, se ajusta razonablemente a los objetivos establecidos por la ciudad y el condado de reducir la propagación de esta enfermedad”, escribió el juez de distrito de Estados Unidos, Andre Birotte Jr., al negarse a emitir una orden de restricción temporal.
La Asociación Nacional del Rifle, otros tres grupos de derechos de propietarios de armas y varias personas y empresas solicitaron la orden judicial contra el alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, y el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti.
Si bien Garcetti decidió que las tiendas de armas no son esenciales, Villanueva primero trató de cerrar las tiendas de armas en su jurisdicción fuera de la ciudad, pero luego lo reconsideró después que el gobierno federal modificó su definición de negocios esenciales para recomendar que se permitieran los traficantes de armas de fuego.
El abogado de la ciudad de Los Ángeles, Mike Feuer, calificó el fallo como “una victoria importante” para que la autoridad de los funcionarios actúe.
“Todos nuestros residentes y negocios deben cumplir con la Orden ‘Más seguro en casa’, para proteger a nuestras familias y ayudarnos a salir de esta crisis lo antes posible”, dijo Feuer en un comunicado.
La enfermedad causa síntomas leves o moderados para la mayoría de las personas, pero para algunos, especialmente los adultos mayores y las personas con problemas de salud existentes, puede causar enfermedades más graves, como neumonía y muerte.
Uno de los demandantes, la Coalición de Políticas de Armas de Fuego, en un comunicado calificó el fallo de “análisis constitucional completamente absurdo y equivocado” que permite a los funcionarios “continuar violando los derechos fundamentales e individuales de millones de personas en el condado de Los Ángeles”.
La coalición dijo que los grupos continuarán buscando una orden judicial preliminar y finalmente apelarán ante la Corte Suprema de Estados Unidos si es necesario.
La jueza de distrito de los Estados Unidos, Consuelo B. Marshall, se negó de manera similar la semana pasada a impedir que las autoridades del vecino condado de Ventura cierren las tiendas de armas.
“Si bien el interés público se sirve al proteger los derechos de la Segunda Enmienda, el interés público también se sirve al proteger la salud pública al limitar la propagación de una enfermedad virulenta”, dictaminó el juez en ese caso.