Una docena de oficiales, incluido un general, fueron dados de baja del ejército en Colombia por un escándalo de escuchas ilegales a políticos, periodistas y jueces desatado en enero y revitalizado este viernes con una publicación periodística sobre nuevas irregularidades.
“Hoy se apartarán del cargo y se retirarán del servicio activo once oficiales; asimismo, un brigadier general solicitó su retiro voluntario del servicio activo”, dijo el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en rueda de prensa en Bogotá.
Trujillo aseguró que los uniformados, cuyos nombres y cargos no reveló, dejan la institución como consecuencia de investigaciones disciplinarias internas por el “empleo irregular de las capacidades de inteligencia militar”.
Las pesquisas se iniciaron en enero tras la publicación, ese mismo mes por parte de la revista Semana, de indicios y testimonios que comprometen a efectivos del ejército en la interceptación de teléfonos y correos electrónicos de personalidades, sin orden judicial y con aparentes fines políticos.
Uno de los militares involucrados en el escándalo dijo al medio periodístico que recibió la orden de entregar la información recolectada sobre una magistrada a “un reconocido político del Centro Democrático”, el partido en el poder que lidera el senador y expresidente Álvaro Uribe (2002-10).
La fiscalía abrió entonces una investigación. El gobierno de Iván Duque cuestionó cualquier ilegalidad y anunció una indagación interna, que según explicó este viernes el comandante de las fuerzas militares, general Luis Fernando Navarro, terminó a finales de marzo.
Navarro aseguró que además se adecuaron los protocolos de inteligencia. “Se (implementaron) numerosas medidas de control tanto humanas como técnicas que minimicen las posibilidades de actuaciones indebidas que afecten el buen nombre de la institución, los derechos de los ciudadanos o que sean contrarias a la ley”, señaló en la misma comparecencia.
Semana indicó en enero que las irregularidades llegaron a oídos del ministro de Defensa, quien por ello habría pedido la baja del comandante del ejército, general Nicacio Martínez. Este militar de alto rango dejó el cargo a finales de diciembre en medio de homenajes del presidente.
– Nuevas revelaciones –
Sin embargo, los retiros coincidieron con la publicación, también este viernes, aunque más tarde, de un nuevo artículo de Semana que revela seguimientos y perfilamientos a más de 130 periodistas, políticos, militares retirados, sindicalistas e incluso exfuncionarios de la presidencia por parte de la inteligencia militar.
Los actividades, cuyos objetivos se desconocen, se habrían ejecutado entre febrero y diciembre de 2019.
“Por medio de herramientas informáticas y de software, realizaron búsquedas y recolectaron masiva e indiscriminadamente toda la información posible de sus objetivos para elaborar informes de inteligencia militar”, afirma el artículo.
Entre los seguidos está el corresponsal de The New York Times Nicholas Casey, quien en mayo de 2019 publicó un informe que alerta sobre el riesgo de ejecuciones de civiles a manos de militares, y el director ejecutivo de la división de Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.
Según Semana, los batallones de ciberinteligencia recibían financiación de una agencia de inteligencia estadounidense, pero los uniformados usaban los recursos para actividades irregulares o se los robaban.
“El perfilamiento de periodistas por parte del Ejército colombiano es una acción que traspasa los límites y transgrede los fines de la función de inteligencia y contrainteligencia”, indicó en un comunicado la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).
El ministro de Defensa dijo al noticiero Noticias RCN que se tomarán “acciones adicionales” si lo divulgado en el informe lo amerita.
Los escándalos de interceptaciones ilegales que involucran a autoridades de Colombia no son nuevos. El disuelto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que dependía de la presidencia, se vio envuelto bajo el gobierno de Uribe en un escándalo por escuchas irregulares a magistrados de la Corte Suprema, opositores y periodistas.
AFP