Los cuerpos de seguridad de los estados y municipios donde gobierna la oposición fueron intervenidos en 2017 por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, y a tres años de esa medida, no se observa ningún avance en el funcionamiento de las policías ni tampoco se han reducido los índices delictivos.
El abogado defensor de los derechos humanos, José Santoyo, aseveró que la medida de intervención nunca estuvo justificada y no cuenta con ningún asidero legal. “La intervención de la policía del estado Anzoátegui y del municipio Urbaneja fueron simplemente parte de las acciones del régimen chavista para quitarle control a la oposición y utilizar esos cuerpos de seguridad para reprimir las protestas contra Nicolás Maduro”.
La Policía del Municipio Diego Bautista Urbaneja (Lechería) está intervenido desde el 20 de julio de 2017 y la Policía de Anzoátegui está bajo control ministerial desde el 18 de octubre de 2017.
“Ni los gobernadores ni los alcaldes de oposición pueden hacer una buena gestión sin sus policías. Cuando los mandatarios regionales y locales emiten una orden, los funcionarios de estos organismos de seguridad no la cumplen y refieren que ellos obedecen solo al Órgano de Dirección de Defensa Integral en manos del oficialismo”.
Santoyo exige que estos organismos de seguridad sean entregados de inmediato a la jurisdicción que les corresponde. Recuerda que cuando aplicaron la medida, se dijo que evaluarían las estructuras organizativas de los cuerpos policiales, se mejorarían las condiciones laborales de los funcionarios y fortalecerían a los órganos de seguridad ciudadana, pero nada de eso se materializó. /Nota de Prensa