La repentina aparición de una paciente que había sido declarada muerta hace un mes en un hospital del Suburbio de Guayaquil, epicentro de la pandemia en Ecuador, se ha tornado en un ejemplo del deficiente manejo en las morgues hospitalarias en medio de la crisis sanitaria por COVID-19.
Los familiares de Alba Maruri Granda, de 74 años y que las autoridades dieron por fallecida el 27 de marzo, han difundido este fin de semana en redes sociales que en realidad la mujer no había perdido la vida, sino que se produjo algún tipo de confusión con su nombre y el de otra persona difunta.
INCONSCIENTE EN LUGAR DE MUERTA
Granda había ingresado en el hospital Abel Gilbert Pontón a finales del mes pasado, con un cuadro de fiebre y dificultad para respirar, por lo que era sospechosa de COVID-19. Allí habría perdido la conciencia, y no fue hasta esta semana cuando la recuperó, tras lo cual se identificó y pidió hablar con sus familiares.
Sin embargo, los parientes de la supuesta fallecida resolvieron incinerar el cuerpo que les fue entregado en su día por el hospital, e incluso donado parte de sus enseres y ropa, tras el desconsuelo de la fatal pérdida.
“Los doctores fueron a casa de mi tía a corroborar e informar del error. Aún no saben de quién son las cenizas que están en casa”, aseguró en una red social uno de los sobrinos de la mujer, Juan Carlos Ramírez.
El familiar precisó que pese a las vicisitudes, Granda se encuentra bien y que “los milagros aún existen”, mientras que la familia espera ahora que el hospital le devuelva el dinero que pagaron por la cremación del cuerpo de la que pensaban era su tía.
El caso sale a la luz tres semanas después de que decenas de personas denunciaran la desaparición de los restos mortales de familiares en morgues hospitalarias de la ciudad, y cobros que les habían exigido funcionarios en los centros médicos a cambio de información sobre los cadáveres.
Un trabajador de un hospital fue destituido por el Ministerio de Salud Pública en relación a la gestión de los depósitos de cadáveres.
GUAYAQUIL A LA CABEZA EN CASOS DE COVID-19
Con por lo menos 520 muertos y 10.400 contagios oficiales, Guayaquil suma el 51 % de casos de todo el país, lo cual se agrava al saber que Guayas, la provincia de la que es capital, suma casi 8.000 fallecimientos “extra” desde que comenzó la crisis sanitaria en el país el 29 de febrero y de los que, reconocen las propias autoridades, es casi imposible saber las causas exactas.
La emergencia sanitaria se tornó dramática hace un mes en la ciudad, escenario de una crisis de cadáveres que no podían ser levantados ni sepultados, al encontrarse autoridades, la industria funeraria y hospitales desbordados por una cifra extremadamente alta de fallecimientos, tanto por COVID-19 como por otras causas.
Entre las situaciones más dramáticas vividas en la urbe, hubo familiares que dijeron que tuvieron que entrar en las morgues móviles a buscar a sus parientes y que nunca los hallaron.
La Fiscalía ecuatoriana investiga desde principios de mes la existencia de una supuesta red delictiva encargada de cobrar dinero por “entregar cuerpos de fallecidos por COVID-19”, por el presunto delito de concusión, aunque hasta la fecha no se conocen avances.
DENUNCIARÁN EL CASO ANTE LA FISCALÍA
El jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta, Jorge Wated, al mando de la gestión de la crisis de los cadáveres, anunció que presentará una denuncia por el caso de Granda, la mujer dada por muerta.
“Esto es causal de una denuncia que voy a poner este lunes por el manejo de morgues en un hospital de Guayaquil”, avanzó el funcionario, que quiso aclarar que su equipo no gestiona los depósitos, sino los levantamientos y entierros de fallecidos.
Por su parte, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, calificó el suceso de “espeluznante”, si bien expresó desconocer los detalles, salvo que “es una señora que tenía discapacidad mental”.
Decenas de personas siguen a la espera de conocer el paradero de sus seres queridos difuntos, algunos fallecidos hace más de 20 días en hospitales o que fueron recogidos en domicilios de Guayaquil, en pleno desbordamiento del sistema funerario y sanitario.
Pese a que el Gobierno puso en marcha una página oficial para que los familiares pudieran conocer dónde se hallaban o eran sepultadas las personas que fallecen en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus, aún quedan abiertas muchas interrogantes en la ciudad.
Y el caso de la supuesta difunta que nunca lo fue se ha convertido en el triste reflejo de una situación que parece que va mucho más allá de una negligencia puntual.
EFE