En una cálida tarde de finales de junio, la gente acudió en masa a las mesas al aire libre de la calle principal de esta ciudad para tomar sauvignon blanc, comer pizza cocinada en horno de leña y celebrar “Dining Under the Lights”, uno de los pasatiempos favoritos de los residentes del Condado Marin.
A una milla de allí, Crisalia Calderón estaba acurrucada en su apartamento, enfrentando una noche de insomnio mientras lidiaba con los primeros síntomas de COVID-19.
La empleada doméstica, de 29 años, tenía dificultades para respirar. “Cada vez que intentaba dormir, sentía que me ahogaba”, contó durante una entrevista reciente. Su esposo, Henry, trabajador de la construcción, sufría un terrible dolor de espalda.
Unos días antes, Henry la había llamado sollozando desde una sala de emergencias después de dar positivo para el coronavirus. La pareja y sus tres hijos pequeños comparten un apartamento del barrio del Canal con la hermana de Crisalia y los cuatro miembros de su familia. “Él no quería volver a casa”, dijo ella. “¿Pero qué podíamos hacer? ¿A dónde podría ir?”
En casa, Henry trató de aislarse en la litera de arriba de una de las camas de sus hijos. Pero era demasiado tarde. En una semana, todas las personas de la vivienda, excepto dos, dieron positivo para COVID-19.
Las comunidades de color de bajos ingresos, especialmente los latinos, sufren cada vez más el peso de la pandemia de coronavirus en California, donde la propagación de infecciones entre los trabajadores pobres del sector servicios, que viven en condiciones de hacinamiento, ha resaltado el aumento de las desigualdades raciales y económicas.
Estas disparidades son particularmente marcadas en la idílica Marin, donde el aumento de nuevos casos de COVID-19, concentrados en un superpoblado vecindario latino, ha ayudado a que el condado figure en la lista de vigilancia de pandemias del estado.
Los latinos, que constituyen el 16% de la población del condado, representan el 75% de las infecciones por coronavirus —cerca del 90% desde mediados de junio—, según el doctor Matt Willis, funcionario de salud pública del condado de Marin. Después de registrar sólo un puñado de casos en los primeros meses de la pandemia, el condado tiene ahora la tasa per cápita más alta del Área de la Bahía.
“Se trata de nuestra fuerza de trabajo esencial”, explicó Willis. “Esto no es el resultado de la socialización casual durante los ‘happy hour’”.
El Canal, llamado así por la vía fluvial en su frontera norte que una vez fue el paseo marítimo comercial de San Rafael, es un distrito llano y densamente poblado en un suburbio del Área de la Bahía famoso por sus aldeas sobre las laderas de las colinas y sus vistas multimillonarias.
Las dos millas y media cuadradas del Canal están salpicadas de talleres de automóviles, palmeras descuidadas e hileras de edificios de apartamentos de baja altura ocupados por inmigrantes de México, Guatemala y El Salvador. La llegada de jóvenes latinos casi ha triplicado la población del barrio desde los años 90.
“Es como un pueblo hispano donde todos se conocen”, explicó Jennifer Tores, de 22 años, nativa del Canal y empleada en una tienda de ropa de descuento.
Los trabajadores del Canal están a un mundo de distancia y, al mismo tiempo, íntimamente conectados con pueblos ricos como San Anselmo y Tiburón, donde limpian mansiones, enceran Teslas y sirven cafés con leche a $6 la taza.
Más de la mitad de las familias de esta comunidad ganan menos de $35,000 al año, en un condado donde el ingreso promedio es casi el triple. Con frecuencia, dos o tres familias deben vivir juntas en un apartamento para poder pagar los infames altos alquileres de Marin. Los Calderón viven de paga en paga para cubrir la mitad de los $2,100 de alquiler mensual, y se las arreglan para enviar dinero a sus familiares en Guatemala.
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