Carlos pasó ocho días de frío en una plaza de Bogotá. Desempleado por la pandemia de covid-19 le tocó volver a Venezuela. Una vez en su país, dice que aguantó un mes de “hambre” en un albergue estatal donde lo internaron para cumplir cuarentena.
Le dijeron que debía pasar 14 días en uno de los refugios dispuestos por el gobierno socialista para la llegada de retornados, los llamados PASI (Puntos de Asistencia Social e Integral), en su caso en el occidental estado de Táchira, fronterizo con Colombia.
Sin embargo, aunque resultó estar libre del virus, la estadía de Carlos, nombre ficticio para reservar su identidad, se extendió mucho más por los retrasos en las pruebas de detección, hasta hace poco concentradas en un laboratorio en Caracas.
“Un mes de vida perdido (…), aguantando hambre, mucha hambre”, dice a la AFP este cocinero de 31 años. Tanto él como su esposa perdieron unos 10 kilos durante los 31 días que pasaron encerrados.
En las cenas, por lo general, servían lo mismo que en el almuerzo. “El menú al desayuno era una panqueca pura (sola). Y todo los almuerzos siempre fueron arroz y lentejas, algunas veces con yuca y otra veces tres pedacitos de garra de cochino”, detalla Carlos.
“Todos comían igual, el personal médico y los soldados”, recuerda Carlos, quien presentó molestias estomacales. “La principal opción para mejorarme era no comer lo que nos daban, eso fue lo que me enfermó”.
– “Prohibido tomarle fotos a la comida” –
A Carlos, que emigró en 2017, lo llevaron a un sucio gimnasio con colchonetas en el piso. Unas 50 personas se organizaban para asearlo. “Todos los días limpiábamos, ellos (el gobierno) nos daban cloro y jabón”, relata.
“Los colchones eran alambres forrados”, describe.
En el sitio, vigilado por militares, “no había mucho que hacer, sino estar encerrados en el salón todo el día; solo salíamos para bañarnos”. Muchos se entretenían con sus celulares, pero tenían “prohibido tomarle fotos al personal y a la comida”, cuenta Carlos.
Nicolás Maduro, y altos funcionarios del régimen defienden la gestión de los PASI, pero en varios de estos albergues han sido reportadas protestas por malas condiciones, lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a expresar “preocupación”.
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), una de las principales casas de estudios superiores de Venezuela, documenta casos de fallos en servicios básicos como agua, hacinamiento y alimentación insuficiente.
Otros han vivido mejores experiencias. Valeria, cuyo nombre real es reservado, regresó en un vuelo humanitario y afirma que los “trataron bien”.
“Nos dieron tres comidas diarias que trataban de variarlas, dejaban que familiares te mandaran cosas esenciales”, indica Valeria, que pasó tres días en un abandonado complejo turístico del costero estado La Guaira rehabilitado para cuarentenas.
Según el gobierno, en este país de 30 millones de habitantes se han registrado unos 53.289 contagios y 428 muertes por el covid-19 desde marzo, cifras cuestionadas por la oposición, que considera que esconden una situación mucho peor.
– “Bioterroristas” –
Carlos es uno de los más de cinco millones de venezolanos que según la ONU dejaron su país desde finales de 2015 por la crisis.
No le iba mal en Bogotá. Trabajaba en una pizzería, pero la covid-19 cambió las cosas: “Las ventas bajaron mucho y la pizzería no vendía lo suficiente para pagarnos a todos”.
Su caso no es aislado en días de pandemia. Unos, como Carlos, volvieron por cruces limítrofes legales; pero otros lo hicieron por trochas, pasos informales por las fronteras con Colombia y Brasil.
Más de 100.000 venezolanos, según cifras oficiales, han retornado.
Maduro y varios de sus funcionarios culpan a los “trocheros” por el incremento de casos, incluso llegó a denunciar “un plan” del presidente de Colombia, Iván Duque, para usar retornados para “contaminar” Venezuela.
“Un trochero o una trochera infectado es un bioterrorista en tu sector que puede acabar con tu vida y la de tu familia. ¡Denuncia, no tengas miedo!”, publicó en Twitter el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada.
Y un funcionario en el fronterizo estado de Zulia los llegó a tildar de “armas biológicas”.
La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) condenó los “discursos de odio y estigmatización” contra quienes retornan.
“Si alguien se ofendió por alguna expresión que se dijo, ofrecemos disculpas”, expresó Maduro ante la fuerte controversia generada.
Las autoridades han anunciado decenas de detenciones en operativos contra cruces fronterizos informales.
AFP