El diputado por el estado Lara, Guillermo Palacios, planteó ante la plenaria de la Asamblea Nacional solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una medida cautelar de protección a los habitantes de la urbanización Sucre de Barquisimeto, en virtud los atropello constantes y permanentes de que han sido objetos por parte del régimen de Maduro.
Nota de prensa
Así lo planteó el parlamentario larense durante el debate sobre las detenciones arbitrarias a manifestantes que ejercen su derecho constitucional a la protesta, principalmente a las ocurridas en el estado Lara.
Durante su intervención en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional celebrada vía Zoom este martes 26 de mayo, denunció la crisis humanitaria compleja que está enfrentando el pueblo larense, con constantes cortes de luz hasta por 12 horas, sin agua, sin gas, sin gasolina y en cuarentena por la CVID-19.
“Esta situación ha provocado los reiteradas manifestaciones, protestas y cacerolazos en el estado Lara, por lo que los cuerpos de represión del Estado han arremetido contra los habitantes de los sectores Sucre, el Tocuyo y Carora deteniendo a los jóvenes activistas políticos, sociales y ciudadanos que han manifestado su descontento por la situación caótica de los servicios públicos en el estado Lara”.
En ese sentido planteó Palacios la necesidad de solicitar una medida cautelar de protección a los habitantes de la urbanización Sucre de Barquisimeto, de manera de evitar que se sigan tomando represalias contra esa comunidad larense. Así como llevar este caso ante la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelet.
Condenó la violencia y la represión que ha intensificado el régimen en todo el país durante la cuarentena, para evitar que el pueblo venezolano proteste por su inconformidad, ante la grave crisis humanitaria, el deterioro de los servicios públicos, carencia de recursos para comprar alimento y medicinas, la escasez de gasolina y el sistema de salud colapsado.
“Frente a este panorama la gente ha salido a protestar y el régimen responde con represión y nada de soluciones, deteniendo a un pueblo que está cansado de sus mentiras, por su incapacidad de resolver los problemas”.
Reiteró la denuncia que los jóvenes presos en el estado Lara han sido torturados, dio como ejemplo que en el municipio Torres, la juez ordenó que llevaran a los detenidos a un forense y todavía no se ha cumplido con ese requisito, porque a juicio de los funcionarios eso no es necesario, quieren evitar que se revele que los detenidos han sido torturados, golpeados, humillados y vejados.
“Uno de los detenidos, el joven Giovanni Meza convulsionó durante la audiencia, por lo que la juez ordenó llevarlo al Hospital Central Antonio María Pineda. De allí lo refirieron a un centro de salud privado para realizarle unos exámenes, entre ellos una radiografía de tórax, la cual arrojó que el joven tiene cinco costillas rotas. Lo que evidencia las torturas de que han sido objeto los detenidos en todo este proceso. Y en el municipio Moran detuvieron a 13 personas, entre ellos dos menores de edad y personas con discapacidad evidente uno con síndrome de Down y el otro con serias lesiones en la columna, operado con más de 15 tornillos”, apuntó el diputado larense.
Finalmente reiteró que además del acuerdo aprobado hoy en la plenaria condenando estos hechos, va a llevar cada uno de los casos de los detenidos en el estado Lara, ante la Comisión Permanente de Política Interior para que se abra una investigación.
“Para que queden registrados los culpables de las torturas, tratos crueles, de la violación de los derechos humanos y en un futuro cuando tengamos el Gobierno de Emergencia Nacional, se castiguen a los jueces que se han prestado para que se cometan estas detenciones y atropellos contra ciudadanos que estaban ejerciendo su derecho a la protesta”, concluyó el diputado Palacios.