Desde el pasado 13 de marzo, y como consecuencia de la pandemia de coronavirus que afecta al mundo entero, Venezuela vive bajo Estado de Alarma, decretado por el Presidente de la República, bajo el amparo de la Constitución Nacional y la Ley Orgánica de Estados de Excepción.
La situación sanitaria que atraviesa el país, por el colapso de su sistema de salud pública, amerita una decisión de esta naturaleza, pues la cuarentena social per se no es suficiente para detener el avance de un virus muy agresivo que, a la fecha, se ha cobrado más de 60 mil vidas en todo el mundo. (Esta cifra variará de aquí al miércoles, pues a hoy ya la OMS tenía contabilizados 68.594 muertos).
El problema se agrava en la medida en que el Estado no es capaz de cumplir con las obligaciones que le corresponde por ley para garantizar a la población el suministro de servicios básicos como agua potable, gas doméstico y electricidad; y mucho menos para solventar la emergencia humanitaria de millones de venezolanos que no tienen ingresos para comprar alimentos y medicamentos, que viven de la cotidianidad y, en consecuencia, no pueden cumplir con la medida de aislamiento.
Sabemos que combatir el coronavirus es una tarea de todos, no solamente de los presidentes, gobernadores de estado o alcaldes, sino también de todos los ciudadanos que formamos parte de este país.
Quedarse en casa implica tener acceso al agua potable para mantener la higiene personal y doméstica; gas para poder cocinar; electricidad para garantizar el funcionamiento de las bombas de agua; acceso a las telecomunicaciones para estar informados de manera oportuna y veraz; y recursos económicos para suplir las necesidades de alimentación del núcleo familiar.
Hoy todos esos derechos humanos están siendo conculcados de alguna manera en Venezuela. No porque el decreto los restrinja, sino porque el Estado lleva años sin garantizarlos. Así la población no puede acatar la medida de cuarentena social, tan necesaria en estos casos de salud pública.
El venezolano tiene que saber que el decreto de Estado de Alarma no puede suspender garantías constitucionales porque la propia Constitución lo prohíbe, pero sí restringir algunas. Las garantías restringidas son el libre tránsito (sólo puede salir si es estrictamente necesario: compra de alimentos, medicamentos, combustible); la libertad de reunión (quedan prohibidas las aglomeraciones que son caldo de cultivo del Covid19); el derecho a la manifestación y la protesta (por la misma razón expuesta); la libertad de comercio (sólo pueden funcionar aquellas empresas que prestan servicios básicos: alimentos, farmacias, centros de salud); y en cierto punto, la libertad de expresión (para evitar que se propaguen rumores o informaciones que causen incertidumbre o alarma en la población). La medida sale luego de que el Ejecutivo aprobara la suspensión de clases en todos los niveles de formación y de actividades laborales, a excepción de los servicios de alimentos, salud, transporte y seguridad.
Pero de alguna manera, este decreto solapa los graves problemas sociales y económicos que venimos arrastrando como el desabastecimiento de alimentos y la escasez de combustible.
Atropellos por mala interpretación del decreto presidencial
Nos preocupa que algunos funcionarios adscritos a los cuerpos de seguridad y componentes militares del Estado, cometan atropellos a la luz pública amparados en un decreto mal interpretado. Son centenares los videos que han rodado por las redes sociales donde se ve a policías y Guardias Nacionales negando el suministro de gasolina a personal médico; “matraqueando” a la gente para garantizarle algunos litros; peleándose entre ellos por un cupo de combustible; o persiguiendo a quienes se desplazan en mercados municipales citadinos. También llevándose detenidos a médicos y enfermeras que se han atrevido a denunciar la escasez de insumos necesarios para atender emergencias en los centros de salud.
En algunos países las autoridades decidieron liberar a presos que han demostrado buen comportamiento o cometieron delitos menores, como una medida para descongestionar las cárceles y evitar el hacinamiento. En Venezuela las autoridades penitenciarias hicieron lo propio con reos de El Rodeo y Yare, pero no consideraron a los presos políticos o presos de conciencia – muchos de ellos en delicado estado de salud –, para darles esa medida de gracia por razones humanitarias.
Quizás lo que más aturde de esto, es la pasmosa normalidad con la que la mayoría de los venezolanos nos tomamos estas arbitrariedades. Hay un silencio, una tolerancia de la sociedad frente a las injusticias que debemos superar cuanto antes. Vemos a muchas organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos y algunas voces individuales reclamando los desmanes, pero el grueso de la población no se entera. Y si lo hace ni se inmuta, quizás por desconocimiento de sus derechos y deberes, o por miedo a las represalias de un aparato diseñado para reprimir a quien lo adverse.
No solamente debemos llamar la atención de las autoridades – a través de los medios de comunicación –, acerca de lo que está pasando en los escenarios planteados, sino que también debemos documentar todo para que, en algún momento, estas situaciones anómalas puedan ser procesadas antes las instancias judiciales. Recordemos que las responsabilidades penales son individuales.
Conciencia ciudadana en derechos humanos
Una de las tareas que debemos asumir apenas el país supere la pandemia de coronavirus, es trabajar en la creación de una cultura ciudadana en derechos humanos. Cada persona debe luchar para que se respeten sus DDHH, para evitar lo que algunos juristas dicen: “Derecho que no se ejerce, se pierde”.
¿Hizo falta la llegada del Covid19 a Venezuela, para que muchos se dieran cuenta lo importante que es el respeto a los DDHH, a la dignidad humana, al cumplimiento de todo lo que establece la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos? La respuesta parece ser afirmativa.
Y en adelante, la lucha ciudadana debe estar destinada a recuperar el ejercicio efectivo de todos y cada uno de nuestros derechos constitucionales. No con una visión de revanchismo político, sino de construcción de ciudadanía, independientemente de la afinidad o simpatía política que pueda tener cualquiera de nosotros.
El tema de los DDHH no es un tema de políticos o de cierto sector, es un tema vinculado al ejercicio de la ciudadanía. Venezuela tendrá mejores ciudadanos, tendrá una mejor sociedad, cuando los ciudadanos se involucren de forma más contundente en este tema.
Lo que estamos viviendo debe dejarnos una enseñanza, y desde Acción Ciudadana en Positivo (ACEP) nos sumamos a las voces de algunas organizaciones defensoras de DDHH, que proponen crear Comités de DDHH destinados a generar el tema de la cultura ciudadana; a documentar cualquier tipo de violación de las garantías; y a denunciar oportunamente, ante instancias nacionales e internacionales, cualquier acción de este tipo.
Si bien aún no la tenemos, estamos trabajando en la conformación de nuestra Coordinación de Derechos Humanos. Si generamos cultura en esta materia, en corto tiempo podríamos tener excelentes resultados para la sociedad.
Venezuela necesita banderas que nos unan. Estamos viviendo un momento difícil y la bandera de los DDHH es un tema que puede ayudarnos a unir nuestra sociedad.
@griseldareyesq