Tan pronto fueron excarcelados, los pocos presos políticos “indultados”, asumieron el compromiso de lograr la libertad de quienes continúan tras las rejas por motivaciones políticas, serían más de trescientos ciudadanos, hombres y mujeres, civiles, militares y policías; existiendo dudas sobre la veracidad de esa cifra, en Resistencia Sin Fronteras realizan esfuerzos para sincerarla.
La libertad de Garbi, el muchacho valenciano preso en la cárcel de Tocuyito desde hace más de un quinquenio, es punto de honor para recién “indultados”, uno de ellos, su ex compañero de celda, conocen de primera mano el deterioro de su salud física y emocional, situación provocada en el interés de quebrarle la voluntad para que admita hechos, de allí el ritornelo al estado original del proceso.
Se ha dicho, en la causa penal por la cual solamente está preso el joven Antonio José Garbi González no existe pronóstico de condena, se entiende y se respeta que la madre y un hermano del oficial de la Guardia Nacional asesinado, en un hecho endilgado a Garbi y otras tres personas, manifiesten su dolor, exijan justicia, nada más ellos, porque la esposa del occiso dejó de hacerlo hace mucho tiempo y el comité que presidía a tales fines se disolvió.
Según Antonio Vathiotis, uno de los acusados en este caso, al verdadero asesino, herido y asistido en una prestigiosa clínica el día de los hechos, plenamente identificado, nunca le preocupó persecución penal alguna, en ese sentido, no extraña que la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de Garbi y los otros tres imputados sea infundada, carente de los elementos probatorios conducentes a una sentencia condenatoria con apego a la ley.
Ante tales carencias, con el llanto de una madre y el lamento de un hermano se ha pretendido afianzar, pública y procesalmente, la noción de culpabilidad vertida con encono sobre el joven estudiante, siendo la única opción de materialización la admisión de hechos sutilmente sugerida en cada apertura del debate oral y público.
Si en cinco años el todopoderoso Poder Judicial ha sido incapaz de garantizarle un juicio justo a Garbi, en un tiempo razonable, por efecto de la pérdida progresiva de la eficacia de la Carta Magna y demás leyes de la república pese a continuar vigentes, seguir atribuyéndole responsabilidad penal, fomentando la emocionalidad, es la mejor prueba de la manipulación del proceso judicial en el cual está inmerso.
En este caso, como en el de todo preso político, se prescinde totalmente de la Constitución y las leyes, los llamados operadores de justicia proceden como si no existieran, configurando lo que se conoce como “desuetudo”, consistente en la pérdida de validez de las leyes -en sentido reducido- debido a su ineficacia, y esa ineficacia es el resultado de prácticas insanas en la administración de justicia, por lo demás, notorias y manifiestas.
Cuando un familiar o amigo de un preso político cifra sus esperanzas en actuaciones de la defensa, que con profesionalismo presenta una Acción de Amparo, Recurso de Interpretación, Avocamiento o cualquier otro, bien sea en Corte de Apelación o ante el Tribunal Supremo de Justicia, con pronunciamiento desfavorable por parte de dichas instancias, alegando la mayor de las veces, sin más, “Improcedente” o “manifiestamente infundado”, está en la senda de la ineficacia inducida de las leyes.
Los pocos presos políticos indultados conocen al dedillo estas circunstancias, saben de sus efectos devastadores intra muros, pues esa ineficacia manifiesta, en suma, del Estado de Derecho, trae consigo perjuicios irreparables y el caso Garbi lo ilustra con debilidades acusatorias, o lo que es lo mismo, irregularidades procesales, sin obviar las deplorables condiciones de encarcelamiento, en las que ha padecido extorsión, secuestro y amenazas de muerte, amén de las enfermedades que lo aquejan.