La Corte Suprema de Justicia ha negado, por segunda vez, la solicitud de hábeas corpus para la liberación de Alex Saab, considerado por Estados Unidos como testaferro de Nicolás Maduro.
Una fuente judicial adelantó al Expresso das Ilhas que el Tribunal Supremo era conocido el martes después de haber negado la primera solicitud a fines de junio.
Sin embargo, Estados Unidos pidió formalmente a las autoridades de Cabo Verde que extraditaran al empresario, según la agencia Lusa.
La solicitud formal de extradición se realizó a través de la Oficina del Fiscal General (PGR) de Cabo Verde y el proceso también incluirá una solicitud de autorización del Ministerio de Justicia, como le dijo una fuente del gobierno a Lusa.
El proceso de extradición comprende una fase administrativa, con la intervención del Ministro de Justicia, quien puede dar su aprobación o no, y una fase judicial, que en este caso corresponde al Tribunal de Apelaciones de Barlavento (segunda instancia), en la isla de São Vicente, que comienza “después de la decisión favorable de la solicitud de extradición” de ese miembro del Gobierno, explicó previamente a Lusa fuente de la PGR.
Dado que la detención preventiva de Alex Saab se ordenó con fines de extradición, dos días después de su arresto en la isla de Sal, mientras se detenía cuando, según el Gobierno de Venezuela, viajaba como su “enviado especial”, Estados Unidos tenía 18 días para solicitar su extradición. Por lo tanto, la solicitud se hizo a Cabo Verde antes del final de este período, que aún podría extenderse a 40 días.
Alex Saab, ciudadano colombiano con pasaporte venezolano, fue arrestado la noche del 12 de junio sobre la base de una orden de arresto internacional emitida por los Estados Unidos, una decisión previamente criticada por el abogado defensor.
Estados Unidos acusa al empresario de negocios corruptos con el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
El embajador venezolano en Cabo Verde, residente en Dakar, argumentó que el arresto del empresario Alex Saab Morán constituye una violación “grave e inaceptable” de las reglas de soberanía y no injerencia en los asuntos internos de otro país.
En nombre de Venezuela, el embajador solicitó que las autoridades judiciales de Cabo Verde pongan fin a “esta situación ilícita de manera urgente”.