El cambio de rumbo de la política internacional luego de la llegada a la Casa Blanca del presidente Donald Trump, unido a la derrota de casi todos los gobiernos que había conquistado electoralmente el castro-chavismo, conduce al aislamiento del régimen venezolano y conforma una amenaza creíble para las dictaduras de Daniel Ortega y Raúl Castro.
Queda atrás la etapa populista y demagógica del proyecto totalitario chavista apuntalado en la bonanza petrolera, en el mesianismo del caudillo, en el odio social y en los desplantes antimperialistas. Ya no existe el coro sumiso y adulador integrado por los gobiernos socialistas marxistas del siglo XXI financiados con los petrodólares y guiados por las directrices de la Cuba fidelista. Sólo Venezuela y Nicaragua permanecen junto a la isla comunista en el elenco de países latinoamericanos sojuzgados aún por el totalitarismo.
Ante esa realidad la izquierda castro-chavista revive la alternativa de la violencia en América Latina, esta vez enmarcada en los parámetros que el propio Fidel Castro propuso al Foro de Sao Paulo reunido en julio de 1973. Se trata de un nuevo tipo de violencia, aparentemente espontánea, y aparentemente anárquica, que enarbola consignas destinadas a alimentar los odios sociales, a disolver los principios democráticos de convivencia y solidaridad, a quebrar el sistema económico de libre mercado y a destruir los valores de la civilización occidental.
Para realizar esas tareas no se utilizan a los tradicionales partidos comunistas carentes de liderazgo político y social, en cambio se adiestran fanatizadas vanguardias preparadas para convertir legítimas protestas sociales en violentas explosiones subversivas. Con esas características surgen los trágicos sucesos ocurridos en Chile y Ecuador que fueron iniciados casi simultáneamente a partir del mes de octubre de 2019.
En Chile se quemaron iglesias católicas y evangélicas; se destruyeron infraestructuras y servicios modernos de uso colectivo como el Metro de Santiago; se saquearon farmacias y automercados; se manipularon históricas reivindicaciones indígenas mediante brutales atentados terroristas con saldo de muertos y heridos y con la quema de centenares de camiones de transporte de alimentos; se incendiaron oficinas públicas, bibliotecas y edificios que forman parte importante del patrimonio cultural del país; se intentó el linchamiento de miembros del cuerpo de carabineros ocasionándoles impunemente graves heridas, se atacaron instalaciones militares, quebrantando de esa manera, también impunemente, el principio de autoridad y el resguardo de la seguridad ciudadana, y por supuesto se señaló en el sistema capitalista, en los grupos económicos, en la clase política y en las instituciones liberales las causas del supuesto perverso modelo de país al cual hay que destruir.
Como resultado de toda esa barbarie las pérdidas económicas se calculan en más de tres mil millones de dólares, mientras cerca de trescientas mil personas se quedaron sin empleos, se devaluó la moneda, se paralizó la producción, colapsó la gobernabilidad, se perdió la autoridad del presidente al no poder aplicar las medidas anunciadas para restablecer el orden y al contradecir sus propias decisiones en medio de la violenta crisis. Además la imagen de Chile se deteriora al suspenderse dos eventos internacionales de primera importancia que deberían realizarse en Santiago: el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 2019. Y en medio de descomunales refriegas los desbordados cuerpos de seguridad incurren en graves violaciones de derechos humanos al reprimir violentos combates callejeros que dejan decenas de muertos, miles de heridos y cientos de detenidos. A pesar de este terrible balance, una prensa internacional irresponsable calificó a aquellos sucesos como “el despertar de Chile”.
La misma receta desestabilizadora se aplicó a Ecuador, país en el que el presidente Lenín Moreno intentaba aprobar ajustes económicos, que incluyen entre otras medidas el aumento de la gasolina, con el fin de lograr del Fondo Monetario Internacional un préstamo de cuatro mil doscientos millones de dólares destinados a recuperar la destartalada economía que le dejó en herencia Raúl Correa.
