Este lunes y martes, en hechos sin precedente, el antiguo secretariado de las Farc reconoció públicamente hechos como el secuestro, el reclutamiento forzado de menores de edad y el abuso sexual en sus filas, así como la gravedad de estos crímenes que, en ocasiones anteriores, no habían llamado por su nombre o incluso negado.
Por: El Tiempo
En una dura carta, exmiembros del secretariado de las Farc pidieron perdón a las víctimas de secuestro y dijeron que este delito fue un grave error. Y en la mañana de este martes, en diferentes medios de comunicación, Rodrigo Londoño y Carlos Antonio Lozada, del partido Farc, hablaron no solo de secuestro sino de violencia sexual dentro de sus filas, y del ingreso forzado de menores a ellas.
Esto sucede una semana después de que ante la JEP, Londoño, conocido en la guerra como Timochenko, rindió versión en el caso de reclutamiento y, según lo que se conoció, negó que esta práctica hubiera ocurrido, lo cual generó gran indignación y críticas de diferentes sectores.
Camilo González Posso, director de Indepaz, consideró que puede haber varios motivos para este reconocimiento público de la ocurrencia de los delitos. En primer lugar, sobre el secuestro, González recordó que este es un caso de la JEP que ha avanzado bastante “y dejó de ser un tema de relaciones o responsabilidades individuales a ser algo de lo que los excomandantes deben hablar de forma colectiva”.
También expresó que hay una presión nacional muy fuerte para que haya resultados en justicia transicional, así como una necesidad de defender el proceso de paz y demostrar que el sistema transicional funciona y no es un escenario de impunidad.
Por su parte, para Kenneth Burbano, director del observatorio constitucional de la Universidad Libre, también es claro que están reconociendo estos hechos para mantener los beneficios jurídicos de la justicia transicional.
“Toda persona que se someta a la JEP debe cumplir con el régimen de condicionalidades y esto obliga a los comparecientes a aportar verdad plena, reparar a las víctimas y no repetir sus crímenes”, recordó.
Añadió que “con la negación de conductas delictivas que se sabe ocurrieron se incumple con el Acuerdo de Paz, y se genera rechazo en la sociedad y se revictimiza”.
Por su lado, Maria Camila Correa, profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, dijo: “Quisiera creer que no hay nada detrás distintos a cumplir lo pactado en La Habana”. Y agregó que esperaría que siga habiendo reconocimiento de estas prácticas, pero especialmente “en el marco de los trámites y audiencias de reconocimiento de la JEP”, que son el escenario judicial para hacerlo en el marco de la justicia transicional.
Fuentes de Farc, por otro lado, señalaron que no es que se esté cambiando la versión sino que existía una confusión en la definición jurídica de ciertas prácticas, pues, por ejemplo, algunos entendían que el reclutamiento forzado de menores era solo agarrar del brazo a alguien para obligarlo a estar en las filas guerrilleras, pese a que legalmente todo reclutamiento de niños es ilegal.
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