El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 716 protestas durante el mes de abril de 2020, equivalente a un promedio de 24 diarias. Esta cifra representa una disminución del 64% en comparación con el mismo período del año pasado.
Por Observatorio de Conflictos
Al igual como ocurrió en marzo de este año, pese a las medidas de cuarentena para minimizar la propagación del coronavirus (Covid-19) y un restrictivo Estado de Alarma decretado el 13.03.20, los venezolanos salieron a las calles para exigir garantía de sus derechos humanos.
En abril 87% de las protestas fue por Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales (DESCA).
De las 716 protestas registradas, 620 estuvieron relacionadas con Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales (DESCA). Esto equivale a 87% del total.
Durante el monitoreo, se registró un incremento de los reclamos por alimentos y gasolina. Continuaron las acciones de calle para rechazar el colapso de servicios básicos, como agua potable, gas doméstico y electricidad.
El resto de las protestas, equivalente a 13%, guardó relación con la exigencia de Derechos Civiles y Políticos (DCP), principalmente vinculadas a grupos opositores y simpatizantes del régimen de Maduro, además de privados de libertad y sus familiares.
Caracterizando las protestas de abril:
1. Se profundiza el autoritarismo, mecanismos de control social y restricción de derechos en el marco de las respuestas institucionales a la pandemia por Covid-19.
2. Extienden medidas y controles de movilización ciudadana.
3. Se incrementa la carestía de alimentos y productos de higiene personal.
4. Repunte de saqueos o intentos de saqueo en 9 estados del país. Con un saldo de 1 fallecido y más de 90 detenidos.
5. Detenciones, amedrentamiento y amenazas contra periodistas, defensores de derechos humanos y trabajadores del sector salud por informar sobre la situación del Covid-19.
6. Restricciones informativas a través de medios de comunicación, redes sociales y servicios de mensajería como WhatsApp.
7. Falta de servicios básicos como agua, luz y gas durante el confinamiento obligatorio los venezolanos.
8. Aumento de la escasez y control en la distribución de gasolina a nivel nacional, generando protestas y largas filas, así como el surgimiento del mercado negro para la comercialización de combustible que es pagado en moneda extranjera.
9. Protestas por parte de trabajadores de diversos gremios (salud, educación, jubilados y pensionados, entre otros) en rechazo al último aumento salarial que impide la resignificación del empleo.
10. Pacientes, familiares y personal médico mantienen las exigencias de infraestructura hospitalaria adecuada, materiales e insumos de bioseguridad para atender la pandemia del COVID-19.
11. Descontento de los habitantes de estados fronterizos por la instalación de Puntos de Asistencia Social Integral (PASI) para cumplir con el aislamiento preventivo de venezolanos retornados al país, debido al temor de una propagación del Covid-19.
Modalidades de protestas más frecuentes durante el mes
Con los controles de circulación que existen en Venezuela, los ciudadanos han optado por potenciar otras modalidades de protesta cerca de sus hogares. La calle se consolida como el espacio popular para exigir derechos y rechazar políticas ineficientes.
Protestas combinadas
Los venezolanos siguen reclamando varios derechos en una misma protesta, registrándose en abril alrededor de 302 casos combinados. Esto representó 42% de las 716 protestas en todo el territorio nacional.
Derechos más demandados durante abril
Servicios básicos
Durante el mes de abril se registraron 464 protestas por servicios básicos, principalmente por electricidad, agua potable y gas doméstico.
A pesar de que los Estados están obligados, por el ordenamiento jurídico nacional e internacional, a garantizar el derecho a una vivienda digna con servicios básicos de calidad, sobre todo en las situaciones extraordinarias como el Covid-19, que establece un confinamiento social de las familias, en Venezuela este derecho no está plenamente garantizado.
Las fallas en el suministro eléctrico son el principal motivo de las protestas por servicios. El OVCS documentó aproximadamente 242 protestas, equivalente a 8 diarias.
