Los 23 ancianos residentes de la Casa Hogar San Vicente de Paúl, de Maracaibo, comieron arroz chino, ensalada y torta ayer domingo, Día de las Madres. Bajo la sombra de una mata de mango, en el patio, conversaron, bailaron y rieron entre juegos.
Por Gustavo Ocando Alex / voanoticias.com
Como los sombreros que lucían, su humor fue festivo, colorido. Pero, a diferencia de años pasados, no hubo visitas. Como en otras partes de la región y el mundo, reina un claustro riguroso desde hace dos meses en el ancianato venezolano.
El riesgo de la pandemia suspendió toda invitación a familiares y amigos no solo para eventos como ese, sino como una condición permanente, explica su presidenta, Elizabeth Ruiz, de 70 años.
“Nadie, nadie, nadie”, contesta, tajante, ante la duda sobre quiénes tienen permitido ingresar al asilo estos días, donde viven 12 mujeres y 11 hombres mayores de 75 años.
Tres agentes del organismo regional de sanidad llegaron hace semanas de improviso para hacer pruebas a los residentes de la casa hogar que presidente Ruiz. Ella lo impidió.
“No me garantizan que vengan sanos. ‘A la casa no entra nadie’, les dije. Estamos resguardándolos. Estamos muy celosas con eso”, refiere la representante de la Casa Hogar San Vicente de Paúl.
Recibió luego una llamada de la directora regional del Instituto Nacional de Servicios Sociales, INASS. Le explicó que en el Geriátrico de Maracaibo, administrado por el Estado venezolano, había realizado la prueba diagnóstica de la COVID-19 a al menos 100 ancianos sin inconvenientes.
El INASS ha reportado en sus redes sociales la aplicación de “antivirales orales” y “gotas homeopáticas” a adultos mayores con colaboración de médicos cubanos.
La Casa Hogar San Vicente de Paúl y el instituto sanitario tienen pautada una cita para los próximos días a fin de descartar contagios en el asilo. “Han ido por todos los ancianatos”, asegura Ruiz.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha advertido que el riesgo de que la COVID-19 se agrave aumenta progresivamente con la edad, particularmente a partir de los 40 años.
Las personas de más de 60 años, según publicó la institución en la primera fase de la pandemia, son parte del grupo de riesgo de la infección respiratoria, junto con enfermos de afecciones crónicas.
Esa noción halló su camino hasta Venezuela, cuyos asilos han elevado sus alarmas. Hay protocolos estrictos y las instituciones de asistencia social del Ejecutivo en disputa de Nicolás Maduro han visitado decenas de ancianatos en múltiples estados, como Zulia, para aplicar antivirales.
El decreto de cuarentena por la COVID-19 sorprendió, el 14 de marzo, a cuatro cuidadoras en el lugar. Acordaron con los directivos de la Casa Hogar trabajar y dormir allí por un mes continuo.
Cuatro cuidadoras y una cocinera las sustituyeron el 14 de abril. Otro grupo de servidoras les reemplazará esta semana por los 30 días siguientes -o hasta que la cuarentena se dé por terminada.
Toman sus días de descanso dentro del lugar. Cada 15 días, sus empleadores les consultan si desean ir a sus hogares y ellas, según Ruiz, responden con “vocación de servicio” y deciden permanecer.
Prohibieron que el vigilante estuviera dentro de la casa hogar en los últimos dos meses por temores de contagio. Ni siquiera el sacerdote que presidía las misas dominicales tiene permitido entrar.
El doctor, que tradicionalmente acude al lugar para chequear la salud de los residentes, tampoco ha podido ingresar. Hace días, detalla Ruiz, realizó una consulta a distancia de una anciana que se sintió un tanto enferma. Su malestar no escaló.
Un anciano que acostumbraba a entrar al asilo tres veces al día para comer recibe sus raciones en la puerta de entrada, guardando una distancia prudencial con quienes se las entregan.
Los 23 residentes del San Vicente de Paúl están enterados de la COVID-19 gracias a un televisor que encienden en la sala del asilo. Ven noticias sobre el nuevo coronavirus en el país y el mundo.
