“Buenos días a todos los participantes en este evento. Evento que se lleva a cabo en circunstancias difíciles, para el país y para el mundo. Sin embargo, la nutrida asistencia ejemplifica el compromiso de los venezolanos de buena fe para construir un mejor futuro.
Me enorgullece ver la lista de participantes, una muestra representativa de la Venezuela petrolera que todavía sobrevive, se preocupa y se ocupa. Casi tres generaciones. Antiguos jefes, colegas, todos amigos. Los saludo con afecto.
En particular quiero reconocer a los diputados Matta y Stefanelli, a quienes he llegado a conocer y respetar en los últimos meses, y que junto con el resto de los parlamentarios arriesgan la piel, todos los días, en aras de alcanzar el objetivo superior de una mejor Venezuela. Les agradezco la invitación a participar.
Pero a lo que vinimos
Creo que podemos suponer que todos los que hoy estamos aquí perseguimos el objetivo de recuperar la Industria Petrolera y Gasífera Nacional -algunos quisieran que la petroquímica fuera parte de esta conversación-, pero por ahora concentrémonos en el IPGN.
Como trabajador petrolero de larga data, tanto en PDVSA como en la industria privada fuera de Venezuela, se me pudiera disculpar si hoy me enfocará en discurrir sobre pozos, barriles y MMPPC y hasta en millones de dólares. Pero como mi desaparecido amigo Ramón Espinasa me enseñó: La explotación eficaz de nuestros recursos no es suficiente, esa operación debe cumplir su función de ser industria, es decir debe también jalonar la economía del país y a sus ciudadanos, vinculando de manera positiva con la sociedad donde le toca operar -lo que Ramón llamaba, a principio de los años ‘90, la locomotora, mucho antes que ese término estuviera de moda-.
Es importante entonces consensuar cuáles son los objetivos que perseguimos, antes de debatir las estrategias y tácticas para conseguirlos. La discusión de una nueva legislación para la industria de hidrocarburos no puede hacerse en el vacío, y menos aún como respuesta a problemas coyunturales. La nueva Ley, como fue la de 1943 y la de nacionalización en 1975, debe ser un producto de su tiempo y de su circunstancia. Mirar atrás nos sirve para tomar lecciones, de errores y aciertos, pero no necesariamente nos señala el camino hacia adelante.
Nos encontramos ante tiempos y circunstancias sumamente particulares, y en nuestra historia, únicas.
Por un lado, seguimos teniendo una base de recursos competitiva, aunque no de la magnitud que el régimen pregona, y con las características de productividad y complejidades de colocación en el mercado que todos conocemos.
Por otro lado, nos encontramos con una industria en un estado calamitoso: Producción en caída vertiginosa; falta de competitividad; altos niveles de endeudamiento; infraestructura en ruinas; pérdida de talento humano; pérdida de disciplina organizacional en la empresa del Estado; corrupción; relaciones debilitadas con socios y en muchos casos inoperantes; refinerías en el suelo; escasez de combustibles y suministro de gas; sector de empresas de servicio en el suelo; en fin, un panorama nada halagador, que todos ustedes conocen muy bien.
Como si esto no fuera suficiente, nos encontramos en un entorno de precios de barril relativamente bajos en el corto plazo y un mercado altamente competido –shale oil, Rusia, los árabes y hasta nuestros vecinos- sin dejar de mencionar la denominada transición energética hacia la descarbonización, que nos presenta retos adicionales ya que estrecha la ventana de oportunidad.
Además, recuperar la capacidad productiva del sector requiere de ingentes recursos. Dependiendo a quien le pregunten, la necesidad de inversión pudiera estar entre 100 y 150 mil millones de dólares en la próxima década, solo para tratar de regresar a los niveles de actividad de la industria de hace 20 años. Recursos financieros estos que obviamente ni el país y mucho menos la empresa del Estado tiene -esto sin mencionar el necesario acceso a tecnología de punta y al talento humano que se requiere-.
También, al contrario de 1943, debemos vencer los arraigos de la historia transcurrida. Las creencias que a punto de repetirlas hemos convertido en obstáculos que se nos antojan insoslayables; la inercia de lo que creemos nos hace percibir los cambios como pérdidas, no oportunidades.
Así las cosas, el problema a resolver es el siguiente: Recuperar el país social y políticamente, pasa por recuperar la economía como un todo, en un círculo virtuoso. Para ello es imprescindible recuperar la IPGN de manera racional y sostenible en el tiempo. La industria de los hidrocarburos, al menos en el mediano plazo, sigue siendo nuestra mejor ventaja comparativa, y reinstaurarla como fuerza dinamizadora requiere de importantes sumas de capital, tecnología y gente.
La solución que emerge de manera lógica y natural, al menos en mi opinión, es que se deben crear las condiciones para atraer el capital necesario, que a su vez atraerá la gente y la tecnología, nacional e internacional. Esto, teniendo que competir en un mercado internacional donde hay muchas otras oportunidades de inversión petrolera que buscan los mismos capitales.
