Más del 30% de los reclusos de la prisión de una ciudad del centro de Colombia resultaron contagiados con coronavirus, alertando a las autoridades, los familiares y los vecinos de los internos que temen que el brote se propague más allá de los muros de la hacinada cárcel mientras intentan controlarlo.
La cárcel de Villavicencio, la capital del departamento del Meta, ubicada 70 kilómetros al suroeste de Bogotá, alberga a 1.756 presos, un 95,3% más de su capacidad de 899 internos, y muy por encima del hacinamiento de otras prisiones del país que en promedio supera el 50%, según datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
Del total de la población carcelaria, 599 presos dieron positivo en las pruebas de COVID-19, además de otras 56 personas entre guardias y personal de administración.
“La cárcel de Villavicencio es un tema que nos preocupa, es una cárcel que tiene una enorme sobreocupación, son cerca de 1.800 reclusos y 200 personas del personal de guardia y custodia”, dijo a Reuters el gobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga.
“Al interior de la cárcel hay 655 personas que han salido positivas, entre personas privadas de la libertad y también personal de custodia. Hoy no tenemos ni una sola persona hospitalizada, todos al interior de la cárcel están asintomáticos”, explicó.
La cantidad de casos positivos de COVID-19 es la más elevada en las 132 cárceles colombianas en las que hay más de 121.000 reclusos y supera el de muchas ciudades intermedias del país de 50 millones de habitantes, que hasta ahora ha reportado casi 9.000 contagios y 397 fallecidos por la pandemia.
El brote al interior de la prisión se detectó después de que dos internos recién salidos manifestaron síntomas de coronavirus y murieron fuera de la cárcel.
CONTAGIADOS ASINTOMÁTICOS
Aunque los internos y guardias contagiados son asintomáticos y permanecen aislados sin ser ingresados a hospitales, el alcalde de Villavicencio, Juan Felipe Harman, teme que el brote continúe expandiéndose debido a que la cárcel está en la zona urbana y rodeada por barrios en donde viven miles de personas.
“Es un hecho que la cárcel se ratifica como un problema en materia de salud pública, lo que necesitamos es seguir controlando ese factor de riesgo, garantizar las condiciones de aislamiento de la cárcel con el resto de la ciudad”, dijo Harman.
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió esta semana que el incremento de los contagios de coronavirus en las hacinadas y antihigiénicas prisiones de Latinoamérica y en cárceles de Estados Unidos son una fuente de “grave preocupación”.
Protestas de los internos por el temor de ser contagiados han provocado motines que causaron la muerte de decenas de reos en Venezuela, Perú y Colombia en las últimas semanas.
El presidente nacional del sindicato de empleados penitenciarios, Nelson Barrera, dijo que los casos entre los presos siguen aumentando a medida que se hacen pruebas y pronosticó que la cifra de contagiados puede llegar hasta 800.
“Por el hacinamiento de la cárcel es muy difícil controlar esta transmisión del virus”, aseguró Barrera.
Los vecinos de los alrededores de la cárcel, de muros altos de ladrillos grises que terminan con serpentinas de alambre de púas, temen ser contagiados.
“Estamos siempre angustiados porque tenemos el foco aquí pegadito a todos nosotros, estamos asustados, preocupados”, dijo Wilson Marulanda, de 55 años, quien vive con su esposa y sus dos pequeñas hijas en los alrededores de la prisión.
Los familiares de los presos denuncian que al interior de la cárcel se vive un infierno.
Aunque Colombia anunció en abril que pondría temporalmente bajo arresto domiciliario a unos 4.000 reclusos para evitar la propagación del coronavirus en las hacinadas prisiones, hasta ahora solo 328 se han beneficiado con la medida, mientras aumenta la preocupación entre los familiares de los presos.
“Mi hijo me dice que está muy mal, que allá hay infectados encima uno del otro, no hay las prioridades del aseo ni del dormitorio”, dijo en las afueras de la cárcel Sandra Vargas, de 38 años, madre de un recluso. Reuters