Duro varapalo para el ingeniero opositor Enzo Franchini y su familia, quienes pensaban que, tras la tajante postura de la Fiscalía durante la vista, celebrada el año pasado, había quedado más que claro que el joven venezolano no debía ser extraditado a Venezuela. Y ya no por tratarse precisamente de un país en el que no se garantizan los derechos humanos o que, por motivos humanitarios o políticos, haya sido abandonado por más de 5 millones de venezolanos, según cifras de Acnur.
Por Esther S. Sieteiglesias | larazon.es
En 2017, el chavismo acusó a Franchini, que también tiene nacionalidad italiana, de ser el asesino de otro joven, que no era opositor, y murió en las protestas después de una disputa callejera de la víctima con bandas enemigas de «parqueros».
Enzo reconoce que participó en las protestas contra Nicolás Maduro y fue testigo del horrible crimen aquel 20 de mayo de 2017, pero “no lo cometió”. Él, como parte de “La Resistencia”, se encargaba de recoger con su moto a los heridos para que no respirasen el gas lacrimógeno o por si necesitaban alguna intervención urgente.
Tras la acusación por parte de Caracas, el ingeniero opositor se vino a vivir a España, primero a Valencia, y después a Madrid. Hasta que el verano pasado, el chavismo emitió una orden de detención internacional y fue arrestado por la Policía Nacional.
El 13 de noviembre, cuando tuvo lugar la vista, el ministerio público aseguraba que «con esta descripción de los hechos, en España, la sentencia tendría que ser absolutoria». El fiscal Marcelo Azcárraga insistió entonces en que, en la documentación remitida a España «no se describe ninguna actividad delictiva del reclamado»: «Se viene a decir que el referido sujeto se encontraba presente en el lugar del hecho, en el momento de ocurrir el hecho», es decir, «que estaba presente en el lugar de los hechos al igual que muchas otras personas», pues se trataba de una manifestación antichavista.
Sin embargo, la Sala de lo Penal Sección 1ª de la Audiencia Nacional ha accedido a extraditar a Franchini a Venezuela. En las seis páginas del auto, a las que tuvo acceso este periódico, exponen que «la Fiscalía informó en favor de la desestimación de la extradición. En iguales términos se pronunció la defensa de Franchini, alegando su inocencia respecto a la agresión objeto de la reclamación y que esta tenía una motivación política». Con todo, la Audiencia Nacional sigue adelante.
Recursos de súplica
Tanto la defensa como la misma fiscalía han presentado sendos recursos de súplica contra la extradición.
La fiscalía hace hincapié en que «el reclamado» se encontraba manifestándose contra el Gobierno de Venezuela en la plaza Francia Altamira.
«En ese mismo lugar, por razones desconocidas se encontraba la víctima Orlando Figuera Esparragoza, quien con ánimo de atentar contra su integridad física recibió varios impactos de arma blanca de otros individuos contra los cuales no se dirige este procedimiento y con los que le unía una enemistad manifiesta por causas laborales».
Y es que antes de fallecer, el joven Orlando Figuera, describió a las autoridades chavistas lo sucedido, dando tanto los motes de sus agresores como sus reseñas físicas, características, por cierto, que no coinciden con la fisiología de Enzo Franchini. Tampoco mencionó al joven ingeniero. Esta documentación la ha tenido en cuenta el ministerio público. También hay imágenes grabadas del violento incidente. Por lo que la fiscalía alega que «tras ser apuñalado, estos sujetos comenzaron a increpar en voz alta diciendo que la víctima era un ladrón, momento en el cual otros sujetos de la manifestación la emprendieron con él y le rociaron con gasolina, prendiéndole fuego».
«Los individuos sólo fueron identificados por sus apodos: Malandrín, Momo, Pecas, Oriental y el Menor. El reclamado no ha sido identificado ni vinculado con ninguno de dichos apodos por la autoridad reclamante». De ahí que la Fiscalía insista en que en ningún momento del relato de hechos de la documentación remitida se recoja que Enzo participase en apuñalar a la víctima ni que sea «el único supuesto autor de la agresión identificado en la indagación», como expone en el auto la Sala de lo Penal Sección Primera.
Situación inédita
«Lo lógico, es que, en todo proceso extradicional, quien ejerce esa acusación, quien ejerce el mandato del país requirente en España es la fiscalía», aseveran desde Oliver abogados, el despacho que lleva la defensa de Enzo Franchini pro bono.
«En este caso, que la Fiscalía, incluso al principio del procedimiento solicitó la libertad de Enzo (quien estuvo detenido “injustificadamente” en la cárcel de Soto del Real desde el 11 de julio hasta el 4 de noviembre) porque ya vio que la documentación extradicional que venía de Venezuela no cumplía con los requisitos extradicionales y que hasta en dos ocasiones, tanto en sus conclusiones como ahora en su recurso, se oponga de la manera tan contundente como se han opuesto a la extradición de Enzo, es cuanto menos, sintomatológico de que la extradición y los documentos que remiten las autoridades venezolanas no cumplen ni siquiera un requisito extradicional», indica Ismael Oliver.
Desde el despacho de abogados, manifiestan su sorpresa y remarcan que «es muy poco común que, en un procedimiento de extradición, la fiscalía se oponga a la extradición. Lo normal es que la fiscalía siempre se muestre a favor de la extradición y apoye la documentación que el país requirente envía a la autoridad judicial española», explica el letrado.
Eso sí, los abogados de Enzo Franchini agotarán todas las vías judiciales para evitarlo y declaran estar dispuestos a todo para salvarle. «Confiamos en el pleno de la sala de lo penal, donde hay gente muy capaz. Creo que ellos van a tomar esa diligencia y ese cuidado de, por lo menos, leerse el expediente bien y darse cuenta de que las partes personadas estamos en la misma línea: que aquí no se puede dar la extradición», concluye Ismael Oliver.