La misión para la determinación de los hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un informe que concluye que el régimen de Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad.
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Luego de investigar más de 200 casos de violación de derechos humanos por parte de funcionarios policiales y militares, la misión de la ONU en Venezuela desglosó una serie de recomendaciones a la comunidad internacional que incomodan al régimen.
Entre las recomendaciones que más destacas se encuentran que la ONU solicita que:
– La Fiscalía de la Corte Penal Internacional tenga en cuenta la necesidad de que se haga justicia oportunamente a las víctimas de los crímenes investigados por la Misión y a los que están bajo su consideración.
– Los Estados deberían considerar la posibilidad de iniciar acciones legales contra los individuos responsables de las violaciones y los crímenes identificados en el presente informe, de conformidad con su legislación interna pertinente.
– Asegurar que la futura cooperación en materia de seguridad y las transferencias de equipo policial y militar estén supeditadas a que Venezuela se comprometa a garantizar que sus fuerzas de seguridad cumplan sus obligaciones internacionales en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.
Mientras que al régimen venezolano le solicita:
– Derogar la “Ley contra el odio” de la Asamblea Nacional Constituyente y cesar el enjuiciamiento penal en virtud de esta ley, incluso contra los disidentes políticos y los periodistas
– Cesar la retórica pública, incluso de las autoridades de alto nivel, que incita a la violencia contra quienes expresan oposición a las políticas o acciones del Gobierno, incluidos los manifestantes.
– Asegurar que no se levante la inmunidad parlamentaria a menos que sea de acuerdo con los procedimientos establecidos en el artículo 200 de la Constitución. Reestablecer la inmunidad parlamentaria de los diputados que no haya sido retirada de acuerdo con este proceso.
– Ejecutar inmediatamente las órdenes judiciales de liberación pendientes relacionadas con personas a las que se han concedido medidas sustitutivas no privativas de la libertad o que han cumplido plenamente sus sentencias, pero que siguen detenidas, incluidas las identificadas en el presente informe.
– Acabar inmediatamente con el uso de lugares de detención temporales o clandestinos. Investigar y procesar a los sospechosos de participar en su creación y uso. Asegurar la reparación de las víctimas detenidas en esos lugares.
– Suspender a los miembros del SEBIN, de la DGCIM o de cualquier otra institución del Estado mientras se les investiga por tortura.
– Desmantelar las FAES dado el alto número de ejecuciones extrajudiciales realizadas por esta fuerza policial desde su creación.
– Cesar la colaboración con los colectivos y cualesquiera otros grupos armados que operen fuera de las estructuras de seguridad del Estado, que participen en actividades ilegales y no estén sujetos tanto a control como a responsabilidad, así como desarmarlos y disolverlos.
– Cooperar con los órganos de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Cumplir con las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana y las medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana. Aplicar las sentencias de la Corte Interamericana relacionadas con Venezuela.