Las sanciones de Estados Unidos y una industria petrolera en colapso están impulsando al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela a intensificar la explotación ilegal de oro, incluso en áreas protegidas del Amazonas.
Por Fabiola Zerpa | Bloomberg.com
Traducción libre del inglés por lapatilla.com
La cantidad de territorio utilizado para la minería se ha más que triplicado desde marzo del año pasado, según un estudio de la organización local sin fines de lucro Wataniba. Se espera que la actividad se acelere aún más después de la autorización en abril de nuevos lotes en cinco ríos.
Venezuela ya tiene una próspera industria de oro ilegal que devasta vías fluviales, bosques y comunidades indígenas y financia a grupos armados violentos. Ahora las autoridades chavistas están ayudando a suministrar equipos para establecer operaciones más formales que procesan oro a través de una nueva instalación estatal y venden el metal al régimen, dijeron personas con conocimiento del asunto. El trabajo continúa incluso en medio de estrictos bloqueos y escasez de combustible en el resto del país.
Las sanciones estadounidenses y los años de subinversión han llevado la producción de petróleo venezolano a su nivel más bajo desde la década de 1940. Eso ha convertido al oro en una fuente clave de ingresos para Maduro, quien ha recurrido a la venta de reservas a aliados como Irán y Turquía mientras lucha en los tribunales por la repatriación de los lingotes en el extranjero. Con la perspectiva de operar en áreas del país en gran parte sin ley que no son atractivas para los mineros globales, Maduro está buscando hacer crecer una industria nacional poco supervisada y aprovechar los crecientes precios del metal.
“Las áreas mineras en la Amazonía venezolana han crecido de manera caótica, incluso en áreas aledañas a pueblos y ciudades”, dijo Tina Oliveira, directora de Wataniba, que realiza trabajos socioambientales en la región.
Sin duda, el número de minas ha disminuido. Pero eso se debe a que las operaciones se han fusionado. Un estudio satelital de Wataniba muestra que su alcance había crecido a 116.655 hectáreas (alrededor de 160.000 campos de fútbol) en marzo de este año desde las 33.926 hectáreas del año anterior.
Desde 2016, cuando Maduro estableció el Arco Minero del Orinoco que abarca 11,2 millones de hectáreas, hasta las últimas cifras oficiales en 2018, las compras estatales de oro crecieron 15 veces a 9,7 toneladas.
El régimen dice que la minería en las nuevas áreas se centrará en extraer oro de las arenas vertidas en las riberas de los ríos durante los últimos 120 años de explotación ilegal.
“Nuestras políticas están enfocadas en el uso de nueva tecnología para reducir la modificación ambiental irreversible”, dijo a la televisión estatal el funcionario chavista Gilberto Pinto, quien es vicealmirante de la Marina, el 3 de agosto. “Las cláusulas de remediación en nuestros contratos de empresas conjuntas son muy estricto”.
Pinto no respondió a las solicitudes de comentarios adicionales.
Legisladores como Olivia Lozano dicen que el crecimiento del arco minero le permite al régimen supervisar las minas ilegales vinculadas a las pandillas en lugar de cerrarlas.
“El régimen entregó muchas áreas mineras a sus aliados, quienes extraen oro y lo dividen con el gobierno, y luego lo envían al exterior”, dijo Lozano.
Américo De Grazia, exalcalde de la región minera de Piar, tiene previsto abordar el asunto en Naciones Unidas, desde Italia, donde vive en el exilio.
El oro extraído por pequeños operadores y empresas conjuntas es enviado por el régimen a Irán, Turquía y el Caribe en un comercio que ha ocasionado las sanciones de Estados Unidos sobre Maduro.
Nueva maquinaria de minería, así como remolques, se están enviando bajo custodia oficial a la región, dijeron personas con conocimiento del asunto que pidieron no ser identificadas por temor a represalias. El material se envía para su procesamiento en el complejo Manuel Piar en Ciudad Guayana, dirigido por la estatal Corporación Venezolana de Minería (CVG), y custodiada por la policía de inteligencia y el ejército.
La minería está invadiendo parques nacionales y áreas protegidas, incluso cerca del Salto Ángel que inspiró la película de Pixar “Up”, según varias ONG y la Asamblea Nacional. Algunos grupos indígenas han migrado a Brasil debido a la contaminación del agua y la deforestación resultante de la minería, según la ONG Kape Kape.
La escasez de gasolina que ha llevado a un estricto racionamiento a nivel nacional desde marzo no ha detenido la minería en Venezuela. El combustible en las áreas mineras está disponible a 5 dólares el litro, el más alto del país, dijeron las personas.