Este miércoles, la Oficina del Comisionado para las Naciones Unidas realizó el encuentro “Sur del Orinoco: Oro de sangre y destrucción”, en el cual participaron la Organización SOS Orinoco, Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela y el Comisionado Presidencial para el Arco Minero, Américo de Grazia.
Por: CCN
El foro estuvo moderado por Miguel Pizarro, Comisionado para las Naciones Unidas, quien brindó sus opiniones sobre este tema: “El Sur de Orinoco es una zona que se está desintegrando que tiene control de grupos irregulares, de mafias internas, pranatos, la Fuerza Armada Nacional. Es una zona donde se impone la violencia”.
En los últimos años, el sur del Orinoco ha sido protagonista de actividades ilícitas, corrupción, narcotráfico, minería ilegal y masacres en contra de los pueblos indígenas debido a la gran riqueza de piedras preciosas que allí se encuentran. Sobre esto, miembros de la organización SOS Orinoco declararon: “El gran contagio de enfermedades erradicadas, muertes por desnutrición, inseguridad alimentaria y el avance de enfermedades como el VIH en las comunidades indígenas tiene que ver en gran medida con el conflicto minero y la devastación sin precedentes que hoy observamos con gran preocupación en la Amazonía venezolana”.
“La crisis del sur del Orinoco es una faceta de la crisis venezolana que hasta ahora ha sido muy poco visible, pero es una que impacta a toda la región. El régimen está dando la clara señal de que la minería indiscriminada, que deforesta, que envenena con mercurio y sedimenta los ríos, tiene prioridad sobre la preservación del ambiente extremadamente delicado del sur de Venezuela y la estructura social de los pueblos indígenas” afirmaron representantes de la Organización SOS Orinoco.
La directora ejecutiva de la ONG Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, señaló el control de los grupos criminales que obtienen financiamiento a través de funcionarios del régimen. De Freitas señaló: “Lo que hoy ocurre en el sur del país, el comercio y la minería ilegal, la destrucción del medio ambiente, de los pueblos que viven acá y del futuro de estas zonas es permitido bajo la mirada cómplice de quienes deberían proteger y salvaguardar la Constitución. En estas actividades no solo trabajan guerrilleros y grupos irregulares, también cuerpos de seguridad del Estado tienen el control y comercialización de cientos de minas”.
“Desde el año 2016 hasta la fecha actual, se han registrado un aproximado de 40 masacres en las zonas mineras del país debido a conflictos de los grupos criminales y cuerpos de seguridad, estas masacres han aterrorizado a los ciudadanos venezolanos ya que no solo ocurren muertes sino desmembramientos y prácticas de tortura. Las victimas en su mayoría son personas inocentes, mineros o miembros de los pueblos indígenas que hacen vida en estos lugares” declaró la directora de Transparencia Venezuela.
Según cifras de la ONG Transparencia Venezuela, solo entre 10% y 30% del oro extraído en el país va hacia las arcas oficiales del Banco Central de Venezuela, lo demás es comercializado en el mercado negro internacional.
Américo de Grazia, diputado a la Asamblea Nacional y Comisionado Presidencial para el Arco Minero, acotó: “La actividad minera es una política prácticamente introducida en toda la región del sur del Orinoco, que no es el arco minero que el régimen delimitó en el año 2016, esta es una actividad progresiva y criminal que se realiza bajo el visto bueno del régimen. El fin es el mismo, la corrupción, el comercio informal y la destrucción del país”.
“Todo esto ha traído grandes consecuencias en los servicios públicos, en la energía eléctrica, en el agua, para las etnias indígenas, en los Parques Nacionales y afecta enormemente a la población que allí vive por la contaminación masiva del agua. Millones de venezolanos que viven en los estados donde se practican estas actividades criminales consumen un agua que es altamente tóxica para su salud” declaró el Comisionado Américo de Grazia.
Para finalizar el Comisionado Presidencial para las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, aseveró: “Queda muy claro que la actividad minera mata al medio ambiente, a poblaciones indígenas, a la tierra. Pero además está destruyendo importantes zonas no sólo de reserva forestal sino de tierras ancestrales. El oro alimenta no sólo la corrupción de la cúpula de Nicolás Maduro sino también a grupos irregulares y además es una extracción minera que no tiene ningún beneficio a nuestra economía, es solamente una acción para alimentar a la economía ilegal”.
“Lo que hoy sucede en el sur del Orinoco ocurre en un país donde el régimen ha decidió cerrar las vías electorales, ha perseguido y judicializado a dirigentes políticos, sindicales, indígenas. Ocurre en un país en donde la próxima semana hay un informe que realizará la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, y en el cual pedimos el apoyo de toda la comunidad internacional para su divulgación. Y sobre todo ocurre en un país que cuenta con procedimientos especiales en la temática internacional para poder tomar acciones” concluyó el diputado Pizarro.
Este evento organizado por la Oficina del Comisionado Pizarro fue privado, dirigido a misiones diplomáticas y funcionarios de Gobierno de distintos países.