Las comunidades afectadas denuncian incumplimiento de los cortes programados y extendidos, causando daños en electrodomésticos, pérdidas de alimentos e interrupción de las telecomunicaciones, así como al bombeo de agua potable.
PROTESTAS POR ELECTRICIDAD
Las constantes fallas eléctricas interrumpen el servicio de Internet, impactando en las transacciones comerciales y las actividades cotidianas, como recibir clases en línea durante el confinamiento. Esta brecha se hace más evidente en zonas con mayores desigualdades, lo que incide en que los ciudadanos tengan obligatoriamente que salir.
PROTESTAS POR AGUA
En abril se documentaron 158 protestas en rechazo a las fallas en el servicio de agua potable, equivalente a 5 diarias. Largas filas frente a manantiales o tomas improvisadas se han convertido en escenas cotidianas, como paliativo para acceder y almacenar agua, sin que eso garantice su calidad.
PROTESTAS POR GAS DOMÉSTICO
Los reclamos por la mala distribución y costo excesivo del gas doméstico registraron un aumento, ubicándose en 64 protestas durante el mes. Pasando por alto el distanciamiento social, las personas se ven obligadas a estar numerosas horas en largas filas esperando comprar las bombonas de gas.
Las familias que usan el servicio de gas a través de bombonas están siendo censadas por Consejos Comunales para hacer un registro único de distribución y venta, que implicaría otra estrategia de control social.
Tal como ha venido ocurriendo con diversos planes y mecanismos de distribución y venta de alimentos, que son parte del entramado de control social impuesto por el régimen de Maduro.
Paralizados por falta de gasolina
En el país con las mayores reservas de crudo del mundo, uno de sus derivados como es la gasolina escasea en todo el país. En abril, por este hecho se registraron al menos 176 protestas.
Los manifestantes rechazaron tener que hacer largas filas y numerosas horas de espera para adquirir el combustible, y denunciaron extorsiones y abuso de poder por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que custodian las estaciones de servicio en todo el territorio.
Distribución geográfica de las protestas por gasolina
Distrito Capital y el estado Falcón concentraron 18 protestas cada uno, seguidos por los estados Miranda (17), Lara (16), Monagas (15) y Portuguesa (15).
Durante la emergencia del Covid-19 las autoridades anunciaron un plan de atención especial para la venta de gasolina a sectores prioritarios que incluye a los trabajadores del sector salud, sin embargo, éstos forman parte de quienes lideran las protestas por gasolina. Denuncian que pasan hasta dos (2) días en colas para poder surtir y cuando logran hacerlo, solo consiguen llenar de 10 a 20 litros de combustible.
Trabajadores del sector salud se vieron obligados a realizar filas, lo que ocasionó que muchos optaran por asistir a los centros asistenciales a pie, en bicicleta o tuvieran que pagar exagerados montos por combustible.
En general, el ciudadano común ha tenido que enfrentar horas y días de cola para comprar gasolina, exponiendo en muchos casos sus vidas. En abril se registraron diversos casos de robo y hasta heridos de bala durante las colas.
La falta de combustible ha impactado en un alza de los precios de bienes y servicios, dificultad de las operaciones comerciales debido a la imposibilidad de traslados. Ante la escasez de gasolina en ciertos estados del país se han detectado el traslado de productos en bueyes, mulas y caballos. El sector agropecuario ha señalado la pérdida de la producción del campo debido a la imposibilidad de trasladarla por la falta de gasolina.
Por su parte, los usuarios del transporte público se ven obligados a pagar altos montos exigidos en dinero efectivo, y en muchos casos en moneda extranjera, para trasladarse, situación que los ha obligado a transitar a pie grandes distancias para adquirir alimentos y llegar a sus hogares.
En un país donde el medio de transporte generalizado en las zonas rurales y populares ha sido la moto, ahora se enfrentan a que no tienen gasolina.
