Las asociaciones de jubilados de las empresas básicas exigen al presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Pedro Maldonado, que entregue la caja de alimentos prevista para esta semana a todos los extrabajadores de las empresas básicas, en especial, a los que residen fuera de Puerto Ordaz y que no tienen cómo trasladarse.
Por José Rivas / correodelcaroni.com
Aunque esta semana se está despachando la compensación cumpliendo con un cronograma de entrega en cada una de las fábricas, los jubilados y sobrevivientes reclaman que sin gasolina ni transporte se les hace imposible retirarla. Por eso proponen que se ubiquen puntos de despacho, tanto en otros municipios como en San Félix, para así asegurar que todos los trabajadores pasivos reciban los productos.
La caja de alimentos surgió como una compensación adicional al bono de alimentación (cestaticket) que mensualmente pagan por ley tanto a trabajadores activos como pasivos, aproximadamente 400 mil bolívares. Durante la presidencia de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro estos derechos fueron limitados, hasta quedar reducidos a una asistencia social similar al de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Pero no funciona. Extrabajadores que residen en Ciudad Bolívar y Tucupita no pueden retirar la caja porque no tienen carro, ni gasolina, con el cual llegar al edificio del comisariato de Ferrominera Orinoco (FMO) en Puerto Ordaz. “¿Cómo hacen para trasladarse? Consiguieron un camión y le está cobrando 4,5 dólares por persona y que lo surtan de gasoil”, indicó Miguel Espinoza, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
La escasez de combustible y su precio en el mercado negro (4 dólares el litro) ha limitado la circulación del transporte público y encarecido los pasajes dentro del estado. Todo esto complica el traslado de los jubilados, algunos de ellos con problemas motrices, cardíacos y demás enfermedades crónicas que hacen riesgoso llegar hasta Puerto Ordaz.
Espinoza señaló que los jubilados de CVG tienen desde el mes de agosto sin recibir la caja de alimentos y que es indispensable que se les entregue a todos sin distinguir su ubicación geográfica. Nada más en la corporación, calculó, hay 65 jubilados en Tucupita y 160 en Ciudad Bolívar que podrían quedarse sin el beneficio.
De acuerdo con Espinoza los trabajadores pasivos necesitan esta ayuda ya que no cuentan con los recursos suficientes para adquirir comida. El pago que reciben como jubilados y la pensión de 400 mil (2.2 dólares) solo les permite costear entre cuatro y cinco productos para su dieta y corriendo los riesgos de no comprar medicamentos para sus enfermedades base. “Si compras la medicina, no compras la comida”, dijo.
Los jubilados de Ferrominera Orinoco que viven en el municipio Piar o en San Félix tampoco pueden retirar la comida. Noel Grillet, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Ferrominera Orinoco, espera que se garantice la logística en otros municipios para que el despacho sea efectivo.
Considera que la escasez de combustible, la falta de transporte público y la restricción de horarios hasta las 2:00 de la tarde solo generan más trabas y ningún plan alternativo para resolver.
Sobrevivientes
Además de las limitaciones de transporte, también se está negando la entrega de los combos de comida a los sobrevivientes (viudas e hijos de jubilados fallecidos). De acuerdo con los presidentes de ambas asociaciones, este grupo son personas en mayor estado de vulnerabilidad por lo que requieren con mayor atención la entrega de este beneficio.
Grillet calcula que la cifra de sobrevivientes de Ferrominera es cerca de 1.200, mientras que Espinoza estima que en CVG sean entre 80 y 90 personas. Exigen que se extienda el beneficio a este grupo que en ocasiones no logra completar dos comidas al día.
Grillet estima que cerca de 40% de los 4.200 jubilados de Ferrominera están siendo excluidos y cercenado su derecho a la alimentación. Ambos dirigentes solicitan que se entregue mensualmente la caja.
A mediados de abril, la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar solicitó a la CVG una bonificación mensual equivalente a un a un petro, unos 7 millones 408 mil bolívares, alrededor de 58 dólares para medicamentos y comida. Hasta los momentos tampoco han sido atendidos como esa solicitud.
En 2009 una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia anuló el artículo 23 del reglamento, la Ley del Estatuto que contemplaba que el pensionado por discapacidad no tenía derecho a pensión de sobreviviente. Al anularse este artículo, por impulso del movimiento de jubilados guayanés, los pensionados por sobrevivientes lograron tener los mismos derechos que tiene un jubilado o pensionado, legal y contractualmente.