La llegada del coronavirus a Venezuela no solo encendió las alarmas de las autoridades sino también de los más de seis mil privados de libertad en el país y sus familiares, debido al hacinamiento y a la falta de alimentos que hay en las cárceles y en los centros de detención preventiva, lo que convierte a la población penitenciaria en una de las más vulnerables ante esta enfermedad.
Desde el inicio de la cuarentena se han tomado medidas para resguardar a la población carcelaria: suspensión de las visitas, desinfección de los calabozos, en algunos centros del país han realizado pruebas de despistaje, pero aún así siguen sin estar seguros y con la atención médica y de alimentación necesaria.
A inicio de abril, Iris Varela otorgó 1.373 libertades a presos “mediante la figura del Régimen de Confianza Tutelado (RCT), contemplado en los artículos 161 y 164 del Código Orgánico Penitenciario”.
Otras 36 libertades han sido dadas a través de tribunales, para un total de 1.410 beneficios otorgados en los últimos 3 meses, según información recabada por los investigadores de Una Ventana A La Libertad, organización dirigida por Carlos Nieto Palma.
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