Derecho a la alimentación
De las 716 protestas registradas, 146 estuvieron vinculadas a la crisis alimentaria. La mayor parte de los reclamos se atribuyeron al incremento de precios. Un tema de preocupación para la familia venezolana ante la caída del poder adquisitivo del salario.
Cambios inesperados en el número de rubros que componen las bolsas y cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), así como aumento de costos y retrasos en la distribución, han motivado descontento social en algunos estados del país.
En esta coyuntura, el régimen de Maduro anunció la intervención y ocupación de industrias privadas agroalimentarias y mataderos, argumentando que la crisis es responsabilidad de estos sectores, adicionalmente decretó la regulación de 27 productos. La reacción de los ciudadanos ha sido de preocupación y rechazo en vista de que las políticas de controles han derivado escasez de estos rubros, proliferación de mercados ilegales paralelos donde se venden los bienes con sobreprecio.
Saqueos e intentos de saqueos
En abril, el OVCS documentó 32 saqueos e intentos de saqueos en 9 estados, con un saldo de numerosos locales, abastos, supermercados y transportes saqueados, más de 90 detenidos y una persona asesinada, identificada como Charlis Nuñez (29), hecho ocurrido el pasado 23.04.20 en Upata, estado Bolívar.
Estos saqueos se relacionaron con la sustracción por la fuerza de alimentos, línea blanca, medicinas y otros productos que pueden ser consumidos, intercambiados o vendidos.
Tales hechos se desarrollaron principalmente antes del anuncio de la lista de productos regulados. Desde el OVCS condenamos cualquier tipo de manifestación o acción violenta para realizar una denuncia o exigir derechos.
Derecho a la salud
En medio de la pandemia por Covid-19 el derecho a la salud se mantiene en el foco de atención. Sin embargo, en Venezuela no están garantizadas las condiciones para quienes se desempeñan en este sector.
Los profesionales de la salud, junto a pacientes y familiares, protestaron en 102 ocasiones ante la falta de infraestructura, dotación de materiales e insumos de uso común y de bioseguridad para atender la pandemia.
Sumado a la histórica lucha por salarios que ha mantenido al sector salud, durante el mes de abril se evidenció una nueva dimensión de los obstáculos que enfrentan quienes deben atender el sistema de salud, las dificultades para acceder al abastecimiento de combustible para poder trasladarse desde sus hogares hasta los centros de salud.
Trabajadores exigen salario digno
De las 716 manifestaciones documentadas durante abril, los trabajadores venezolanos participaron en 97 protestas laborales, para denunciar la incapacidad de subsistir con un salario mínimo, que no da para comer, aunado a las condiciones de los servicios públicos (transporte, agua, electricidad), son factores que han provocado renuncias laborales, incumplimiento de horarios de trabajo, interrupción de las actividades, informalización de la economía y fuga de talento.
De forma unilateral y contraviniendo el Convenio 026 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 27.04.20 fue anunciado un nuevo ajuste salarial, siendo el número 30 que ha sido decretado por el régimen de Nicolás Maduro. Aumento que no solo fue insuficiente, sino también inconsulto con los trabajadores que exigen la dolarización del salario, resignificación del empleo y el respeto a las contrataciones colectivas.
En un país, cuya economía está cada vez más dolarizada, la remuneración básica al momento del ajuste salarial pasó a 2,33 dólares mensuales, tomando en cuenta la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).
Ubicando a Venezuela en el primer lugar en el índice de países con peores sueldos de América Latina, por debajo de Haití (63$) y Cuba (15$). A esto se le suma 2,33 dólares mensuales por bono de alimentación que solo es efectivo para los trabajadores, en cambio, los jubilados y pensionados empezaron a recibir una bonificación adicional que no llega a los 2 dólares al mes.
La tabla de precios ajustados publicada por el Ministerio de Comercio establece que el cartón de huevos está en 530.000 bolívares aproximadamente. Es tan bajo el salario mínimo que no alcanza para un cartón de huevos al mes.