A partir del 3 de octubre se iniciaron en ese país una serie de movilizaciones lideradas por la Confederación de Naciones Indígenas de Ecuador (CONAIE) junto a otras organizaciones sociales que protestaron los proyectados ajustes. Durante diez días de masivas manifestaciones se producen hechos de violencia realizados por grupos que procuraban radicalizar el conflicto. El presidente Moreno condenó los disturbios, acusó de ellos a bandas de narcotraficantes, a factores externos, al gobierno de Nicolás Maduro, y a Rafael Correa como responsables del plan desestabilizador contra la democracia ecuatoriana, y propuso a los líderes indígenas el inicio de jornadas de diálogo con el fin de negociar acuerdos que permitan solucionar a la crisis.
Luego de intensos choques violentos entre grupos radicalizados y la fuerza pública, los dirigentes fundamentales de las protestas aceptan la mesa de negociación y rechazan la infiltración terrorista. Como consecuencia de esos anuncios el presidente Moreno suspende el toque de queda que había establecido y se inicia el diálogo, con la mediación de la Conferencia Episcopal y las Naciones Unidas.
Marcando distancia con los sectores violentistas la CONAIE se abre al diálogo “para evitar un baño de sangre” y para “ayudar a la reorientación de la política económica del país”. Por su parte la Defensoría del Pueblo informa que los conflicto dejan como saldo siete muertos, mil trescientos cuarenta heridos y mil ciento cincuenta y dos detenidos, además del asalto al canal de televisión TELEAMAZONAS y la quema del edificio de la Contraloría General en donde cursan expedientes contra el expresidente Correa.
A diferencia de lo ocurrido en Chile, Lenín Moreno y los líderes opositores exploran acuerdos negociables que detengan la ola de violencia aíslen la subversión y abran camino tanto a las reivindicaciones planteadas, como a las posibles medidas que permitan la recuperación de la economía ecuatoriana.
Maduro, la violencia y el Foro de Sao Paulo.
Al referirnos a aquellos sucesos es necesario destacar cuál fue la actitud que de manera oficial asumió el régimen venezolano al proclamar su abierto respaldo a las acciones insurreccionales que sacudieron a los dos países.
Como antecedentes a esos hechos recordemos que en julio de 2019 se realiza en Caracas una reunión del Foro de Sao Paulo, con asistencia de ochocientos delegados integrantes de grupos de izquierda provenientes de todo el mundo, incluyendo a las FARC y al ELN.
En esa ocasión el presidente Iván Duque acusa a Maduro de proteger terroristas en su territorio al invitar a Iván Márquez y a Jesús Santrich a las reuniones del Foro, a pesar de que Santrich está acusado de conspirar para introducir diez toneladas de cocaína en Estados Unidos y Márquez se ha reincorporado a la subversión denunciando los acuerdos de paz.
El mandatario colombiano dice que Venezuela es “santuario para terroristas y para narcotraficantes” y su canciller Holmes Trujillo califica la actitud del régimen venezolano como “desafío a la comunidad internacional y confesión de protección a personas buscadas por el delito de narcotráfico”.
En respuesta a esas protestas, Maduro lamenta que Santrich y Márquez no hayan asistido el Foro y en un desplante retador los califica como “líderes de la paz” y reitera que serán siempre bienvenidos al país.
Recordemos también que tres meses después de esa cumbre izquierdista realizada en Caracas, ante los estallidos de violencia en Chile y Ecuador, en alocución televisada Maduro se dirige al Foro de Sao Paulo en estos términos: “Les digo desde Venezuela que estamos cumpliendo el plan. El plan va como lo hicimos, va perfecto, ustedes me entienden. Todas las metas que nos hemos propuesto las estamos cumpliendo una por una. El Foro de Sao Paulo ha salido revitalizado, se deben seguir articulando los partidos progresistas, revolucionarios y de izquierda de toda América con los movimientos sociales, esa fue la estrategia que trazamos, vamos bien, mejor de lo que pensábamos”. Mientras tanto y por su parte Diosdado Cabello declara alborozado que “la brisa bolivariana le da la vuelta a toda América y se está convirtiendo en un huracán en toda la patria grande”.
