El abogado defensor de Derechos Humanos Rafael Narváez aseguró que la asamblea constituyente, que fue convocada por Nicolás Maduro, ha sido un paredón judicial, con el que perseguir a la disidencia política y que además acabó con la separación de los Poderes Públicos en el país. En este sentido advirtió que, a pesar del anuncio del cese de actividades de esta instancia en el venidero mes de diciembre, las consecuencias de la actuación de la constituyente seguirán manifestándose en el futuro.
“Esta instancia creada por el Ejecutivo y avalada por el máximo tribunal de la República deja profundas heridas difíciles de sanar a los ciudadanos venezolanos, a nuestra Constitución y a los derechos humanos en nuestro país”, expresó Narváez, quien señaló que, al haberse arrogado un carácter plenipotenciario, la constituyente, aniquiló, bajo la figura ilegal del “desacato” al único foro político legítimo electo en el año 2015, como es la Asamblea Nacional (AN-Parlamento).
Argumentó Narváez que, mientras la asamblea constituyente fue convocada por el Ejecutivo, a diferencia de lo que establece la Constitución, que debe hacerlo el pueblo, el Parlamento fue producto de la expresión de la soberanía popular que reside en el pueblo a través del voto directo y secreto, que es el instrumento sagrado para dirimir los conflictos en una Democracia.
“El despojar a la AN de las facultades, competencia, atribuciones de legislar y de control establecidas en nuestra Constitución, ya indicaba que el objetivo no era la elaboración de un nuevo pacto social o Carta Magna, sino, por el contrario, la de invadir los espacios de la AN”, aseveró el director de la ONG Derechos Civiles.
Recordó el profesional del derecho que la constituyente, nada más tomar posesión, inició la persecución implacable a más de 30 diputados, allanando su inmunidad parlamentaria, algo que constitucionalmente compete al Poder Legislativo, para luego ordenar a los cuerpos represivos, violadores de los derechos humanos, buscarlos, detenerlos y recluirlos en los calabozos del Sebin, Dgcim, Ramo Verde y Fuerte Tiuna.
“En esos calabozos, los representantes electos por el pueblo han sido víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, otros enviados al destierro y la mayoría tuvo que huir a otros países. La asamblea constituyente controla, aprueba el Presupuesto, legisla, nombra titulares de los Poderes Públicos, como al Fiscal General, el Defensor del Pueblo y Contralor General, juramenta a gobernadores, ejecuta actos de memoria y cuenta del Jefe de Estado, todo lo cual dinamitó la separación de poderes, cuya autonomía e independencia quedó socavada, contrariando la Constitución, que es nuestra norma suprema”, expresó Narváez.
Agregó que, sin duda alguna, el país ha estado en presencia de un verdadero Paredón judicial contra la alianza opositora, que no contó con el derecho a la defensa ni con la presunción de inocencia.
“Esta instancia no quedó satisfecha con toda la vulneración de los DDHH, sino que aprobó una ley contra el delito de odio, algo que permitió al Estado perseguir, detener y condenar a periodistas, médicos y todo ciudadano que exprese descontento e inconformidad contra la profunda crisis de salud, de servicios básicos como el agua, gas doméstico y energía eléctrica que actualmente se vive en nuestro país”, insistió el abogado.
Concluyó diciendo que la decisión por parte del Estado, de anunciar la fecha de extinción de la ANC, no borrará la violación sistemática DDHH y el entierro de la separación de poderes en Venezuela. “Habría que preguntarle al estado, que Constitución es la que ejecuta, la aprobada en el año 99 por el soberano que está vigente y que estamos todos obligados a acatar y a respetar o alguna de Bolsillo”.