Nicolás Maduro ha puesto en marcha el proceso para celebrar elecciones parlamentarias bajo su control absoluto antes de que acabe el año. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha dado el primer paso al decretar “omisión legislativa” del Parlamento democrático con el objetivo de nombrar un Consejo Nacional Electoral (CNE) a la medida, para lo que cuenta con grupúsculos colaboracionistas de la oposición. Otra trampa más del chavismo, sin mayor sorpresa en esta ocasión de tan esperada.
Por DANIEL LOZANO / elmundo.es
Poco importa que esa no sea una atribución constitucional del TSJ, órgano de la revolución que desde 2015 ha golpeado al Parlamento y a la oposición con un centenar de sentencias en contra, incluida la del “desacato” desde los primeros días de su constitución. En este momento, ninguna de las agrupaciones políticas importantes de la Unidad Democrática pueden participar en los comicios, al encontrarse inhabilitados sus líderes o suspendidos los partidos. Entre ellos Voluntad Popular, donde milita Juan Guaidó, cuyo proceso de disolución avanza en medio de la pandemia.
“Es un nuevo intento de usurpar las funciones de la Asamblea Nacional (AN). Estos ataques no callarán ni detendrán nuestra lucha”, adelantó el diputado Miguel Pizarro desde el exilio.
La maniobra ilegal del chavismo estaba cantada porque bajo ninguna de las circunstancia el grupo parlamentario gubernamental más sus distintos aliados alcanzarían las 2/3 partes requeridas para elegir al nuevo CNE. Atrás queda un rosario de maniobras cuyo único objetivo fue bloquear a la oposición en la Asamblea Nacional (AN), que sí contaba con 2/3 partes al principio. Ni una sola de las leyes aprobadas durante cinco años fueron puestas en marcha por el gobierno de Maduro.
“La farsa del TSJ de Maduro declara una omisión legislativa en la designación de un CNE que el mismo Maduro saboteó. ¿Creen que así van a resolver la grave crisis que han generado? A ustedes les sabe a porquería este país y este país va a demostrarles que es de oro y se hará libre”, protestó Juan Pablo Guanipa, vicepresidente legítimo de la AN.
Los partidos colaboracionistas que acompañan a Maduro cuentan entre sus filas con los ex candidatos presidenciales Henri Falcón, ex gobernador chavista, y Javier Bertucci, reverendo evangélico cercano al poder. Todos ellos se reunieron con los líderes revolucionarios alrededor de la llamada Mesa de la Diálogo (conocida como la Mesita en los círculos políticos caraqueños), que incluso contó con el visto bueno y la participación del ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y del canciller ruso, Serguei Lavrov.
“Una salida electoral organizada por la dictadura es un mal chiste. No es admisible desde ningún punto de vista”, criticó con firmeza Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos.
La sentencia del TSJ también supone un cubo de agua helado para todos aquellos que vieron en el acuerdo alcanzado entre Guaidó y Maduro para combatir la pandemia el inicio de una desescalada política.
“Estaba muy claro lo que iba a pasar, con recurso o sin recurso, no es una sorpresa. Es una línea estratégica muy clara del régimen, una carta marcada. La declaración de omisión la iban a hacer de todas todas. El paréntesis que se vio con una negociaciones de un CNE medianamente independiente fue puro cuento. El régimen no va a soltar una pieza tan fundamental como el CNE. Y lo que viene son nombramientos de cuatro progobierno y uno de la oposición (colaboracionista). El gobierno no puede arriesgar, hacer inventos para satisfacer a la galería. Debe jugar su juego cerrado. Lo que viene es más de lo mismo”, explicó para EL MUNDO el politólogo Luis Salamanca, ex rector del CNE.