La decisión del expresidente y senador Álvaro Uribe de renunciar a su curul en el Congreso tiene efectos inmediatos en el proceso que se sigue en su contra por presunto soborno a testigos y fraude procesal.
Ahora se tendrá que definir si su expediente lo mantiene la Sala de Instrucción de la Corte Suprema –que le dictó medida de aseguramiento con detención domiciliaria– o si pasa a la Fiscalía, como los solicitará este miércoles su defensa, en cabeza de Jaime Granados.
Su renuncia irrevocable fue aceptada una hora después, con 82 votos a favor y 12 en contra.
Senadores que votaron en contra de su salida recordaron que el propio Uribe dijo, en julio de 2018: “Nunca he eludido a la Corte Suprema, para que ahora inventen que la renuncia al Senado es para quitarle la competencia. La acusación sobre testigos que me hacen la basen en hechos realizados a tiempo que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte”. En ese entonces, cuando se le abrió el proceso, echó atrás la renuncia.
Sin embargo, para allegados al senador, las cosas han cambiado. Aseguran que en las 1.554 páginas de la medida de aseguramiento nunca se vincula la conducta que se investiga –determinador de los sobornos– con su función de senador, a pesar de que sí se menciona que miembros de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Uribe, habían recibido y tramitado temas relacionados con caso en la Corte.
Así las cosas, para la defensa, quedaría por fuera de la órbita de la Corte Suprema, a la luz del artículo 235 de la Constitución. Este señala en uno de sus parágrafos que así hayan cesado en el ejercicio de su cargo, mantienen su fuero aquellos cuyas conductas punibles tengan relación con las funciones desempeñadas.
En este punto se cita el caso del exsenador Yair Acuña, investigado por soborno dentro de un proceso que no tenía que ver son su función de legislador. Por eso, la propia Corte (incluida la Sala de Instrucción) lo dejó en manos de la justicia ordinaria.
Bajo esa lógica jurídica, la defensa de Uribe indicó que ya le pidió al Senado la certificación de la aceptación de la renuncia. Esta se adjuntará al proceso con la argumentación del por qué, en su criterio, la Corte pierde la competencia sobre el caso.
Según Granados, se hará el mismo procedimiento con cada uno de los casos contra su cliente que están en el alto Tribunal, cuyas conductas bajo la lupa no tendrían nexo con su función de senador. Entre estos están las indagaciones preliminares por presuntas interceptaciones ilegales y el de supuestos nexos con el hacker Andrés Sepúlveda.
“No podría existir algo diferente a que la Corte tramite la petición y pase el proceso a la Fiscalía. Acá no se está pidiendo un trato especial para el presidente Uribe sino que se aplique las normas vigentes como a cualquier otro ciudadano”, indicó Granados.
De hecho, no se descarta acudir a una tutela o a la Corte Constitucional para que se dirima la competencia.
Lee la nota completa en EL TIEMPO