Hasta hace unas semanas, Joaquín Leal era un empresario mexicano de 28 años que aparecía con cierta frecuencia en los medios locales como un “gurú energético” y daba opiniones sobre las tarifas de luz, el futuro del mercado eléctrico mayorista o las perspectivas gubernamentales para los hidrocarburos. En otras ocasiones, aparecía como un joven emprendedor, que apostaba por las nuevas tecnologías para sus negocios o como un filántropo que apoyaba con materiales médicos y despensas de alimentos a hospitales y personas de bajos recursos en la periferia de Ciudad de México. Desde el 18 de junio, su nombre está ligado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo señala como el articulador, junto a Alex Saab, actualmente detenido en Cabo Verde y considerado como presunto testaferro de Nicolás Maduro por las autoridades estadounidenses, de una red que comercializaba petróleo por alimentos entre México y Venezuela. Un opaco entramado a través de las empresas Libre Abordo y Schlager Business Group, según documentos a los que han tenido acceso EL PAÍS y Armando.info.
Por ELÍAS CAMHAJI / JAVIER LAFUENTE / ROBERTO DENIZ / elpais.com
Desde hace poco más de un mes, todos los activos de Leal y de las personas involucradas han quedado “congelados”, tanto por las autoridades estadounidenses como por las mexicanas. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que dirige Santiago Nieto, sigue el rastro de cerca de 200 millones de euros que pactó Libre Abordo con Corpovex, la estatal venezolana encargada de centralizar las importaciones públicas. El Departamento del Tesoro y el FBI han puesto en la mira a Leal y a dos mujeres mexicanas vinculadas a Schlager y Libre Abordo: Verónica Esparza, de 47 años, y a su hija Olga María Zepeda Esparza, de 24. Leal y Zepeda Esparza no solo llaman la atención por su corta edad, también por la magnitud de las acusaciones y los negocios que manejaban, lo que ha desencadenado la investigación del Gobierno mexicano. Las autoridades mexicanas buscan dilucidar el papel de sus connacionales en estos tratos y si se cometieron delitos que ameriten una sanción. Washington sostiene que los intermediarios mexicanos fueron piezas clave para evadir las sanciones impuestas por la Casa Blanca a Venezuela. El nombre de Leal, que no ha querido hablar con este diario, y de sus socios, entre los que aparece otro joven emprendedor venezolano que EE UU no ha vinculado al caso, está ahora en el foco de esas pesquisas.
Un ascenso meteórico
La carrera de Leal se antoja fulgurante. Estudió Administración de Empresas en el Babson College, una universidad privada en Boston reconocida por tener uno de los mejores programas de emprendimiento de Estados Unidos. Con apenas 23 años fundó con otros dos socios Suministro Sustentable de Energía en México S.A.P.I. de C.V. (Sumex), la primera empresa privada a la que se le permitió revender electricidad en México. La reforma energética de 2013, uno de los proyectos estrellas del Gobierno de Enrique Peña Nieto, no solo significó una apertura sin precedentes para el mercado del petróleo en México, también abrió la puerta a nuevos actores en el sector eléctrico. Y Sumex fue de los primeros en llegar, incluso antes que los grandes inversores privados y extranjeros, según se recoge en publicaciones especializadas y en declaraciones de sus socios.
En un mercado en ciernes, sin parámetros técnicos bien definidos, Sumex empezó a cerrar tratos con decenas de clientes públicos y privados entre 2016 y 2017, e ideó un sistema de licencias de comercialización regionales para cerrar tratos en los 32 Estados de México y hacerse de capital, comenta una fuente que trabajó en la empresa. Según esta versión, el esquema le permitió ingresar decenas de millones de pesos, que no se invirtieron en la empresa, sino en gastos ostentosos.
