Las condiciones de los privados de libertad en Venezuela son cada vez más precarias, sea que se encuentren en centros penitenciarios o calabozos policiales. En este caso, familiares de privadas de libertad en el estado Yaracuy denunciaron tratos crueles e inhumanos dentro de las celdas de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicada en la avenida Patria de San Felipe.
El equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) conversó con los familiares de algunas reclusas, quienes informaron que tres de ellas sobreviven en una celda entre heces, gusanos y desperdicios que no son recogidos por semanas. Además, aseguraron que no tienen acceso a la luz del día desde hace ya varias semanas, así como tampoco les llega suministro de agua potable para asearse, limpiar las instalaciones o lavar sus pertenencias.
“Llevan al menos 15 días sin bañarse, una funcionaria me llamó para que le llevara toallas sanitarias a mi hija, pero aún teniendo la menstruación no la dejaron asearse”, sentenció la afligida madre de una de las reclusas.
Asimismo relataron que están haciendo sus necesidades fisiológicas en bolsas, las cuales quedan dispuestas dentro de la celda por días hasta el punto de nacer gusanos que incluso invaden la única colchoneta que tienen para dormir.
“No les dan ni comida, están castigadas por todos lados”
Las condiciones de vida de las privadas de libertad son cada vez más reducidas, a tal punto que son castigadas con frecuencia y las privan de su derecho a la alimentación.
En la PNB de la avenida Patria de San Felipe no hay un espacio adecuado para que los privados de libertad puedan cocinar. La comida era suministrada por la dirección del recinto, pero los familiares denunciaron que desde hace ya varias semanas no les llevan ningún tipo de alimentos porque están castigadas.
En ese sentido, las desesperadas madres relataron que les han llevado comida, pero esta no ha sido distribuida y desconocen el paradero de la misma.
Retrasos procesales e incertidumbre
Otra gran problemática en este centro de reclusión es el retardo procesal del que han sido víctimas las privadas de libertad. A tres de ellas les fue asignado un abogado público, quien no ha establecido comunicación constante con los familiares o las reclusas, dejando sus casos en un camino incierto mientras sus condiciones de vida se ven cada vez más comprometidas.
Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), se solidarizó con los familiares de las personas recluidas en estos calabozos del estado Yaracuy, pues conoce las penurias que atraviesan día a día. “Por eso siempre insisto en que el colapso del sistema penitenciario en Venezuela no solamente azota y actúa en detrimento de los derechos humanos de quienes cometieron un delito, sino también de sus familiares que sufren como si también estuvieran tras las rejas”, puntualizó la abogada y defensora de derechos humanos.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones