En Venezuela impera un Estado mínimo totalitario presidido por el usurpador y la camarilla militar antidemocrática que lo sustenta; al no controlar todo el territorio nacional, se ven obligados a compartirlo con distintas mafias narcoterroristas de su misma calaña (somalización). Perdimos el país cuando constatamos el cierre de los canales pacíficos para resolver los conflictos. La receta natural de las elecciones democráticas para dirimir una crisis sin precedentes no es aceptada por los secuestradores del poder. Quedó claro que desde los tiempos del galáctico se impuso el cerco institucional y la no política; Carlos Andrés Pérez tempranamente acertó al caracterizar a la logia golpista de delincuentes.
Con criminales es cuesta arriba hacer política y se ha equivocado el camino para enfrentarlos al no tener claro la distinción entre política y régimen forajido. Sépase que al negociar con delincuentes la lógica aplicada debe tomarlo en cuenta.
El coranivirus generó aquí una tormenta perfecta al juntarse explosivamente con la hiperinflación récord mundial, la destrucción del salario y el sistema de salud, y la contracción económica arrastrada desde hace 7 años; y en consecuencia el limitado acceso y consumo mínimo de alimentos.
Hoy confrontamos una situación de violación sistemática de los derechos humanos y una insólita vulneración de las garantías de la dignidad humana. El régimen se aprovecha de la pandemia que implica confinamiento y desmovilización por falta de combustibles, para incrementar la represión selectiva que llega hasta los líderes sociales que protestan.
Estamos viviendo el peor momento de censura, aislamiento y neutralización de las capacidades de acción de los venezolanos que luchan por la libertad; el régimen viene refinando los mecanismos de control: la poca comida que llega al pueblo se distribuye dejando por fuera a los críticos. Se profundiza la persecución de la disidencia, agravado el cuadro con la pérdida de confianza en el liderazgo. Bachelet confirma la exacerbación de las prácticas autoritarias.
El Primero de mayo se oficializó la miseria nacional con el correspondiente aumento de indigentes sociales. La medida de regulación de 27 productos básicos es una barajita repetida harta conocida, condenando al hambre a trabajadores y pensionados. Se conoce el final de la película: militares corruptos fiscalizando con abuso de poder; matraqueo y ocupación de la propiedad privada, confiscación de mercancía, bachaqueo y contrabando. Termina conformando un mecanismo de escasez y caos total. Los criminales optaron por “tierra arrasada”.
Constituye delito de lesa humanidad la masacre de 47 reclusos en el Centro Penitenciario de Los Llanos, en Guanare, la protesta comenzó por hambre.
El largo y sostenido tiroteo en Petare se debió a ajustes de cuentas entre pranes, presuntamente Wilexis, el jefe, no interfirió en la reciente y exitosa visita del presidente Guaidó y el narco régimen, pran mayor, soltó a alias Gusano para reducir a Wilexis como castigo.
Pedimos la libertad de los 367 presos políticos, la puerta giratoria solo produce su incremento.
Proponemos las siguientes acciones: evitar el dibujo libre que beneficia al bloque en el poder y robustecer la unidad. Insistir en la organización de la ciudadanía. Con el contrato social roto y el desmoronamiento de la ficción, prendida de alfiler, del Estado mínimo totalitario, surge la oportunidad de construir un nuevo país.
No deben suspenderse las sanciones, lo contrario es ayudar al régimen forajido; adelantar negociaciones sin permitir la impunidad. Ante el error de que algunos países retiren sus querellas ante la CPI, las organizaciones de víctimas y las ONG deben continuar con los casos. Seguir solicitando la presión internacional.
No más prisioneros políticos, torturados, asesinados, ni exiliados!