Entonces, la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos no es un capricho legislativo, aislada en las fronteras de nuestro país. Debe ser una herramienta que coadyuve a esa solución, que nos inserte de manera competitiva en el universo de productores petroleros; un sitial que alguna vez ocupamos y que hoy no es más que un recuerdo.
En ese contexto, creemos que una nueva legislación debe buscar primordialmente lo siguiente:
1. Eliminar las barreras legales que hoy impiden que los actores privados (nacionales e internacionales), aun los que ya operan en el país, actúen de una manera eficaz y eficiente.
Algunas de esas barreras:
– Obligación de ser socios de la empresa estatal.
– Obligación de que la empresa estatal tenga mayoría.
– Obligación de que la empresa estatal opere.
– Obligación de que la empresa estatal comercie el crudo.
– Monopolio estatal sobre las actividades de apoyo a la industria, entre otras.
2. Establecer condiciones que hagan competitivo y sostenible el desarrollo de los yacimientos existentes y la actividad de exploración, entre otras:
– Sistema de regalías flexibles, es decir, que mantenga la competitividad en los proyectos al hacerla dependiente de la rentabilidad de los proyectos y que además refleje las condiciones de mercado. Esto es positivo para el inversionista y para el dueño del recurso. El uno asegura su retorno en el tiempo, mientras que el otro asegura la actividad en tiempos de precios bajos y se beneficia de manera predecible en tiempos de precios altos.
– Especial consideración para proyectos de recuperación secundaria y terciaria y para proyectos maduros. Después de todo Venezuela se puede considerar como una cuenca madura. De igual manera, el sistema de regalías debe promover la explotación, uso y comercialización del gas natural -asociado y libre-.
– Tasa de impuesto predecible y competitivo con el resto de la economía.
3. Despolitizar el sector.
– Hoy día, sobre todo en industrias consideradas de bien público como son las industrias extractivas, la mejor práctica de arreglo institucional es separar las diversas funciones del Estado: Definir políticas del sector, regulación del sector y gestión del recurso, y su función de operador cuando esta función existe. Hoy día, en Venezuela, todas esas funciones están subsumidas en el Ministerio, con las desastrosas consecuencias de que todos conocemos.
– El Ejecutivo por medio del Ministerio sería entonces el responsable de definir las políticas para el desarrollo del sector en armonía con las políticas de desarrollo.
– La creación de una Agencia Venezolana de Hidrocarburos deslastraría a la empresa estatal de obligaciones de administración del recurso. La agencia reguladora sería un interlocutor técnico, apolítico y confiable y estable con todas las operadoras, incluyendo la estatal. Brasil, Colombia, Perú, México, Noruega, Reino Unido son ejemplos exitosos de cómo este modelo reorganiza el Estado de manera eficiente.
– La agencia, no es un ente desligado de la administración pública, por el contario es el brazo técnico al cual el Estado le encomienda la gestión del recurso, garantizando que la explotación del recurso redunde en la mayor creación de valor posible, administrando la relación de las operadoras privadas y estatal con el dueño del recurso.
– En este modelo, la compañía estatal se enfoca en ser la mejor operadora posible, en competencia con los otros operadores y, en el caso venezolano, dentro las limitaciones legales y de acceso a capital que hoy conocemos.
También debemos pensar en promover un sector petrolero nacional dinámico – una deuda histórica-. Operadoras nuevas, compañías de servicio, proveedores de bienes, universidades, valor compartido con las comunidades, etc., debe ser la manera natural en que el efecto multiplicador de la actividad petrolera se profundice.
Creemos que recuperar el sector de hidrocarburos es un reto gigante, pero no insalvable. Tratar de revivir el pasado o enmendarlo, no es suficiente para los retos que enfrentamos. La historia requiere que escribamos una nueva página.
Uno puede pensar que una nueva ley con las características que menciono es un albur o demasiado heterodoxa para nuestra historia, que nos iría mejor con pasos lentos y medidos. Pero en un mundo donde el Covid-19 ha hecho común el término “la nueva normalidad”, donde la competencia en el sector energético es cada vez más feroz, donde la reinvención está en boca de la sociedad, debemos acelerar la marcha y adaptarnos para prosperar en esa nueva normalidad, antes que ella nos alcance desprevenidos.
Quizás tome un tiempo ver los frutos de lo que hoy tratamos de sembrar, el terreno puede lucir infecundo, pero las generaciones futuras no entenderían si no tratamos al menos de sembrar.
Nosotros, como junta ad hoc, y yo en lo personal, continuamos a la orden para colaborar en la admirable tarea que este Parlamento ha tomado como su responsabilidad con el futuro.
Muchas gracias de nuevo”.
*Intervención realizada el 22 de mayo de 2020.