La Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas del Gobierno Interino celebra que en sesión virtual del Consejo Permanente del OEA acaecida en fecha 27 de mayo de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expusiere a los Estados de la Región las observaciones preliminares derivadas de su visita in loco a la frontera Colombo-Venezolana y la ciudad de Bogotá, donde, entre los días 5 al 8 de febrero del año en curso, una comitiva de ese organismo regional de protección pudo comprobar de primera mano la dimensión de la crisis de movilidad humana de millones de Venezolanos que se han visto obligados a abandonar sus países debido a la emergencia humanitaria compleja y el sostenido panorama de erosión económica permanente.
A efectos de mantener a la sociedad civil informada sobre el particular, y en aras de presentar información exhaustiva y detallada, se publica la presente comunicación pública.
Contenido de las Observaciones Preliminares
Ahora bien, en cuanto al contenido per sé de las observaciones preliminares, la CIDH arguyó que, tras la visita, un hallazgo indudable es que en Venezuela existe una situación continua y acelerada de erosión de los derechos humanos, en especial como consecuencia del deterioro de la institucionalidad democrática y de la crisis humanitaria que ha conducida a la migración forzada de millones de personas. Advirtieron que las causas que han incentivado esto en gran parte es la represión desproporcionad y abusiva del Estado la cual ha mostrado su cara más virulenta durante las protestas sociales de 2014, 2017 y 2019.
La CIDH encuentra que la institucional democrática en Venezuela presenta grandes desafíos, en especial por la prolongación indefinida de los estados de excepción, la suspensión de los poderes de la Asamblea Nacional democráticamente electa, la falta de independencia judicial, la falta de garantías para elecciones libres y transparentes, la extralimitación de funciones de la irrita Asamblea Nacional Constituyente y en general, debido a la falta de subordinación de las autoridades del Estado al Poder Civil, lo cual se enmarca en una clara ausencia, absoluta si se quiere, del Estado de derecho.
Por otro parte, la CIDH concluyó que Venezuela ha vulnerado de forma sistemática varios derechos tales como la vida, la integridad personal, la libertad personal, el derecho de reunión/asociación pacífica y libertad de expresión como consecuencia de la militarización de la seguridad nacional, donde se registran un alto índice de ejecuciones extrajudiciales. También hay operativos caracterizados por el uso excesivo de la fuerza, allanamiento ilegítimo de hogares y ataques contra viviendas privadas.
La Comisión Interamericana manifestó su preocupación y alarma debido a que en Venezuela continúan practicándose torturas y otros tratos crueles e inhumanos en contra de civiles y militares privados de libertad. Especialmente esto se dirige contra militares desertores donde es posible avizorar un componente de crueldad acentuado. Esto transgrede la prohibición de tortura de grado de ius coges que recoge el derecho internacional.
Además, durante la visita fue la CIDH informada sobre casos graves de persecución de personas identificadas como adversas a la usurpación, donde encuentra muy grave la situación de hostigamientos contra parlamentarios, cuestión esta que, si bien no es un fenómeno nuevo, se ha visto notoriamente intensificado durante este último año.
También sostuvieron reunieron con estudiantes, donde constataron violaciones a la autonomía universitaria y protesta estudiantil. Liberta de cátedra y expresión son altamente restringidas, lo cual impide el pensamiento crítico y afecta la formación de los futuros líderes del país y el empoderamiento de las generaciones venideras.
Particularmente la CIDH llamó la atención sobre “el incumplimiento generalizado por parte de las autoridades de facto” de sus obligaciones en materia de verdad y acceso a la justicia, fenómeno el cual promueve la impunidad, lo cual opera de manera muy importante en casos sobre violaciones graves a los derechos humanos tales como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y sometimiento a torturas.
Respecto a este último aspecto, la Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas extiende su reconocimiento a la CIDH por haber reconocido que, en efecto, el andamiaje institucional que orquesta Nicolás Maduro es un de facto, lo cual es tanto como confirmar que están desprovistos de legitimidad democráticas. Empero, es bueno hacer notar que ello no les dispensa de sus obligaciones en materia de derechos humanos, ya que las prioridades son, y siempre serán, las personas.
Mientras persista el contexto de usurpación y el Gobierno Interino no ostente control efectivo sobre el territorio, será necesario una actividad constante de monitoreo por parte de esta Comisión, la cual ha asumido el deber de reportar y denunciar todo aquello que comprometa los derechos humanos de los venezolanos.
Finalmente, a petición de la Comisionada Arosemena de Troitiño, el Secretario Abrão llamó la atención del Consejo Permanente y muy especialmente del Estado Venezolano para que se hagan valer los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) los cuales se encuentran en un país sin perspectiva de futuro. La nueva generación está afectada por el estado dictatorial, el cual erosiona el derecho a un proyecto de vida, cuyos efectos perniciosos se profundizan debido a la Pandemia.
En síntesis, la CIDH confirmó preocupaciones previas y ratificó la intensificación y profundización de la crisis nacional de derecho humanos, por lo que, CIDH formuló recomendaciones a las autoridades de facto un conjunto de recomendaciones para garantizar el restablecimiento de derechos humanos e institucionalidad democrática. La CIDH reitero que está dispuesto para apoyar a la sociedad civil para hacer valer estas recomendaciones y así superar esta situación a través del MESEVE.
Síntesis y Conclusiones
La Comisión Presidencial para Derechos Humanos saluda a las hermanas republicas americanas que se pronunciaron para dar sus impresiones sobre los hallazgos de las observaciones preliminares de la visita in loco de la CIDH en la frontera entre Colombia y Venezuela, en la cual tuvimos el honor de participar activamente.
Notamos que existen puntos comunes de preocupación en los países que tomaron el derecho de palabra durante la sesión, por lo que continuaremos trabajando de forma mancomunada con el Embajador Gustavo Tarre y su equipo en la Misión Permanente de nuestro país en la OEA en aras de continuar tomando la única alternativa correcta, a saber, continuar en el ejercicio permanente de la denuncia para el registro de estas violaciones. Claramente, la Comisión Presidencial se encuentra satisfecha con este resultado, máxime cuando fue una propuesta esgrimida a principios de mayo de 2020 y a finales de mes ya estaba siendo discutido directamente en el Consejo Permanente. A pesar de lo anterior, no consideramos que existen motivos para celebrar. Todo lo contrario. La Comisión Interamericana ha detectado que los problemas sobre los que ya tenían conocimiento se han agudizado.
Particularmente notamos que esos resultados de febrero, por loables y útiles que resulten, a la fecha no se corresponden con un panorama nacional asediado por la escasez de gasolina, el aumento de la crisis económica y la imposibilidad de sostener una cuarentena humana para la mayoría de los venezolanos en el marco de esta Pandemia por COVID-19, la cual muestra indicios de aumento significativos en estos venideros meses. No es exagerado afirmar que Venezuela es lo más cercano, desde la perspectiva de los derechos humanos, a una distopía en la realidad. El absurdo de instituciones del Estado promoviendo violaciones en lugar de protección es algo que, a principios de este siglo, a pesar del silente deterioro democrático, era difícil de imaginar. Sin embargo, es ese el contexto con el que nos vemos obligados a lidiar millones de venezolanos.