De esa manera la cúpula oficialista venezolana se proclama como el motor del proceso de subversión del continente mientras el país que despotizan sufre de crisis humanitaria severa, con la más alta inflación del planeta, con cinco millones de expatriados por el hambre, sin sistema de salud, sin gasolina con su industria petrolera liquidada, y el fortalecimiento de una maquinaria represora dispuesta a ahogar cualquier expresión de descontento popular.
La respuesta de la Casa Blanca y la “iranización” del conflicto.
Frente a esa ofensiva desestabilizadora desplegada desde Caracas hacia el resto de América, Estados Unidos produce respuestas contundentes que van más allá de las sanciones ya establecidas como castigo a la corrupción y a la violación de derechos humanos.
Esta vez la justicia norteamericana ofrece millonarias recompensas destinadas a lograr la captura de los principales jerarcas civiles y militares del régimen, quienes son acusados junto a Jesús Santrich y a Iván Márquez de traficar drogas a Estados Unidos.
Esas medidas vienen a unirse al bloqueo a nuestras costas, desplegado por fuerzas militares norteamericanas y de países aliados en la más grande operación anti- narcóticos realizada hasta ahora.
En su intento de protegerse de esas graves amenazas que se ciernen sobre su gobierno, Maduro fortalece progresivamente sus vínculos político-militares con Irán, convirtiendo al más agresivo enemigo de Estados Unidos en su aliado principal.
A diferencia de su antecesor Barack Obama, el presidente Trump asume una posición de enfrentamiento con el gobierno iraní separándose del tratado mediante el cual Estados Unidos, China, Francia, Inglaterra, Rusia y Alemania retiraron las sanciones a ese país, a cambio de de que su desarrollo atómico se desarrollara con objetivos pacíficos.
En esa misma línea en abril de 2019 Trump declara a la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista, y el 3 de enero de ese mismo año ordena dar de baja al general Qasem Soleimani jefe de la guardia Qud de ese poderoso ejército. Como sabemos, Soleimani muere al ser alcanzado por un misil disparado desde un dron militar en el aeropuerto internacional de Iraq.
Así las cosas, los venezolanos nos encontramos ante lo que pudiera ser estallido final de un conflicto que hace rato trascendió a nuestro país, y que ahora se dirige hacia aguas más peligrosas, porque esa “iranización” de la política castro- chavista nos involucra directamente en el histórico enfrentamiento de Estados Unidos y el fundamentalismo islámico.
Las acusaciones de los funcionarios de Estados Unidos contra la dictadura venezolana se dirigen a marcar esa peligrosa relación. De esa manera se pronuncia Mike Pompeo cuando pide a todos los países la suspensión de los derechos de sobrevuelo de la línea iraní Mahan Air que ha sido sancionada por Estados Unidos al ser responsable del traslado de armas y combatientes a la guerra civil de Siria y a otros conflictos del Medio Oriente.
Según el Secretario de Estado esa empresa realiza constantes vuelos a Venezuela llevando “ayuda desconocida”.
De acuerdo con sus declaraciones, formuladas a los medios internacionales el pasado 29 de abril, los gobiernos de Caracas y Teherán “son lobos de la misma camada”, y la sancionada línea de aviación “es la misma línea terrorista que Irán usó para mover en el Medio Oriente armas y combatientes”.
En medio de ese ambiente de hostilidad y desconfianza, el gobierno americano activa sus alertas cuando cinco barcos iraníes vienen, con el supuesto propósito de traer combustible, para mitigar la grave escasez de gasolina que paraliza al país, y que en medio de la pandemia, el hambre y la represión comienza a reactivar peligrosamente el hervidero social.
Se equivocan quienes intentan mirar hacia los lados, pretendiendo ignorar que esta audaz y retadora incursión de la teocracia persa es un paso importante en su progresiva penetración en nuestro país y en el continente americano.
Caracas, 24-52020
Julio César Moreno León es Miembro del Consejo Superior de la Democracia Cristiana