Apple acordó pagar unos 25 dólares a cada uno de los usuarios en Estados Unidos que se vieron afectados por el caso de obsolescencia programada que se conoció a finales de 2017, cuando la compañía reconoció la existencia de un algoritmo que ralentizaba la batería en modelos más antiguos para mantener el rendimiento.
Por Infoabe
A finales de 2017, ante las quejas de usuarios y consumidores que notaron cómo sus iPhones se ralentizaban al actualizar a las versiones 10.2.1 y 11.2.0 del sistema operativo de iOS, Apple explicó que había introducido un algoritmo para ralentizar su rendimiento cuando el procesador alcanzaba picos de alta potencia, con el objetivo de evitar que el ‘smartphone’ se apagase de forma repentina.
En un comunicado que se emitió en su oportunidad, la compañía dijo que su objetivo “ha sido siempre crear productos seguros apreciados por los clientes y una parte importante de eso es hacer que los iPhone duren tanto como sea posible”.
Este algoritmo se introdujo en las familias iPhone 6, SE y 7 para reducir estos picos de exigencia, es decir, modelos antiguos que, de ese modo, se adaptaban al sistema operativo más reciente. Con esta herramienta Apple defendió su uso para limitar la potencia disponible de la batería o distribuir la demanda de energía durante varios ciclos.
Luego de este incidente, Apple se vio forzada a ofrecer reemplazos de baterías con descuentos especiales, pero eso no fue todo. Algunos consumidores estadounidenses consideraron que esto era una forma de obsolescencia programada, ideada para que cambiaran sus iPhone por modelos más actuales, e iniciaron acciones legales contra la compañía en una demanda colectiva.
Más de dos años después de esa acción legal y en el marco de un acuerdo extrajudicial, Apple accedió a pagar entre USD 310.000.000 y USD 500.000.000 a los usuarios afectados en Estados Unidos, según el número de reclamos presentados.
Esto significa, como se lee en el texto compartido con la autorización del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, el pago de 25 dólares por cada uno de los dispositivos afectados siempre que cumpla las condiciones acordadas.
Cabe recordar que Italia multó a la compañía, por este mismo motivo. En octubre de 2018, el regulador italiano de la competencia anunció una multa de USD 11,4 millones a Apple. Se dijo que las actualizaciones de los sistemas operativos en los viejos modelos de Apple “provocaron graves disfunciones y redujeron de manera significativa sus prestaciones, acelerando así su sustitución”.
Por su parte, en febrero de 2020 la Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión del Fraude (DGCCRF) en Francia sancionó a la empresa por este motivo con una multa de 25 millones de euros. Se consideró una mala práctica por parte de Apple que no informara previamente a sus consumidores sobre el hecho de que actualizar el software de sus iPhones los haría más lentos.
La entidad también indicó que la empresa debía consignar en su sitio web francés un aviso que diera cuenta de esta situación para advertir a los usuarios.