Un tribunal federal en Houston espera subastar el miércoles 100.000 barriles de gasolina que una empresa naviera sospecha que un magnate venezolano cercano al régimen chavista de Nicolás Maduro planeó enviar al país sudamericano.
La compañía, Brujo Finance Company, que tiene su sede en las Islas Marshall, temía que el acuerdo pudiera exponerla a sanciones estadounidenses. El caso muestra cómo algunas compañías marítimas prefieren enfrentar a clientes en la corte que el riesgo de que sus buques sean sancionados.
En una demanda presentada en mayo ante el Tribunal de Distrito Sur de Texas en Estados Unidos, Brujo dijo que su buque, Alkimos, cargó gasolina en Panamá en marzo y el fletador, Sea Energy Company, dijo que era un viaje a Aruba o Curazao.
Brujo dijo que Sea Energy informó que Alkimos debía descargar a través del mecanismo de transferencia barco a barco en Aruba a Beauty One, un petrolero que atracaba con frecuencia en Venezuela. Brujo agregó que pidió garantías a Sea Energy de que la gasolina no iría al país sudamericano, pero no recibió una respuesta satisfactoria.
Estados Unidos impuso más sanciones a la estatal venezolana Petróleos de Venezuela en enero de 2019 en un esfuerzo por propiciar la salida de Nicolás Maduro, además ha impuesto medidas a navieras que transporten crudo venezolano y ha advertido de sanciones contra otras empresas que hacen negocios con el régimen chavista.
Brujo invocó la cláusula de sanciones de su contrato y llevó a Sea Energy a un arbitraje, allanando el camino para la subasta. Brujo busca resarcir los daños y perjuicios por los honorarios en que incurrieron con Alkimos mientras esperaban.
Sea Energy y ES Euroshipping -el dueño de la carga- acusó a Brujo de “robo” y dijo que la operación no presentaba riesgos porque el buque Beauty One no fue sancionado.
“Ninguna ley aplicable (…) impone un embargo completo contra Venezuela”, escribieron las compañías.
ES Euroshipping es propiedad de Wilmer Ruperti, un magnate venezolano que coordinó un envío de gasolina a Venezuela en abril. Washington está investigando a Ruperti por posibles violaciones de las sanciones.
Reuters