Recientemente, pude participar en un foro virtual organizado por la Secretaría Juvenil de AD para abordar diversos temas relacionados a la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI). Más de cien militantes adecos a nivel nacional participaron en ese espacio de debate con mucho interés y entusiasmo por reconocer un cúmulo de expectativas crecientes por dotar de igualdad, derechos y dignidad a muchos venezolanos cuyas preferencias sexuales los han hecho víctimas de la incomprensión, la represión, la violencia y la discriminación.
Es un hecho que Venezuela es una sociedad que se ha sensibilizado progresivamente ante las dificultades que vive la comunidad LGBTI. La homofobia pierde terreno, muchos más ciudadanos salen del clóset y viven abiertamente su sexualidad, los humoristas son reprendidos en redes sociales cuando su público siente que se exceden en sus “chistes” contra la comunidad LGBTI y, además, muchas personalidades públicas han expresado su solidaridad ante estos grupos que sufren desigualdad y vulnerabilidad. Algunos estudios apuntan a que al menos el 9% de la población autodefine su sexualidad dentro del espectro LGBTI, eso es casi 3 millones de personas en Venezuela. Es imposible ignorar políticamente a semejante cantidad de personas en una sociedad que aspirar a ser democrática.
Como socialdemócratas, como la verdadera izquierda democrática en Venezuela, los adecos tenemos el deber de reconocer como un espacio de lucha por la igualdad de derechos el satisfacer las reivindicaciones históricas de la comunidad LGBTI. No discursivamente, no en código de aparente solidaridad, como lo hace la dictadura, sino en aspectos concretos y relevantes que signifiquen una profunda transformación social, es momento de proponer, como una agenda compartida: El Matrimonio Civil Igualitario, el reconocimiento legal de los derechos hereditarios, patrimoniales y filiales de las familias homoparentales, el establecimiento de políticas efectivas contra el acoso y la violencia homofóbica que castigue a los victimarios, el reconocimiento legal de la identidad transexual y cambios transversales en la educación, en todos sus niveles, que fomenten la tolerancia y la celebración de la diversidad humana. Una sociedad no puede llamarse democrática y a la vez practicar el odio, la segregación y el estigma social contra una parte de sus ciudadanos.
Democracia debe significar, como lo dice nuestra constitución, igualdad entre todos los ciudadanos. Revisemos juntos el artículo 21 de nuestra carta magna: “Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia:
1.No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.
2.La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (…)”.
¿Acaso no es deber del Estado venezolano cumplir la constitución vigente? Es claro que la dictadura militar no es garantía para cumplir la letra constitucional, tampoco es una garantía la creciente e indebida influencia política de cultos religiosos que, asociados con la dictadura, acceden a una “patente de corso” para negar las aspiraciones de la comunidad LGBTI en nombre de su fe y olvidando que somos un Estado Laico.
Hay quienes, entendiblemente, sienten aprehensiones frente a estos argumentos porque, a confección propia, “no fueron criados para adaptarse a la presente sociedad”. A esos sectores los invito a reflexionar y tratar de sentir empatía. Lo que exige la comunidad LGBTI no son derechos especiales o privilegios, solo exigen igualdad de derechos ante los demás. Derecho a casarse, a tener familia, a estudiar y trabajar sin temor, a ser libres para vivir y desarrollar sin miedo su identidad. Ya el camino fue iniciado, el 17 de mayo de 2016, durante la presidencia de Henry Ramos Allup de la Asamblea Nacional, ese día fue aprobado, mediante acuerdo, la celebración del Día Mundial contra la Homofobia y la Transfobia. Un gran primer paso, ahora corresponde a todos avanzar hacia una sociedad más libre y justa. ¡Hagámoslo!
Julio Castellanos / [email protected] / @rockypoliticas