Lilia Camejo, abogada y directora ejecutiva de la Organización No Gubernamental (ONG) Justicia Venezolana, confirmó este miércoles que militares que se encuentran detenidos en diversos centros de reclusión del país suman cuatro meses sin recibir visitas de sus familiares debido a un confinamiento extremo al que han sido sometidos.
Sobre este tema, la jurista detalló que se trata de una medida arbitraria por parte de los cuerpos de seguridad del Estado que está causando daños psicológicos a quienes permanecen tras las rejas por razones estrictamente políticas.
“Desde el inicio de la cuarentena decretada en el país hemos hecho eco desde Justicia Venezolana, del llamado de la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet; exhortando al Estado venezolano a otorgar medidas cautelares que permitan que estos funcionarios sean puestos a resguardos con sus familias en sus hogares. Hasta ahora solo han recibido más aislamiento”, destacó la profesional del derecho.
Camejo precisó que con estas medidas, que calificó como violatorias de derechos humanos, se incumple con los establecido en la Constitución, en el Código Orgánico Penitenciario y tratados internacionales como las Reglas Nelsón Mandela de la ONU; entre las cuales incluyen la obligatoriedad de visitas a los detenidos.
Camejo enfatizó que hay uniformados privados de libertad en delicado estado de salud a quienes urge atención médica y otros a los que el aislamiento está afectando emocionalmente. En este sentido, solicitó que -tomando las medidas de bioseguridad correspondientes- se les permita contacto con el mundo exterior mientras se asignan las cautelares solicitadas.
Nota de prensa