El segundo aumento de salario en el año, y el número 30 que ha sido decretado por el régimen de Nicolás Maduro en siete años, sin mejoras en el sistema productivo, ha traído más inflación y, por ende, desmejoras a los trabajadores que piden la dolarización del salario.
Derechos Civiles y Políticos exigidos en abril
Durante abril se registraron 50 protestas vinculadas a la exigencia de derechos políticos. Simpatizantes del régimen de Maduro y opositores desarrollaron diversas formas de protesta para visibilizar exigencias y acciones de respaldo.
El pasado mes de abril se registraron 35 protestas de personas privadas de libertad y sus familiares.
El anuncio de la cuarentena, recrudeció las ya difíciles condiciones de los privados de libertad, que se mantienen hacinados, sin agua potable, comida, salud y expuestos a malos tratos y detrimento de su dignidad humana.
Se fortalece el autoritarismo y control social durante la pandemia por Covid-19
En el marco de la emergencia sanitaria del Covid-19, el régimen de Maduro profundiza el autoritarismo, los mecanismos de control social y restricción de derechos.
El decreto de Estado de Alarma, dictado en el marco de un Estado de Excepción y Emergencia Económica, que permanece vigene desde el año 2016, ha facilitado se cometan abusos y violaciones a los derechos humanos.
Destacan las prácticas de tratos crueles inhumanos y degradantes por parte de los funcionarios de los cuerpos de seguridad y de Colectivos Paramilitares a personas detenidas por no cumplir con las normas o medidas de cuarentena domiciliaria, particularmente por no usar tapabocas, salir a la calle o no cumplir con los horarios establecidos. Al respecto, se señala que los venezolanos atraviesan una grave crisis de inseguridad alimentaria y no tienen alimentos en sus hogares, a la par de déficit de agua potable o gas doméstico, sumado a la debilidad del poder adquisitivo del salario, por tanto las personas se ven forzadas a incumplir el confinamiento para conseguir dinero y adquirir algunos alimentos para llevar a sus hogares.
Adicionalmente, continúan las prácticas discriminatorias para la venta de alimentos y atención sanitaria por medio del carnet de la Patria, como requisito obligatorio para acceder a estos.
Preocupa la implementación de mecanismos autoritarios para limitar el libre tránsito y circulación, como la entrega de pases de movilidad en el oeste del municipio Libertador de Caracas, donde se obliga a los vecinos a cumplir con estrictos calendarios de confinamiento, sin consultar las necesidades de las familias y a riesgo de ir a la cárcel por incumplimiento. En el interior del país, los ciudadanos que por una u otra razón no cumplen el confinamiento son expuestos y obligados a diversas prácticas inhumanas con el fin de humillarlos públicamente.
Resaltamos que estos hechos ocurren en el marco de una Emergencia Humanitaria Compleja preexistente, con lo cual esta situación excepcional por el Covid-19 incrementa las condiciones de vulnerabilidad de la población venezolana, especialmente aquella con mayores necesidades.
La cuarentena además ha derivado en el recrudecimiento de la criminalización y ataque contra quienes defienden y exigen derechos humanos. Frente a esta situación, seis procedimientos especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que incluyen el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión;
Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; y Relator Especial sobre el derecho a la salud física y mental, hicieron un llamado a las autoridades del Estado venezolano indicando que la “emergencia sanitaria no es excusa para seguir restringiendo los derechos humanos”.
La profunda crisis en la que está sumergida el país se refleja cada vez más entre los venezolanos, quienes han perdido el miedo de exponer sus vidas frente a una pandemia con tal de hacer sentir su malestar y exigir la atención de las autoridades. Esta situación evidencia que sus necesidades de alimentación, servicios básicos, salario, salud, son superiores a lo que puede representar cualquier otro riesgo.
#7May 620 protestas de abril estuvieron relacionadas con Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales #Desca
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— Observatorio de Conflictos (@OVCSocial) May 7, 2020