El período que transcurrió desde la década de los años 20 hasta los años 90 del siglo pasado, el desarrollo industrial venezolano giró o gravitó en torno a los cambios y decisiones en la estructura socio-política del estado, y la forma en como cada gobierno consideraba que debía distribuirse o redistribuirse la renta petrolera. Todo comenzó, a partir de que Venezuela se convirtiera en un país petrolero oficialmente, digámoslo así, con la perforación del pozo Zumaque 1.
Seguidamente se originó una industrialización obvia para la obtención y procesamiento del petróleo, porque Venezuela no poseía la tecnología ni el conocimiento para hacerle frente a semejante empresa. Se favoreció principalmente al capital comercial-bancario tradicional en relación con la clase política de funcionarios del Estado. Ocurrieron procesos sociales devastadores como el desplazamiento del agricultor, llamado también éxodo del campesino (1926-1971 y posterior), del campo a las ciudades; donde se concentraban los recursos económicos; esto con el objetivo de percibir parte de la renta petrolera.
La reforma agraria de R. Betancourt de 1960 trató la eliminación del latifundio, el retorno del agricultor a sus campos de siembra y de cría, así como también evitar este desplazamiento del campo a la ciudad, proveyendo al campesino de tierras, implementos y equipos de siembra además de financiamiento; proceso mediante el cual se suponía que se impulsaría la modernización económica y social del campo, y el desarrollo equilibrado de las regiones. Pero no fue así.
Buena parte del sistema económico de Venezuela, en la segunda mitad del siglo pasado, giró sobre los mecanismos de distribución y redistribución de la renta petrolera que se crearon. Los recursos económicos se dirigieron en hacer esfuerzos por mantener el poder político de dominación más no al desarrollo económico, la gestión pública eficiente y calidad de vida de la población. Décadas transcurrieron, donde grupos de capital y empresas se aprovechaban o beneficiaban primordialmente a través del presupuesto del Estado, en forma de compras del gobierno, de contratación de trabajos; en forma de créditos públicos y de subsidios; por lo que, se llamaron en su momento a estas: empresas parasitarias.
Se vivieron décadas, donde el estado gastaba recursos de la renta, en pago de sueldos y salarios de una cantidad creciente de funcionarios públicos. Pocos esfuerzos se hicieron, para sentar las bases en la industrialización de Venezuela y corregir las desviaciones; sólo se logró que la renta alimentara más bien el consumo y las importaciones, que el desarrollo de las industrias internas. En los últimos años (primeras dos décadas del siglo XXI) se continuó aplicando esta tendencia en niveles superlativos.
En un entorno de Libre Mercado y Libre Comercio, necesario es, permitir desarrollar la industria textil, automotriz, farmacéutica y la metalúrgica; se debe hacer en el área agropecuaria-agroindustrial, la de hidrocarburos, química y petroquímica. Recuperar la industria del cemento, eliminar las mafias y aumentar la producción de este rubro que fue de exportación en años pasados.