El informe de la misión de la Organización de Naciones Unidos (ONU) en Venezuela, recopiló que “en varios casos, el Estado no presentó suficiente información para individualizar la participación del acusado en el acto delictivo que se le imputaba”.
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Por ejemplo, en los casos de las detenciones del 8 de mayo de 2014 en el campamento de las Naciones Unidas, 96 personas fueron acusadas con los mismos delitos de instigación a la desobediencia de la ley, agavillamiento y posesión de sustancias inflamatorias, sin individualizar la responsabilidad por los presuntos actos delictivos de cada acusado.
En nueve casos investigados, las personas entrevistadas alegaron que las acusaciones se basaban en evidencias que fue plantadas o fabricadas por las fuerzas de seguridad, incluyendo la falsificación de informes policiales o la toma de fotografías de manifestantes posando junto a cócteles molotov, entre otros elementos.
Por ejemplo:
– Gloria Tobón, junto con las demás personas detenidas, mientras estaban esposados y encapuchados fueron fotografiados junto a cócteles molotov y otros insumos.
Estas imágenes fueron posteriormente difundidas en los medios de comunicación social.
– C1AA13 y C1AA14 también dijeron a la Misión que las fuerzas de seguridad les tomaron fotos junto a supuestos insumos explosivos que no les pertenecían.
También le dijeron a la Misión que mientras los funcionarios de la GNB estaban redactando el informe de su arresto, se burlaban de ellos sobre lo que podían inventar en el informe y luego golpearon al C1AA13 después de que él se quejara de ello.
– En los casos de Christian Holdack y Marco Coello, se presentó ropa con rastros de gasolina, entre otros, como prueba de su participación en los actos de violencia del 12 de febrero de 2014.
Ambos alegaron que la gasolina fue puesta en sus ropas después de su arresto.
REPETICIONES
C2EE09 creció en Caracas en circunstancias socioeconómicas similares. Comenzó a participar en manifestaciones en 2014 y fue detenida cuando las fuerzas de seguridad desalojaron los campamentos de protesta el 8 de mayo de 2014.
Fue detenida de nuevo el 23 de junio de 2017, cuando agentes de las FAES irrumpieron en un apartamento que compartía con amigos, exigiendo saber dónde estaban las armas ocultas. No presentaron órdenes de arresto ni de registro.
Según C2EE09, agentes de las FAES plantaron pruebas en el apartamento después de la detención. Les sacaron fotografías a ella y a sus amigos con armas que no les pertenecían, incluyendo una especie de granada.
C2EE09 dijo a la Misión que agentes de las FAES habían sacado un cuchillo de cocina del apartamento, que más tarde apareció en fotografías en la página web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, como artículos incautados a personas que cometían actos de terrorismo.
INFILTRADOS
En el caso de los campamento de protesta frente a la sede de la ONU en Caracas, un funcionario infiltrado que trabajaba para la Inteligencia Naval y que fue entrevistado posteriormente por el Ministerio Público admitió que los funcionarios de la GNB habían plantado armas, explosivos y drogas en el campamento la noche de los arrestos.
La Misión entrevistó a un testigo que trabajó durante más de 10 años en los servicios de inteligencia de Venezuela, quien confirmó la práctica de plantar información en las protestas, afirmando que hubieron intervenciones dirigidas contra los estudiantes, pero como éstas no se sustentaban, la GNB tuvo que plantar evidencias.
El testigo dijo que fueron plantaron cócteles molotov en las marchas, “para demostrar que no eran protestas, sino vandalismo”.
Un ex empleado del SEBIN confirmó la práctica de plantar evidencias contra los líderes, indicando a la Misión que en los casos de protestas, los infiltrados identificaban a los líderes y los seguían, obtenían números de teléfono y buscaban a las personas, colocaban granadas, escopetas, pistolas y “falsos positivos”.
TRIBUNALES
Un ex juez entrevistado por la Misión dijo que “La presión fue tremenda durante esos días [2014] y también lo fue el temor a las represalias”.
Dijo que el ejecutivo ordenó a los jueces que dictaran órdenes de detención y registro contra determinadas personas.
El juez dijo que “la angustia para mí era tremenda, cada 10 días, cuando estaba de servicio y no sabía si me iban a enviar un caso político”.
El ex juez dijo que el presidente del circuito judicial lo visitó más de una vez y le preguntó por qué había liberado a los manifestantes “cuando la orden era dejarlos detenidos”.
A la luz de lo que antecede, la Misión tiene motivos razonables para creer que durante las protestas en los períodos examinados por la Misión (febrero a abril de 2014, abril a julio de 2017 y enero a febrero de 2019), se produjeron repetidas detenciones arbitrarias de manifestantes en violación de su derecho a la libertad y la seguridad.