El Foro Penal de Venezuela, en su conteo, destaca que de las 110 personas a los que Nicolás Maduro otorgó “indultos”, sólo el 28% estaba encarcelado por razones políticas. Alfredo Romero, director de esta ONG informó que fueron liberadas 50 personas que permanecían en centros penitenciarias o calabozos policiales o militares, lo que representa tan sólo el 13% del total de presos políticos que esta ONG contabiliza desde 2003. Es decir, de 386 privados arbitrariamente, siguen tras las rejas 336 ciudadanos.
Ana Uzcátegui || LA PRENSA DE LARA
Romero precisó que 37 personas de los 110 indultados, jamás fueron presentadas ante un tribunal o se inició un juicio para comprobar la existencia de los delitos a los que se les responsabilizaba. En este grupo se incluyen a 22 diputados que tenían su inmunidad parlamentaria allanada, están en el exilio o la clandestinidad.
Además 16 personas de los beneficiados tenían medida cautelar, y 7 ya gozaban de libertad plena. Desde el Foro Penal destacan que en la lista no hay ningún militar indultado, a pesar que existen 126 funcionarios castrenses presos, que han sido acusados de traición a la patria, rebelión o delitos Contra el Decoro Militar.
Los de mayor rango y quienes ostentaron altos cargos en el gobierno son el general en jefe, Raúl Baduel, arrestado el 13 de abril de 2009 y quien desde 2017 está recluido en La Tumba del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Fue ministro de la Defensa en el gobierno de Hugo Chávez, y el mayor general en jefe Miguel Rodríguez Torres, detenido el 13 de marzo 2018, encarcelado en la sede de la Dirección General de Inteligencia Militar, fue ministro de Interior de Chávez y Nicolás Maduro.
“El indulto corresponde de acuerdo a la ley, a personas que han sido condenadas, por lo tanto el gobierno no puede indultar jamas a una persona que jamás ha estado en un tribunal“, acotó Abraham Cantillo, coordinador del Foro Penal en Lara, quien espera que el decreto sea publicado en Gaceta Oficial para conocer con exactitud las condiciones jurídicas en las que están siendo liberadas estas personas.
Carlos Luna, internacionalista, explicó que la medida presidencial tampoco puede considerarse como un “sobreseimiento”, porque según el Código Orgánico Procesal Penal, este se aplica cuando la causa se cierra por falta de pruebas. “Se da cuando no se tienen elementos de convicción para juzgar a una persona, razón por la cual la persona puede mantener sus derechos políticos. Yo lo que siento es que esto es un intercambio de fichas, es un secuestrador que libera rehenes en función de ganar tiempo para mantenerse en el poder“, argumentó, al sostener que el propósito del régimen también es intentar legitimar las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre que han sido cuestionadas internacionalmente.
Desde Provea, esperan que el gobierno anuncie nuevas medidas que incluyan al resto de presos y perseguidos políticos que hay en el país. El coordinador general de esta ONG, Rafael Uzcátegui indicó que desde marzo a la fecha en Venezuela los casos de hostigamiento al liderazgo social y político aumentó en el contexto de la pandemia. “Se han generado nuevos niveles de censura y autocensura en el país, además de persecución y estigmatización a los venezolanos que retornan del exterior que son catalogados por el oficialismo de bioterroristas. Hay que ver si esa política de hostigamiento se va a mantener o si por el contrario se va aliviar la situación”, expresó.
Bajar presión
Para Carlos Luna, experto en derecho y política internacional, el cambio de comportamiento del régimen es impulsado por la presión ejercida por la comunidad internacional, a través de las sanciones diplomáticas, económicas aplicadas contra Nicolás Maduro y sus funcionarios, así como las denuncias de violación de Derechos Humanos y delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero que en marzo de este año reveló el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
“Maduro busca lavarse la cara porque aplica una medida el mismo mes en que se va a desarrollar la Asamblea General de Naciones Unidas, además de la reunión del segundo período de sesiones del Consejo de DD.HH ONU, donde la alta comisionada Michelle Bachelet presentará el informe sobre Venezuela y puede aprobar la extensión de la Oficina de Verificación de Hechos en el país“, expresó. Ante esto sostiene que la dictadura busca disminuir la presión diplomática.
Este informe de verificación de hechos que contempla las acusaciones de víctimas de violación de DD.HH en Venezuela hechas ante la oficina de la Alta Comisionada de la ONU que está instalada en el país desde 2019, podría revelar la responsabilidad penal en la cadena de mando del gobierno, según resalta Rafael Uzcátegui, de Provea, “Eso representaría un insumo para que la Corte Penal Internacional inicie un posible juicio contra los responsables de crímenes de lesa humanidad en la nación“, informó.
Luna también considera que la medida pretende tender puentes entre EE.UU y la Unión Europea, sobre todo el caso Alex Saab, empresario colombiano detenido en Cabo Verde, acusado de manejar una gigantesca red de corrupción y de ser el principal testaferro de Maduro.