La Red Eclesial Panamazónica (Repam) suscribe las advertencias que han surgido esta semana con respecto a la desfavorable situación de las comunidades indígenas en la Amazonía que ahora se ven en mayor grado amenazadas por la pandemia de la COVID-19.
Por Carlos Guerra / correodelcaroni.com
“Se está devastando la Amazonía en dos dimensiones que se combinan de forma brutal: la pandemia de COVID-19 que alcanza a los más vulnerables, y el aumento descontrolado de la violencia sobre los territorios”, manifestaron a través de un comunicado en donde hacen un llamado a articular una acción urgente para evitar una tragedia humanitaria y ambiental.
Este comunicado se suma al anuncio que hizo la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre la situación de 20 mil casos de indígenas infectados por coronavirus en el Amazonas y a la advertencia de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) sobre lo “peligrosamente expuestas” que están las comunidades indígenas a esta nueva sepa del coronavirus. En el caso venezolano, la Conferencia Episcopal Venezolana se pronunció por la desatención de los pueblos indígenas durante la cuarentena.
La Repam hace un recuento del contexto que atraviesan las comunidades originarias en los distintos países que comparten la Amazonía. Señalan que en Venezuela una de las principales preocupaciones es la inseguridad alimentaria y que “estos pueblos se sienten amenazados por el posible contagio a causa de las actividades de la minería ilegal en sus territorios”. Desde la creación del Arco Minero del Orinoco en 2016, en los 111.843 kilómetros que abarca para la explotación de minerales impera la violencia impuesta por grupos irregulares amparados por los cuerpos de seguridad del Estado.
Debido al importante ingreso económico que representa para el gobierno de Nicolás Maduro, la zona sigue trabajando a todo dar sin las tecnologías adecuadas para la minería, lo que deriva en un impacto fatal para la biodiversidad y para las comunidades originarias que habitan en la zona.
Con relación a esto, el episcopado venezolano advirtió que: “A la incertidumbre que genera la pandemia se suma el nefasto influjo de la explotación minera, con las consecuencias de evidentes peligros para el futuro de estos pueblos”.
La inseguridad alimentaria, pobreza estructural, limitado acceso a los servicios sanitarios y la desprotección del Estado que los deja expuestos a contraer el virus, son algunos de los factores comunes en las comunidades originarias de Bolivia, Colombia, Brasil, Perú y Venezuela, según lo reportado por la Repam.
Acción prioritaria
Ante esto, La Alianza de Parlamentarios Indígenas de América Latina solicita a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que recomiende a los países de la región la priorización de medidas específicas para garantizar la protección de la vida de los pueblos indígenas frente a la grave pandemia mundial.
“Estamos en un momento decisivo para la Amazonía y para el mundo, un momento de gestación de nuevas relaciones inspiradas en la ecología integral, o de la pérdida de los sueños del Sínodo, si el miedo, los intereses, y la presión de los poseedores de los grandes capitales imponen cada vez más fuerte el modelo de una economía que mata”, sentencian en el comunicado.
Ante la violencia que reina en los territorios indígenas producto de las actividades mineras y la desprotección estatal ante la pandemia que profundiza aún más las precariedades de los pueblos originarios, las distintas organizaciones mundiales solicitan a los gobernantes planificar acciones unitarias para brindarles protección y prevenir mayores consecuencias a futuro.