Los trataban como esclavos, los llamaban “monos” y les daban de beber agua de los canales de riego. Son algunos de los detalles de la vida de los migrantes que trabajan como jornaleros en las regiones de Basilicata y Calabria, en el sur de Italia, hechos surgidos de una intervención policial que se saldó con 52 detenciones.
La operación “Demetra” llevada a cabo por Guardia de Finanza italiana concluyó con esos 52 arrestos y 14 compañías agrícolas incautadas entre las localidades de Matera y Cosenza por explotar a cerca 200 migrantes, informaron en un comunicado.
Las investigaciones comenzaron con uno de los muchos controles de carretera que los agentes realizan todos los días, cuando se detuvo a una camioneta en la que vajaban siete trabajadores.
A partir de ahí y durante un año se investigó hasta descubrir una amplia red de explotación de migrantes, sobre todo ciudadanos pakistaníes, magrebíes y de Europa del Este) a los que pagaban unos 80 céntimos por caja de cítricos recogida o 10 euros diarios, mientras que mujeres llegadas de Europa del Este recogían fresas por 28 euros al día.
Cifras con las que se tenían que pagar los gastos de transporte y de alimentación y a quienes daban viviendas inhumanas, se explica en la investigación.
Asimismo, a los arrestados se les acusa de favorecer la migración ilegal ya que permitían entrar a los trabajadores incluso organizando matrimonios de conveniencia, y después el divorcio, para obtener un permiso de residencia.
La explotación en los campos, sobre todo en el sur del país, no es un nuevo, pero esta vez las escuchas telefónicas de los capataces son escalofriantes.
“A los negros les falta un par de botellas de agua. Pues que las llenen en el canal. Hay unas botellas tiradas entre los arbustos; que se recojan de allí y se llenen en el canal”, se escucha a uno de los responsables de las empresas agrícolas.
“¿Dónde están los monos?”, pregunta uno de los capataces, protestando porque aún no han llegado los empleados, un lenguaje racista que se repite en todas las escuchas.
“Los trabajadores estaban alojados en locales infrahumanos , sucios, sin calefacción, y muchos de ellos dormían en el suelo, explotados y tratados como objetos, sin ningún derecho. E incluso para vivir allí se vieron obligados a pagar una suma de dinero a los sospechosos”, explicó el coronel Danilo Nastasi, comandante provincial de la Guardia di Finanza de Cosenza.
Los detenidos pertenecían a dos asociaciones criminales, 47 de ellos se ocupaban del control de la actividad agrícola ilegal y establecían los métodos de reclutamiento y las condiciones de empleo.
El resto pertenecían a una segunda organización, vinculada a la primera, que son los que se ocupaban, tras el pago de grandes sumas de dinero, de organizar los matrimonios de conveniencia, destinados a garantizar la permanencia en territorio italiano.
El Ejecutivo aprobó el pasado 12 de mayo una ley para la regularización de migrantes jornaleros y cuidadores domésticos que permitiera su acceso a un permiso de residencia temporal y paliar así la falta de mano de obra provocada por la crisis del coronavirus y evitar los casos de explotación.
EFE.