“Operaba como una empresa que tuviera ingresos, cuando aún les faltaba mucho trecho que recorrer”, de acuerdo con la fuente. En la sede de la empresa se empezaron a ver camionetas del año, servicios de escoltas, secretarias extranjeras, salidas a restaurantes y bares caros. “Todo mundo hablaba de Joaquín como si fuera un niño prodigio, un genio de la energía eléctrica y los negocios”, recuerda, en una descripción que corroboran personas del sector y conocidos. La fuente, que atestiguó de primera mano los primeros años de Sumex, relata que los socios de Leal lo acusaron de malversar unos 90 millones de pesos y tratar de encubrirlo con facturas falsas hechas por su madre. En 2017, Leal vendió sus acciones a sus exsocios y dejó la compañía, como consta en actas del registro comercial de México.
Sumex anunció más tarde ese año que se había hecho de un contrato para suministrar electricidad al Estado de Baja California, en la frontera con Estados Unidos, pero no pudo cumplir con sus obligaciones y fue demandada en 2018 por el Centro de Control de Energía, un organismo gubernamental que vigila el desempeño de las empresas del sector. El convenio, finalmente, no se concretó. El episodio de Sumex no fue el único que levantó dudas sobre su reputación, de acuerdo con otra fuente especializada en el sector eléctrico. Desde su graduación, Leal se ostentaba por años como colaborador del Massachusetts Clean Energy Center, una agencia estatal de desarrollo económico. El centro refiere que hizo una pasantía de tres meses en 2012 y que después no supo de él.
El joven empresario se encargaba de diseminar boletines en la prensa que alardeaban sobre grandes inversiones a empresas que había creado apenas unos meses antes. Previo a su inclusión en la llamada lista negra de la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC), las notas periodísticas que mencionan a Leal seguían un patrón. Solía ser la única persona mencionada en los artículos y se citaban declaraciones relativamente cortas que se repetían en varios medios de comunicación, como si fueran sacadas de un boletín. Antiguos colaboradores aseguran que sus apariciones eran inserciones pagadas.
Un empresario prolífico
Entre agosto y septiembre de 2019 se dio a conocer en varios medios de circulación nacional que The Mystic Universe Capital, un supuesto fondo de inversión canadiense concentrado en proyectos de impacto social, invertiría en Luzy, una empresa creada por Leal el año pasado. Pese a que abundan las notas sobre las supuestas inversiones de Mystic Universe Capital, no existe ninguna referencia en Internet, en francés o en inglés, sobre el fondo de inversión canadiense. En la página de Mystic Universe Capital, ahora eliminada, no había ningún nombre, teléfono o correo de contacto, ni siquiera una razón social y solo aparecen una docena de empresas vinculadas con Leal, su familia y grupo Diversidad SA de CV, una comercializadora de energía en la que trabajó como asesor tras su salida de Sumex en 2017 hasta noviembre pasado, se ve en capturas de la página web que recopilaron EL PAÍS y Armando.Info.
“Es joven, ambicioso, soberbio… un tipo con mucho conocimiento del mercado eléctrico, con ideas innovadoras de lo que se podía hacer”, describe José Adolfo Murat, el dueño de Diversidad. “[Mi reacción tras verlo en la lista de la OFAC] fue de mucha sorpresa, le perdí la pista desde que dejó de trabajar con nosotros”, asegura Murat, que agrega que nunca estuvo al tanto de los tratos de Leal con Venezuela o Saab y que está dispuesto hacer cualquier aclaración pertinente. Sobre su salida de la empresa, Murat comenta que su empleado le dijo que “se había aburrido” y que buscaba nuevos proyectos.
La página web de Mystic Universe Capital, donde se aseguraba que se habían invertido más de 300 millones de dólares en empresas de Leal y Murat en todo el continente americano (desde EE UU y Guatemala, hasta Colombia, Argentina y Chile), estaba alojada en el servidor de Diversidad, según el código fuente del sitio web. Murat aseguró en una primera entrevista que no tenía conocimiento de esto, pero después lo corroboró con su equipo de informáticos y señaló que hará sus propias pesquisas para ver si su exempleado cometió abuso de confianza.
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