Hace unas semanas, gracias a una amnistía otorgada por la Asamblea Nacional de Ecuador, José Sarmiento, expresidente del Consorcio de Justicia Indígena de San Pedro, en la provincia del Cañar, salió del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Turi, ubicado en la ciudad de Cuenca, al sur del país.
Sarmiento, de 63 años, había sido condenado por los delitos de secuestro y daño al bien ajeno, al administrar la justicia indígena en sus territorios, luego de que prosperaran tres de 25 denuncias en su contra. Permaneció tres años y ocho meses en ese recinto carcelario.
“Fue un atropello a nuestra justicia indígena de parte de la justicia ordinaria, estoy seguro”, comentó a su salida del CRS, al hacer referencia a que fue condenado al ser “criminalizado” por ejercer la administración de la justicia en sus territorios.
Junto a Sarmiento, salió de la prisión María Sotamba, de 61 años, también miembro de la comunidad de San Pedro del Cañar, quien fue procesada en el 2018 bajo el delito de secuestro. Permaneció en la prisión un año, ocho meses y cinco días.
Un día antes, amparados en esta misma amnistía del Parlamento —aprobada el 30 de julio de 2020—, recuperaron su libertad los comuneros Ángel Belisario Calle Calle, de 54 años, y Luis Eduardo Calle Espinoza, de 72, que se encontraban en el CRS Cañar.