La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) mostró hoy su “profunda preocupación” por la expulsión de sus alojamientos de 9.000 refugiados en Grecia, aprobada por el Gobierno de ese país y que comenzó este lunes.
“Obligar a estas personas a salir de sus alojamientos sin garantías o medidas para garantizar que pueden valerse por sí mismos los puede condenar a la pobreza y la mendicidad”, subrayó en rueda de prensa el portavoz de ACNUR Andrej Mahecic.
La fuente oficial indicó que estos refugiados, muchos procedentes de Siria, Afganistán o Irak, no tienen fuentes regulares de ingresos, y en muchos casos se trata de familias con niños, además de supervivientes de conflictos.
El portavoz recordó que las actuales medidas contra la pandemia de COVID-19 dificultan la posibilidad de que estos refugiados encuentren trabajo o alojamiento.
Una ley aprobada por los legisladores griegos el pasado marzo reduce de seis meses a 30 días el periodo de gracia del que disponen los refugiados para pasar de un alojamiento organizado por servicios de acogida a buscar un modo de vida independiente.
Ello se traduce en la salida de sus alojamientos organizados de las 9.000 personas antes mencionadas, a la que seguirán otras 11.000 en los próximos meses, explicó ACNUR.
La agencia consideró que “es comprensible el objetivo de conseguir más recursos y espacio disponible para solicitantes de asilo”, en un momento en el que Grecia, uno de los principales países de tránsito, afronta dificultades para recibir a todos los refugiados y migrantes procedentes del Mediterráneo Oriental.
Sin embargo, la asistencia “termina de forma prematura, antes de que puedan tener un acceso efectivo a empleo y redes de seguridad social”, defendió el portavoz de la agencia.
Actualmente unos 31.000 migrantes y solicitantes de asilo viven en cinco centros de recepción para ellos en las islas del Egeo, pese a que su capacidad oficial era de sólo 6.000.
El ministro de Migración griego, Notis Mitarakis, defendió el lunes la expulsión de refugiados en los centros de acogida, pisos y hoteles donde viven, argumentando que éstos son para albergar demandantes de asilo y quienes obtienen el estatuto del refugiado deben abandonarlos.
EFE