Desde abril hasta el mes en curso, 2.102 reclusos han sido liberados bajo la modalidad de “régimen de confianza tutelado”, el cual consiste en un cambio de un centro de reclusión cerrado a otro abierto con actividades agroproductivas, entre otras, tal como lo establece el Código Orgánico Penitenciario los artículos 161 y 164.
“Efectivamente ustedes fueron beneficiados por esta forma que otorga el Gobierno revolucionario. Espero no volver a verlos más nunca pisando una cárcel”, fueron las palabras de la ministra Iris Valera, titular del Ministerio de Servicios Penitenciarios, quien estuvo este fin de semana en el estado Lara y otorgó 316 libertades durante la noche del viernes.
Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), está de acuerdo con la liberación de los reclusos que cumplen con los requisitos para obtener éste beneficio, principalmente en el contexto de la pandemia por Covid-19, pero manifestó que el procedimiento que están efectuando no es el correcto.
“Para optar por su libertad los presos deben cumplir con ciertos perfiles, se deben trasladar a otra área del penal o a un centro agroproductivo bajo supervisión del Ministerio y en vehículos para estos fines, pero en estos casos son liberados con un acta y ellos mismos deben buscar cómo se trasladan a sus viviendas. Están violando flagrantemente la norma e independencia del Poder Judicial, que es el único que puede otorgar libertades, tal cual como lo expresa el Código Procesal Penal”, expresó Girón.
Al mismo tiempo, la directora del OVP indicó que el video grabado durante el fin de semana desde la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara es la evidencia de que los organismos de justicia no participan en este operativo dentro de las cárceles, sino que por el contrario es una decisión de la ministra, del Poder Ejecutivo.
Aunado a esto, el equipo del OVP constató que los internos han sido liberados a su propia suerte, no son trasladados a centros abiertos con programas socio educativos y para el trabajo. Incluso han habido casos de reos que fueron liberados y no podían movilizarse por sus precarias condiciones de salud, por lo que presuntamente llamaron a sus familiares para que se encargaran del traslado.
En otro orden de ideas, gran cantidad de familiares manifestaron su descontento porque no tomaron en cuenta a los reclusos que tienen penas cumplidas ni a los enfermos que claman por una medida humanitaria. En ese sentido, aseguraron que muchos de los reclusos que obtuvieron el beneficio fueron elegidos a dedo, la mayoría apresados por delitos de robo.
A continuación, el desglose de los 2.102 liberados bajo la figura de Régimen de Confianza Tutelado:
Internado Judicial Rodeo I y II, en el estado Miranda: 122 presos liberados.
Centro Penitenciario Yare, en el estado Miranda: 161 presos liberados.
Internado Judicial de Monagas, conocido como La Pica: presos liberados.
Complejo Penitenciario Tocuyito, en el estado Carabobo: 382 y 150 presos liberados (en dos visitas durante abril y mayo).
Centro Penitenciario Los Llanos, conocido como Cepella, en el estado Portuguesa: 217 presos liberados.
Centro Penitenciario 26 de Julio, en el estado Guárico: 180 presos liberados.
Comunidad Penitenciaria Coro, en el estado Falcón: 160 presos liberados.
Internado Judicial de Yaracuy, conocido como La Cuarta: 145 presos liberados.
Comunidad Penitenciario Fénix y Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana, en el estado Lara: 316 presos liberados.
Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en el estado Miranda: 9 reclusas liberadas.
