El abuso sexual de una menor embera chamí de 13 años, en la que estarían implicados ocho soldados, despertó repudio e indignación nacional, y llevó a que se escucharan voces para que en el caso se aplique la recién aprobada cadena perpetua para violadores y asesinos de menores.
El mismo presidente Iván Duque calificó la situación como “un hecho doloroso, bochornoso e inadmisible” que debe castigarse ejemplarmente y pidió que a los culpables “les caiga todo el peso de la ley sin contemplación alguna”.
Y añadió: “si nos toca estrenar con ellos la cadena perpetua, la vamos a estrenar con ellos y con cualquiera que quiera pisotear la dignidad de un niño, para que cojan escarmiento esos bandidos, esos sinvergüenzas que creen que pueden pasar por encima de la dignidad de nuestros niños en Colombia”.
Le ordenó además al comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, que hablara directamente con el gobernador del cabildo y le garantizara que ese tipo de hechos no se iban a repetir ni a tolerar.
La directora del ICBF, Lina Arbeláez, dijo que se ordenó activar la ruta de atención de restablecimiento de derechos de la menor, “ante el repudiable acto de violencia sexual” y pidió garantías en su caso así como “todo el peso de la ley para sus abusadores”.
Adriana Benjumena, directora de la organización Humanas, que trabaja por la justicia de género, alertó sobre la desprotección que enfrentan en el país los menores de edad, especialmente comunidades indígenas, que han sido “históricamente excluidas y discriminadas”.
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