Y, cada tanto, preguntan a sus cuidadoras y a Ruiz cuándo se acabará la pandemia.
“Están sorprendidos, pero lo han aceptado. Así están bastante seguros”, asevera.
Miedo al contagio
Hay al menos 2,9 millones de personas mayores de 60 años en Venezuela, según HelpAge International, que coordina una red de organizaciones promotoras de los derechos de los ancianos.
Venezuela tiene una esperanza de vida de 72,58 años, según el índice Global de Envejecimiento de 2015, coordinado por HelpAge. Es la última data publicada sobre el país suramericano, que entonces lo catalogaron como la segunda nación que peor atendía a los ancianos en América Latina.
Es, sin embargo, uno de los países con menor tasa oficial de contagiados por la COVID-19, con 414 casos y 10 muertes confirmados por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Convite, una asociación civil que promueve y defiende los derechos de los adultos mayores en Venezuela, da fe de las visitas del INASS a la mayoría de asilos de Caracas, la capital venezolana.
Luis Francisco Cabeza, su director general, precisa que el 80 por ciento de 45 ancianatos visitados por delegados de la asociación para donación de gel antibacterial han recibido a personal del INASS.
Critica, sin embargo, que el gobierno en disputa realice pruebas rápidas de diagnóstico de la COVID-19, cuyo margen de error es elevado, y no la Prueba de Proteína C Reactiva o PRC.
Cabeza resalta que al menos en nueve asilos de Barquisimeto, estado Lara, en el occidente de Venezuela, no se han concretado las visitas oficiales, a pesar de las promesas durante semanas.
“Deben establecerse protocolos de medición de temperatura al ingreso y a la salida de todo el personal. Los cuidadores pueden ser diseminadores asintomáticos del virus”, advierte, también, en entrevista con la VOA, notando que esa es una formalidad que no se estila en los asilos locales.
Convite subraya que nueve de las 10 muertes por el nuevo coronavirus en Venezuela han sido de pacientes de edad avanzada. “Son una población muy sensible”, dice su vocero.
“Como manda OMS”
En Venezuela, afectada por un proceso hiperinflacionario desde 2017 y en el ojo de un huracán político y social de relevancia desde hace años, los responsables de asilos de afiliación gratuita o privada batallan por mantenerlos abiertos en condiciones adecuadas, dice Baudilio Vega, administrador de la casa hogar Madre Teresa de Calcuta, en el municipio Libertad, Caracas.
Antes de la pandemia, unos pocos residentes salían ocasionalmente a retirar dinero en el banco o a comprar sus medicinas. Ya no es posible.
“No dejamos salir a nadie para evitar complicaciones de que vengan contaminados. No estamos recibiendo visitas. No sabemos en qué condiciones pueden venir”, dice el fundador, hace 19 años, del ancianato que hoy alberga a 80 adultos mayores.
El personal, todos voluntarios -no cobran sueldos-, recibe los donativos en la entrada principal, usando tapabocas y guantes. Exigen a quienes acuden a donar comida que hagan lo propio.
Puertas adentro, auxiliares y hasta dos choferes de la casa hogar usan gel antibacterial y se lava las manos frecuentemente, “como mandan las normas de la OMS”, complementa Vega.
Parte del protocolo lo asumieron tras recomendaciones oficiales. En Madre Teresa de Calcuta, sí hubo un operativo del INASS con médicos, paramédicos y enfermeros para descartar contagios.
“Nos tomaron la muestra de sangre a todo el personal, incluyéndonos a mi esposa y a mí, que la administramos. Gracias a Dios, todo salió bien. Por órdenes médicas, nos dijeron que no podíamos recibir más personas ni dejar salir a nadie. Hasta ahora, nadie está enfermo, nadie está mal”, asegura.
Los alimentos han sido “suficientes” desde marzo, precisa el fundador de la casa hogar, aunque acota que ha debido reducir las raciones de los desayunos por falta de harina de maíz.
“Por lo demás, todo llega. Aquí nadie sale”, insiste.