La organización FundaRedes y su Observatorio de derechos humanos presentó los resultados de su informe Curva de la Violencia, correspondiente al segundo trimestre del año 2020, el cual evidencia un incremento de la criminalidad en los estados fronterizos de Venezuela aun cuando el país se encuentra en medio de fuertes restricciones por la pandemia, con un aumento en homicidios de 28 %, desparecidos y/o secuestrados de 83 % y enfrentamientos armados de 22,3 %, con respecto al mismo período del año 2019.
La Curva de la Violencia fue presentada a través de una transmisión en línea, donde Javier Tarazona, director de FundaRedes detalló como Bolívar, Zulia y Táchira se han convertido en los tres estados fronterizos más violentos del país, presentación que además fue sustentada con la ponencia de los doctores Fermín Mármol García y Jesús Alberto Berro destacados académicos expertos en criminalística y en derecho.
Tarazona detalló que los índices de criminalidad en las poblaciones fronterizas siguen en constante aumento a pesar del confinamiento en que se encuentra la población ante la declaratoria del estado de alarma por la pandemia del COVID-19, y mientras el país está inmovilizado, los homicidios en el primer trimestre 2020 superan con creces las víctimas por el virus.
Igualmente dijo Javier Tarazona que durante los meses abril, mayo y junio 2020, hubo un incremento de muertes violentas en relación con el mismo lapso de 2019: de 338 la cifra ascendió a 435; es decir, 28,7 % más crímenes. En el caso del estado Bolívar sumó 186 muertes violentas, Zulia 143, Táchira 64, Falcón 33 y Apure 9. De Amazonas no fue posible obtener cifras de esta variable debido a las debilidades informativas de la región.
La Curva de la Violencia registró que Táchira es el estado donde hubo más desaparecidos: 16; seguido de Bolívar con 13, Falcón con 10, Zulia con 3 y Apure con 2 según se demuestra en la investigación de los analistas que también documentó que hubo un total de 170 supuestos enfrentamientos armados, 22,3 % más que en el mismo trimestre de 2019 cuando hubo 139.
Al comparar las cifras de la Curva de la Violencia del segundo trimestre de 2020 con el mismo lapso de 2019, en Zulia se cuadruplicaron los enfrentamientos: de 20 a 80, con 128 personas muertas, aun cuando es uno de los estados donde se ha mantenido la cuarentena radical por el COVID-19.
La opacidad informativa, el cierre de medios, la censura, y los ataques a la prensa libre y al ejercicio del periodismo, han llevado a que en los estados Apure y Amazonas cada vez exista menos difusión de lo que ocurre; así mismo la ausencia de los cuerpos de seguridad es una constante en Bolívar. Para el segundo trimestre del 2020, se convirtió en el estado fronterizo con más homicidios (186) y el segundo con más supuestos enfrentamientos (64).
En tal sentido Javier Tarazona explicó que parte de las causas de este incremento de la violencia, está relacionada con la actividad comercial en la frontera, que ha generado que se asienten organizaciones armadas y delincuencia común que de manera permanente quienes se disputan el control territorial, especialmente las vías de paso ilegal (trochas), y en el caso de Bolívar que se enfrentan por la explotación minera.
Otro aspecto destacado por FundaRedes es el uso de armas de fuego para perpetrar crímenes, situación que sigue evidenciando que buena parte de la población en las fronteras está armada pese a que en el país está vigente la Ley para el Desarme, Control de Armas y Municiones.
La posible participación de funcionarios de cuerpos de seguridad en crímenes, los convierte en presuntos responsables de los enfrentamientos y las muertes ocurridas en estos hechos, sobre los cuales FundaRedes ha advertido en varias ocasiones que los venezolanos en la frontera son víctimas de una política de exterminio.
Durante su participación el doctor Fermín Mármol García, reconoció el esfuerzo de FundaRedes por documentar la violencia en la frontera, y aseguró que es parte del desmontaje de los poderes públicos y la situación de una frontera absolutamente caliente, violenta ante la inoperancia de los organismos y de la aplicabilidad de las leyes y garantías. Refirió que existe “primitivismo institucional” porque las instituciones son parte del problema, y todo este escenario conlleva a una fractura lógica de lo correcto y deriva en el deterioro de la sociedad.
Por su parte el doctor Jesús Alberto Berro, resaltó la importancia de la actuación de la sociedad civil y el rescate de las instituciones del Estado, a fin de retomar propuestas para que retorne el estado de derecho y se cumpla con las garantías y la seguridad que establece la Constitución y las leyes que permitirían el sosiego, la tranquilidad y la soberanía de la población.