Venezolanas de todas las edades, incluyendo menores de edad, son víctimas de las redes de tráfico sexual en Trinidad y Tobago (TT), de acuerdo a reportes publicados en la isla vecina de las costas del oriente venezolano.
Las redes de tráfico sexual en TT es un fenómeno en el que no sólo participan redes crimínales de ambos países, sino también autoridades de la isla, según un editorial publicado este lunes por Newsday.
A continuación el editorial titulado “El sórdido tema de los delitos sexuales”.
”DOS declaraciones sobre crímenes sexuales la semana pasada insinúan mejoras en la respuesta oficial al tráfico y agresión sexual.
La directora de la Unidad de Lucha contra la Trata de Personas, Alana Wheeler, anunció el jueves en una reunión policial que la investigación sugiere que TT tiene un fuerte apetito por los servicios sexuales en relación con otras islas de la región.
Wheeler postuló que la demanda local era una razón para un negocio robusto de tráfico sexual. La unidad recientemente desmanteló una gran red de tráfico de menores desde Venezuela a Trinidad, revelando un círculo de corrupción que incriminó a los agentes de policía en filas que iban desde el agente hasta el inspector.
El comisionado de policía Gary Griffith explicó que un grupo de 75 oficiales estaba siendo monitoreado por actividad corrupta, pero si bien hay inteligencia sobre sus acciones, no hay evidencia suficiente.
Claramente molesto, Griffith señaló que: «En algunos países esa inteligencia debería ser suficiente para que estos oficiales sean removidos».
En enero de 2019, un oficial de la Reserva Especial se enfrentó a cargos de violación, agresión sexual grave y falso encarcelamiento de una mujer venezolana.
Ese caso es solo un indicador de la normalización del abuso criminal y la explotación de mujeres y menores en Trinidad y Tobago.
Wheeler informó que la mayoría de las víctimas de la trata de personas en este país son objeto de explotación sexual en un 85 por ciento, en comparación con un promedio mundial del 59 por ciento.
Para julio de 2019, la Unidad de Protección Infantil había presentado 247 cargos e hizo 97 arrestos para ese año, advirtiendo a los padres, tutores y cuidadores que ejerzan más precaución en el cuidado de sus cargos.
La semana pasada, el comisionado de policía amplió esa respuesta, anunciando una nueva Unidad de Delitos Sexuales dentro del servicio, prometiendo «unidades de élite que tienen personas altamente capacitadas que entienden la sensibilidad, la confidencialidad y cómo tratar con las víctimas y cómo perseguir al perpetrador».
La nueva unidad trabajará en conjunto con los recursos y capacidades de la Unidad de Protección Infantil y la Unidad de Violencia de Género (GBVU) existentes. La nueva unidad, dirigida temporalmente por la Supt Claire Guy-Alleyne, jefa de la GBVU, tendrá el mandato de investigar la agresión sexual contra víctimas adultas.
Estas mejoras de investigación están siendo igualadas por leyes renovadas diseñadas para endurecer las consecuencias de los delitos sexuales.
En febrero, la Ley de Delitos Sexuales (Enmienda) de 2019 se convirtió en ley, permitiendo al comisionado de policía crear una lista de delincuentes sexuales, y los nombres se pueden publicar en línea. «Las leyes vigentes con respecto al registro de delincuentes sexuales eran inadecuadas, inconsistentes y subutilizadas», dijo el Ministerio de Asuntos Jurídicos en un comunicado de prensa que anunciaba las nuevas leyes.
Esa enmienda legislativa también endurece los recursos legales para las víctimas de agresión sexual.
Estos avances en la vigilancia y el enjuiciamiento deben coincidir con la resolución del siglo XXI de limitar las oportunidades para estos crímenes horribles”.