Tres contratistas de defensa estadounidenses retenidos durante cinco años por rebeldes izquierdistas en Colombia dieron un paso más para cobrar una sentencia de 318 millones de dólares contra sus antiguos captores, luego de que un juez de una corte superior de Estados Unidos desestimó una apelación de último minuto de un empresario venezolano sancionado cuyos activos quieren reclamar.
Por Joshua Goodman / The Associated Press
El magistrado Clarence Thomas se negó a escuchar la apelación de emergencia presentada por Samark López, manteniendo la orden de una corte de apelaciones federal que entregó inmediatamente más de 53 millones de cuentas bancarias del empresario en Estados Unidos, que habían sido incautadas previamente, mientras se resuelve una disputa sobre un fallo de una corte menor.
La decisión se dio a conocer el jueves en un reporte de Russ Dallen, director de Caracas Capital Markets, que monitorea los litigios relacionados con Venezuela. Los abogados de López depositan ahora sus esperanzas en una apelación de emergencia presentada el martes ante la juez Sonia Sotomayor de acuerdo con las normas del Tribunal Supremo.
Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes fueron capturados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2003, cuando su avión fue derribado durante un vuelto que monitoreaba el tráfico de drogas. El piloto, Tom Janis, fue asesinado por los rebeldes luego de que el aparato se estrelló.
Los tres trabajaban para Northrop Grumman. Fueron liberados hace 12 años junto a la excandidata a la presidencia de Colombia, Ingrid Betancourt, en un temerario rescate del ejército colombiano.
En 2012, un juez federal en Florida concedió a los tres hombres una indemnización de 318 millones de dólares a pagar de las cuentas bancarias incautadas a narcotraficantes ligados a las FARC, que está en la lista de grupos terroristas.
Pero no habían podido recibir el dinero hasta que el presidente Donald J. Trump promulgó discretamente en 2018 la Ley de Aclaración Antiterrorista, que permite que las víctimas de grupos terroristas reciban activos incautados por el gobierno estadounidense en base a leyes antidroga.
La nueva normativa permitió que los hombres fuesen tras los activos de López bloqueados en Estados Unidos, que incluyen una cuenta de Citibank con 269 millones de dólares, dos yates, un avión y propiedades de lujo en Miami.
López es un poderoso hombre de negocios en Venezuela cuya fortuna creció gracias a los contratos gubernamentales obtenidos en las dos últimas décadas de mandato socialista. Fue sancionado por Estados Unidos en 2017 como “capo de la droga” junto al entonces vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, quien ahora funge de ministro de Petróleo, por supuestamente lavar beneficios del tráfico internacional de narcóticos.
Pero los vínculos entre López y las FARC son tenues en el mejor de los casos, según su defensa, en la que está Dick Gregorie, un exfiscal de Miami con un largo historial de encarcelar a narcotraficantes. El año pasado, durante un juicio por el reclamo de los tres hombres sobre sus activos, expertos de la acusación — entre los que había un exagente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos — afirmaron que López solo tenía lazos indirectos con los rebeldes a través de su amistad con El Aissami, quien según las autoridades estadounidenses ayudó a las FARC a mover cocaína a través de Venezuela.
Las FARC no fueron mencionadas directamente cuando se sancionó a López y El Aissami en 2017, y los únicos cargos penales conocidos en su contra son por fletar vuelos privados en Estados Unidos violando las sanciones, no por narcotráfico.
Dallen dijo que si los tres hombres tienen éxito en su reclamo judicial, esto podría permitir a las víctimas de las FARC adelantarse a los acreedores venezolanos y a los oponentes del presidente Nicolás Maduro que buscan recuperar los bienes supuestamente robados a través de la corrupción.